Juicios en 2030 y esperas de hasta 6 horas: la Abogacía se rebela contra el caos judicial

Esperar horas frente a la puerta de una sala de vistas para un juicio que debía haber comenzado a primera hora de la mañana, recibir la notificación de una suspensión en el último minuto, ya con la toga puesta; negarse a suspender un señalamiento pese a estar el letrado de baja médica, o un trato desconsiderado por parte del personal judicial son algunas de las situaciones que viven a diario miles de abogados . A partir de ahora podrán denunciarlas en una nueva aplicación que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha para recoger las incidencias de los letrados en su relación con la Administración de Justicia. Desde el pasado jueves, las salas de la Abogacía de los juzgados madrileños cuentan con tabletas electrónicas en las que colegiados pueden reportar 'in situ' cualquier anomalía de forma que la queja de pasillo se pueda traducir en la exigencia de responsabilidades con la intervención del colegio. Y es que el Departamento de Defensa de la Abogacía ya va por 1.672 expedientes abiertos en 2026, casi la misma cifra que el total de los 1.723 registrados durante todo el año pasado. Las suspensiones continúan siendo la queja más frecuente: 345, un incremento del 12% respecto a 2025. Por su parte, las incidencias derivadas de la implantación de los tribunales de instancia han pasado de ser puramente anecdóticas (5 casos en todo 2025) a convertirse en un problema grave, con 125 registros en 2026. De igual forma, las quejas por el funcionamiento del sistema LexNET se han disparado un 252,4% (pasando de 21 a 74 incidencias), fundamentalmente por errores de conexión y fallos de notificación. «No podemos aceptar como normal que un abogado espere horas para celebrar un juicio, que se le deniegue una suspensión a la que tiene derecho o que reciba un trato desconsiderado por ejercer su profesión», advierte Eugenio Ribón, decano del ICAM. «Cada una de estas situaciones afecta a la dignidad de la abogacía y puede comprometer el derecho de defensa de los ciudadanos».Otro aspecto preocupante para el ICAM es el deterioro del clima en los juzgados, donde las tensiones van en aumento. Las denuncias de letrados amenazados han crecido un 32,2% (78 casos frente a 59), y las quejas por trato desconsiderado han subido un 20%, rozando el centenar de expedientes (96 en 2026). Estas cifras concuerdan con el II Barómetro sobre el Funcionamiento de la Justicia del ICAM, donde uno de cada tres letrados afirma haber sido tratado con desconsideración por jueces o magistrados; y uno de cada dos, por personal de las oficinas judiciales.Uno de cada tres letrados afirma haber sido tratado con desconsideración por jueces o magistrados; y uno de cada dos, por personal de las oficinas judicialesAl observar la comparativa interanual, hay dos cifras que podrían invitar a un falso optimismo: las quejas por dilaciones han bajado un 23,8% (de 189 a 144) y los retrasos en señalamientos han caído un 13,6% (de 81 a 70). ¿Significa esto que la justicia es ahora más ágil? Desde Defensa de la Abogacía son tajantes: en absoluto.La caída en los registros no refleja una mejora en los tiempos de la Administración, sino que los abogados han tirado la toalla y han dejado de lamentarse normalizando estas demoras, asumiéndolas como un peaje inevitable de su ejercicio profesional. Los informes del ICAM de 2025 ya revelaban que el 70% de los retrasos sufridos en los juzgados superó los 90 minutos de espera en los pasillos, alcanzando en algunos casos extremos hasta seis horas de demora para poder entrar a una sala. Cuatro, en concreto, sufrió Estrella Ardura, letrada que acudió a la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Leganés para un juicio rápido. Las partes estaban citadas a las 10:00 horas para firmar un acuerdo de conformidad, un trámite teóricamente ágil. El acto terminó celebrándose a las 14:00 horas.Buena parte de las quejas lo son también por dilaciones indebidas. En la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid, el letrado Santiago Luengo recibió en julio de este año el señalamiento para un procedimiento de Seguridad Social. La fecha fijada para el juicio: el 1 de febrero de 2030. Es decir, un ciudadano tendrá que esperar 3 años y 7 meses para que un juez escuche por primera vez su reclamación, un plazo que choca frontalmente con cualquier estándar europeo de justicia temporal.Pero quizás el caso que mejor ilustra la falta de empatía en la Administración de Justicia es el de la abogada Carmen Velasco en la Sección de Familia de Móstoles. De baja médica acreditada hasta el 6 de julio, solicitó la suspensión de una vista fijada para el día 7. La plaza denegó la petición argumentando que, técnicamente, el día del juicio ya estaría de alta. La letrada tuvo que recurrir, aportando informes que demostraban que su incapacidad le impedía preparar el juicio en los días previos o acudir en condiciones el día 7, ya fuera prorrogada o no la baja. La vista se suspendió 'in extremis'.Interlocución institucionalPero la nueva herramienta 'Radiografía Judicial' no aspira a ser solo un buzón de quejas, sino también un circuito de atención e interlocución institucional. Cuando un abogado envía un reporte desde su teléfono o desde las tabletas electrónicas de las Salas, el sistema asigna una referencia, el ICAM acusa recibo y, si la gravedad lo requiere, se inicia una gestión directa e inmediata ante el órgano judicial para mediar y buscar una solución (como en el caso de la letrada enferma). Finalmente, los datos agregados se incorporan a los informes trimestrales que el Colegio remite al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), organismos a los que ya se elevaron 187 de las incidencias más graves en 2025. «Queremos acabar con esa sensación de que no merece la pena comunicar una incidencia porque nada va a cambiar. Sí merece la pena. Necesitamos saber qué ocurre, dónde ocurre y con qué frecuencia para detectar situaciones reiteradas, documentarlas y exigir soluciones . Lo que no se reporta, no se puede combatir», resume el diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM, Javier Mata, quien explica a la perfección el espíritu de la campaña que acompaña a este lanzamiento.Bajo el lema 'Por la dignidad de la profesión. Por el derecho de defensa. No lo calles. Repórtalo', la Abogacía madrileña tiene ahora en su mano la herramienta para dejar de ser la víctima silenciosa de un sistema colapsado. La pelota está ahora en el tejado de los tribunales.