Los afectados de Magrudis rememoran el «daño» del brote y piden un acuerdo

La Audiencia de Sevilla ha fijado el próximo 23 de noviembre como nueva fecha para el comienzo del macro juicio por el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria. El nuevo aplazamiento implica un mayor margen para la negociación que piden los afectados al Ayuntamiento hispalense , responsable civil subsidiario en el caso y por ende susceptible de afrontar el pago de las indemnizaciones, al objeto de resolver el caso mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, que evite la celebración del juicio y en consecuencia un proceso que se podría prolongar no pocos años más por mor de los recursos a la sentencia inicial.Así lo piden el grueso de los perjudicados, cuyos testimonios reflejan el grave impacto humano y económico de este brote saldado con más de 240 lesionados, cuatro víctimas mortales y siete mujeres cuyos embarazos acabaron en aborto, por consumir los productos de Magrudis contaminados de listeria. Más de siete años después, los afectados piden justicia y cerrar de una vez los traumas sufridos a cuenta del caso.De ese modo lo cuenta, por ejemplo, Victoria Fuentes, cuya madre, María Dolores, falleció en 2020 después de ser víctima del brote , por el cual están acusados penalmente los miembros de la familia gestora de Magrudis, un arquitecto que trabajó para la empresa y una veterinaria del Ayuntamiento hispalense, por cuyo papel figura el Consistorio como responsable civil subsidiario junto con sus dos compañías aseguradoras y la aseguradora de la funesta empresa cárnica. Victoria rememora en una conversación con este periódico que en el verano de 2019 su madre, de 59 años, era ya paciente oncológica y recibía tratamiento de quimioterapia. Comenzó a presentar «fiebre persistente» y cuando acudió con ella a las urgencias hospitalarias ya «saltaron las alarmas» porque le preguntaron si había consumido productos cárnicos de la marca La Mechá, perteneciente a Magrudis. Ella no lo recordaba. F ue el 15 de agosto de 2019 cuando la Consejería de Salud decretó la alerta sanitaria con relación a los productos de la compañía, tras contabilizar unos 40 casos de listeriosis.La madre de Victoria Fuentes había consumido carne mechada de Magrudis y su salud empeoró rápidamenteEn espera de los cultivos para esclarecer si estaba infectada de listeriosis, María Dolores regresó al hogar, pero su fiebre empeoró y a la misma se añadieron fuertes cefaleas, según rememora su hija Victoria. Fue entonces, al volver al hospital, cuando María Dolores fue diagnosticada ya de infección por listeria, quedando en el área de Observación. Victoria recuerda además cómo al acudir a la vivienda de su madre encontró en el frigorífico un envase de carne mechada de La Mechá . Todo encajaba.En el hospital, la situación de su madre empeoró tras sufrir una meningitis bacteriana por listeria. Lograron estabilizarla en el área de Oncología pero tras unos «20 días» ingresada le dieron el alta hospitalaria con un tratamiento domiciliario de «un mes de antibióticos» para la infección. No obstante, en casa su salud «se fue deteriorando» más, con fiebres y cefaleas. Su debilidad fue avanzando hasta el punto de que «tuvo que dejar la quimioterapia» porque ya no la soportaba a cuenta de su situación por la listeriosis. Finalmente, ya en 2020, María Dolores «falleció por la progresión de la enfermedad oncológica, por haber tenido que parar la quimioterapia». Su hija Victoria recuerda con «rabia» toda aquella «horrible situación»: «La quimioterapia era una esperanza para que viviese unos años más», lamenta. Por eso, reclama «justicia» y una pronta solución al asunto. «Hay que cerrarlo cuanto antes», dice destacando el dolor acumulado. Otra de las historias más duras del caso la protagoniza un matrimonio. En el momento de los hechos, la mujer de esta pareja estaba embarazada y como relata su marido, aunque ella «no solía comer carne mechada» aquellos días tuvo la desgracia de probar «medio montadito» de este producto, que en este caso era de la marca La Mechá.Unos gemelos sufren graves perjuicios al haber consumido su madre «medio montadito» de carne mechada contaminadaEste sevillano explica que como consecuencia de ello, su esposa contrajo la infección y, en el marco de las consecuencias sanitarias por la listeriosis, «poco más de una semana