Lo que cuesta dimitir en España: cuatro catástrofes históricas en dos años… y solo una renuncia

En España, las grandes crisis no siempre se traducen en dimisiones. Las tragedias y fallos del sistema que han sacudido España en los últimos dos años han reabierto una pregunta recurrente: ¿por qué los responsables políticos se resisten a abandonar su puesto? El accidente ferroviario de Urda, con al menos 69 fallecidos, ha vuelto a situar en el centro del debate la asunción de responsabilidades, un caso que se suma a otros episodios como el siniestro de Adamuz, el apagón eléctrico de abril de 2025 o la DANA de Valencia de 2024.

Pero ¿qué explica esta resistencia a abandonar los puestos de responsabilidad? "Lo que dificulta las dimisiones es la polarización. Es decir, en una sociedad cada vez más polarizada, la tendencia del político es pensar que los suyos le entienden y que dimitir es darle una baza a un adversario que ya casi se le ve como enemigo", afirma a 20minutos el politólogo Manuel Mostaza, quien añade que la cultura política en España también juega un papel importante.

En este sentido, considera que en los países del sur de Europa hay una forma distinta de entender la renuncia a un cargo. "Hay una diferente cultura de la dimisión en los países católicos del sur de Europa en comparación con los países del norte o los países de otras culturas, como puede ser la griega", sostiene, y añade que la forma de entender la política es diferente en España, Italia o Portugal de lo que puede ser en Alemania o en Inglaterra.

Dos tragedias ferroviarias en nueve meses

El último ejemplo es el del ministro de Transportes, Óscar Puente, que este viernes ha descartado abandonar el Gobierno pese a las dos tragedias ferroviarias que han ocurrido en apenas nueve meses, con un balance conjunto de más de un centenar de fallecidos. "Mi forma de asumir responsabilidades es dar la cara", ha defendido en una rueda de prensa, en la que ha asegurado que puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero este rechazó que dimitiera porque le parecía "injusto".

El accidente de Adamuz desató críticas sobre el mantenimiento y la seguridad de la red ferroviaria. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, rechazó dimitir y defendió su actuación al frente del organismo, mientras que el ministro de Transportes aseguró que abandonaría su puesto si se acreditaba que su responsabilidad había contribuido a causar o agravar el daño. Ninguno dimitió, pese a las reclamaciones de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz.

Nueve meses después, el accidente de Urda ha vuelto a poner en duda la gestión de Puente. El PP ha exigido su dimisión o cese antes de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso del martes y la candidata de Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, ha pedido también la dimisión de Puente "lo antes posible". Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su respaldo al titular de Transportes, aunque ha reconocido que sufrir dos accidentes de alta velocidad en un mismo año "no es asumible".

Para Mostaza, sin embargo, la sucesión de ambos accidentes justifica exigir rendición de cuentas a Puente: "Es una cosa evidente que hay una responsabilidad política", sostiene, aunque matiza que esta podría ir más allá de la actuación del ministro si se acreditaran problemas de mantenimiento u otras deficiencias en el sistema ferroviario.

En este sentido, distingue entre la posible responsabilidad directa por las causas de los accidentes, que deben determinar las investigaciones, y la institucional de quienes dirigen el servicio público. "En este caso, creo que la responsabilidad política es de libro y, de hecho, si no dimite va a ser un lastre enorme para la campaña del Partido Socialista, sin ninguna duda", asegura.

El gran apagón

Otro precedente de las escasas dimisiones que se han producido en el país es el apagón del 28 de abril de 2025, que dejó sin electricidad a buena parte de España y Portugal y paralizó durante horas transportes, empresas, comunicaciones y servicios básicos. La crisis puso bajo presión a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, si bien ninguna abandonó su puesto.

A Corredor se le exigió la dimisión por las posibles deficiencias en la planificación y el control de tensión del sistema eléctrico. El PP la acusó de haber ignorado señales de inestabilidad y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas exigió su dimisión durante una junta de accionistas de Redeia, aunque su cese fue rechazado por una amplia mayoría. A ello se suma la apertura de un expediente sancionador por parte de la CNMC contra Red Eléctrica por una presunta infracción muy grave relacionada con la operación del sistema eléctrico.

La presidenta de Red Eléctrica descartó dimitir apenas dos días después del apagón al defender que la compañía había actuado correctamente. Aagesen tampoco escapó a las exigencias de responsabilidades por el apagón y el Senado llegó a reprobarla en mayo de 2026, aprobando una moción que reclamaba su cese inmediato con los votos a favor de PP, Vox y UPN.

La DANA: una dimisión que tardó más de un año

El caso más significativo entre las grandes crisis fue la dimisión del expresident Carlos Mazón tras la DANA de 2024. Su salida de la Presidencia de la Generalitat Valenciana no llegó hasta el 3 de noviembre de 2025, más de un año después de las inundaciones que causaron 234 muertes en Valencia. Antes de su salida, Mazón había destituido, en noviembre de 2024, a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, responsable autonómica de Emergencias durante la catástrofe.

Durante los 12 meses que pasaron entre las inundaciones y su dimisión, Mazón resistió las peticiones de dimisión de la oposición, las protestas ciudadanas y de las asociaciones de víctimas, quienes cuestionaban su actuación durante las horas más críticas de la emergencia. Finalmente, Mazón anunció su renuncia a la Presidencia tras reconocer errores en la gestión de la crisis, aunque mantuvo su escaño en Les Corts Valencianes.

El politólogo consultado considera que en este caso existió una responsabilidad política clara. "No se puede estar inundando tu región y tú estar desaparecido", advierte, en referencia a la ausencia de Mazón del centro de coordinación durante parte de las horas críticas de la emergencia.

Mostaza mantiene que la actuación del entonces presidente autonómico debe analizarse en dos planos diferentes. En su opinión, aunque Mazón hubiera estado presente en el centro de mando, ello no significa necesariamente que el resultado de las inundaciones hubiera sido diferente. No obstante, considera que su ausencia durante la emergencia constituye un motivo para exigirle responsabilidades políticas.

¿Dimitir supone reconocer una culpa?

Una de las cuestiones que plantea la resistencia de los políticos a abandonar sus cargos es si una dimisión supone reconocer una responsabilidad directa por lo ocurrido. Sin embargo, para Mostaza, es fundamental distinguir entre las responsabilidades políticas y las penales. "La línea que diferencia, digamos, entre una responsabilidad política y penal es clara", sostiene.

En este sentido, el politólogo considera que no es necesario que exista un delito para que un responsable público deba asumir consecuencias por su gestión. "Las malas decisiones políticas no tienen por qué tener una responsabilidad penal", subraya.

El experto pone como ejemplo los casos de Mazón y Puente, en los que considera que existe una responsabilidad política evidente, independientemente de que las investigaciones judiciales puedan determinar o no la existencia de delitos. "En ocasiones muy difícil probar una responsabilidad penal y, además, las malas decisiones políticas no tienen por qué tenerla", señala, aunque insiste en que ello no exime a los dirigentes de rendir cuentas por su actuación.