Corrupción a conveniencia: revelaciones que contradicen el discurso del régimen

CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)

¿Desde cuándo lo sabían? ¿Por qué no lo habían informado? Contratos multimillonarios, vídeos escandalosos y análisis profundos han permitido que muchos mexicanos nos enteremos con detalle del entramado de corrupción e impunidad que afecta al INE y pone en serio riesgo su credibilidad. Han salido a la luz graves irregularidades que permanecían ocultas.

Gracias a la investigación periodística, a lo largo de la semana que termina hemos conocido cómo proveedores del instituto electoral habrían simulado competencia para obtener jugosos contratos de impresión de materiales necesarios para las elecciones. Se han evidenciado conflictos de interés, triangulación de recursos y posibles acuerdos entre empresas vinculadas.

A pesar de la resistencia del régimen, se ha comprobado la participación de reconocidos seguidores del obradorismo en una simulación de licitaciones que comprometen millonarios recursos públicos. Se han revelado adjudicaciones directas por más de  mil millones de pesos a empresas propiedad de un proveedor muy cercano a la presidenta del INE, familiares y colaboradores (bit.ly/4iiwrbw).

En medio del escándalo mediático, la Auditoría Superior de la Federación informa que dos grupos de proveedores y organismos afines acumulan de 2014 a 2026 turbias operaciones por 8,870 millones de pesos. Las supuestas irregularidades incluyen subcontrataciones entre empresas relacionadas, plantillas laborales inexistentes y posibles barreras a la competencia.

La sonorense Guadalupe Taddei, quien llegó a la presidencia del INE mediante polémico proceso de selección orquestado por el morenismo, se resiste en un principio a renunciar. Como es común en el obradorato, exige pruebas de lo que revela la prensa independiente, y se las presentan en abundancia. No le queda más remedio que renunciar. El escándalo sacude al régimen (bit.ly/4jShrCq).

A diferencia de otros casos de corrupción e impunidad que el periodismo libre ha exhibido desde 2018, se acepta la renuncia y la propia presidenta Sheinbaum pide una investigación profunda para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. En un principio defiende a la señora Taddei y condena los “ataques misóginos” en su contra, pero finalmente la tacha de traidora. 

Con todo el poder de su maquinaria propagandística, desde Palacio Nacional se emprende un intento de deslindar a Guadalupe Taddei de cualquier vínculo con Morena. Con cinismo inaudito, se pretende culpar de su nombramiento a Lorenzo Córdova y otros exdirigentes del INE, pero las evidencias los atropellan, gracias a la memoria periodística y las “benditas redes sociales” (bit.ly/4eZJ09h).

Al parecer agobiada por el escándalo, que ya afecta su popularidad, Claudia Sheinbaum insiste en negar que AMLO hubiera avalado el nombramiento de Guadalupe Taddei, pero poco puede hacer ante las evidencias. Con vídeos se le recuerda que el expresidente calificó a la ahora repudiada funcionaria de “una mujer íntegra y honesta, de familia progresista y demócrata”.

OÍDOS SORDOS

El régimen insiste en distraer con el caso del INE y hace oídos sordos ante otros escándalos que le estallan. Gracias también a la investigación periodística, trasciende que la presidenta de Morena habría llegado a acuerdos con un hermano de “El Chapo” Guzmán a cambio de apoyos electorales al morenismo en Chihuahua. La respuesta oficial es la descalificación. Exigen pruebas (bit.ly/4iipyXJ).

Contrario al caso Taddei, el gobierno reitera su negativa a investigar acusaciones contra “Andy” López y su amigo Amílcar Olán, oscuro proveedor del Tren Maya. Ante los nuevos señalamientos que presenta el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna por el mega fraude del huachicol fiscal, el obradorismo responde que no hay sustento legal para abrir una investigación (bit.ly/48roWce).

¿Qué marca la diferencia? ¿Por qué se procede inmediatamente en el caso del INE? ¿Por qué ahora sí se reacciona ante un sistema de corrupción e impunidad enquistado en el morenismo? ¿Qué se está dejando en evidencia? A pocos meses de las elecciones de 2027, el escándalo detrás de Guadalupe Taddei y secuaces desenmascara como pocos la farsa del obradorato.

Crítico severo de las redes de corrupción del pasado, López Obrador prometió combatir las adjudicaciones directas y privilegiar las licitaciones públicas. Sin embargo, auditorías e investigaciones de compras en gobiernos obradoristas demuestran que la falta de transparencia y la simulación en las contrataciones públicas han sido la constante, y el caso Taddei lo confirmaría.

SIMULACIONES

El entramado de simulaciones en el escándalo del INE exhibe con detalle el mecanismo de financiamiento y desvío de recursos públicos que persiste en México, a pesar de las promesas del morenismo. Bastaría con averiguar, por ejemplo, cómo y a quién se asignan en gobiernos “transformadores”, como el de Yucatán, la millonaria impresión de recibos como los de la Japay.

La crisis en el instituto electoral, organismo clave para lograr la certeza que exige el desarrollo, pone en duda la congruencia del discurso anticorrupción que pregona el régimen morenista. La reflexión tendría que centrarse en un análisis profundo de la distancia, cada vez más evidente, entre los principios que proclama un supuesto movimiento de “transformación” y la realidad.

El caso Taddei, que muy probablemente no hubiera estallado sin las revelaciones del periodismo independiente, nos recuerda, una vez más, cuán importante es la vigilancia ciudadana para el fortalecimiento democrático. Sin exigir “pruebas”, el régimen ha tenido que aceptar que se hará una investigación profunda, y no por congruencia, sino porque las evidencias son demoledoras.

Quienes llegaron al poder prometiendo acabar con la corrupción, el tráfico de influencias y los privilegios enfrentan ahora serios cuestionamientos sobre esas mismas prácticas en una institución clave para la democracia. Por eso el cinismo de culpar de nuevo al pasado. Pero ya llevan muchos años en el poder. Su obligación es investigar y la nuestra es exigir.— Mérida, Yucatán

[email protected] / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)

(*) Director general de Grupo Megamedia

¿Cuál es el mensaje del escrito?

El mensaje central del texto es que la corrupción no puede investigarse ni combatirse a conveniencia del poder político. La congruencia de un gobierno se demuestra aplicando la ley con el mismo rigor a todos, independientemente de sus vínculos, influencias o cercanía con quienes gobiernan.

A partir de las presuntas irregularidades reveladas en el INE, el escrito cuestiona lo que considera una doble vara del régimen morenista: mientras en unos casos se anuncian investigaciones y se exigen responsabilidades, en otros, que involucran a personajes cercanos al poder, las denuncias son descalificadas o permanecen sin esclarecerse. Esta diferencia, según el planteamiento del autor, exhibe la distancia entre las promesas de regeneración moral del obradorismo y las prácticas que se le atribuyen.

El artículo también destaca que el periodismo independiente, la memoria pública y la vigilancia ciudadana son contrapesos indispensables para impedir que la corrupción y la impunidad se normalicen. Sin transparencia, investigaciones imparciales y rendición de cuentas, las promesas de transformación pierden credibilidad y se debilita la confianza en las instituciones democráticas.

En el fondo, el texto plantea que ningún gobierno puede proclamarse diferente de sus antecesores si reproduce las prácticas que prometió erradicar y pretende eludir sus propias responsabilidades culpando al pasado.

La última frase condensa el mensaje y lo convierte en una exigencia ciudadana:

«Su obligación es investigar y la nuestra es exigir».

Es, en esencia, un llamado a la congruencia, a la igualdad ante la ley y a la vigilancia permanente del poder, cualquiera que sea el partido que gobierne.