después tuvo un parto prematuro» en el hospital Virgen del Rocío. Allí nacieron sus dos hijos, los gemelos Pablo y Javier. «Salieron bastante mal», indica sobre los problemas neurológicos y orgánicos presentados por sus hijos. Pablo tiene una discapacidad del 75 por ciento, necesita una silla de ruedas y no puede hablar. La discapacidad de su hermano Javier es del 40 por ciento. La afección que sufren los menores, que ahora tienen siete años de edad, es tal que s u madre se vio obligada a dejar su carrera de delineante para dedicar «las 24 horas del día» a sus hijos , especialmente a Pablo. El padre, como narra él mismo, renunció al puesto de empleo que tenía para obtener otro trabajo al objeto de «poder conciliar, aunque fuese perdiendo dinero». La indemnización que reclaman es millonaria, porque además de estas graves consecuencias, como remarca el padre de los menores, él y su mujer tienen que estar «todo el día» al cuidado de ambos, una situación que se va a prolongar en el tiempo. Precisamente por eso, este padre pide que el asunto sea resuelto «mediante algún tipo de acuerdo, más temprano que tarde» . El escenario de la celebración del juicio en toda regla, con 43 sesiones y una sentencia que será recurrible, genera, según remarca, «mucha incertidumbre» para los afectados. «Tiene que haber un acuerdo», insiste.Los responsables de Magrudis en la Audiencia de Sevilla Manuel OlmedoTambién lo ve así Fernando Jurado. Él se infectó de listeria en San Juan de Aznalfarache, donde estaba con un amigo y compró un bocadillo de carne mechada que resultó ser de La Mechá. «Me atiborré. Me gustaba mucho la carne mechada. Ahora ya no la consumo », reconoce. Y es que a las pocas horas de aquel bocadillo fatal comenzó a sentir «fiebre, diarrea y mareo».Fernando Jurado ABCMuy poco después, el 15 de agosto de aquel año, «saltó la alerta sanitaria» por los productos de Magrudis, según rememora. «Yo di positivo», dice con relación a su diagnóstico de infección de listeriosis, una enfermedad que le ha «hecho mucho daño» porque siete años después aún sufre las secuelas. «Tengo dolores de cabeza y zumbidos en los oídos para toda la vida . No llego a los 50 y noto siempre los músculos agarrotados. Me han tenido que operar de los tendones», explica. «A mí me ha tocado, pero también a muchas otras personas, incluidos mayores y fallecidos», señala sobre la dimensión de la tragedia.A su entender, «la mayor parte de la culpa es del Ayuntamiento», por los fallos en las inspecciones a las instalaciones de Magrudis. « Reaccionaron tarde» , se queja. Completar las indemnizaciones En ese sentido, la póliza de seguros de la empresa Magrudis tiene un límite de 300.000 euros y las dos compañías de seguro del Ayuntamiento de Sevilla también tienen topes en su cobertura. Una de ellas consignó 1,2 millones de euros de cara a las posibles responsabilidades civiles. Es decir que la cobertura de las aseguradoras no alcanza el total del dinero reclamado en materia de indemnizaciones, que supera los diez millones de euros.Es por eso que los abogados de los afectados vienen reclamando al Ayuntamiento, que figura como responsable civil subsidiario en la causa por la veterinaria municipal acusada en el caso junto a los responsables de Magrudis, que «complete las indemnizaciones» aportando dinero de sus propios fondos para cubrir el dinero reclamado por los perjudicados por el brote de listeria. Se trataría de unos cinco millones de euros. Los abogados de los afectados Manuel Gómez Y mientras el Ayuntamiento alega que no puede acceder a «a un pacto extrajudicial reconociendo culpabilidades» que no le corresponden, señalando que un acuerdo habría de girar en torno a una condena a su funcionaria acusada en la causa, los abogados de los afectados aseguran por su parte que no es necesario llegar a ese escenario. «Un acuerdo no exige una condena penal de nadie» , enfatizan Manuel Parrilla y Germán Grima. Bajo la premisa de que «el control sanitario de Magrudis era competencia del Ayuntamiento» y de que la propia Audiencia ha constatado que el servicio municipal de Inspección «falló», los abogados esgrimen el concepto de «responsabilidad objetiva y directa» de la Administración . Y es que el mismo «no exige identificar a un culpable, ni un juicio, ni una condena penal, sino que «basta con un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado».