Columna 7 Por Héctor Alvarado Gamas (*) Lado oscuro inmobiliario

El crecimiento inmobiliario en el norte de Mérida y los nuevos fraccionamientos que transforman nuestro paisaje urbano reflejan, en su inmensa mayoría, la inversión legítima de familias y empresarios que apuestan decididamente por el futuro económico de Yucatán. Sin embargo, a la par de este innegable desarrollo, circula un capital silencioso que adquiere propiedades sin preocuparse por los rendimientos financieros a mediano o largo plazo. Este dinero no busca ganar liquidez ni generar valor para la comunidad; su único objetivo es esconderse en el anonimato de las nuevas estructuras de concreto.

Esto ha dejado de ser una sospecha aislada para convertirse en un tema de escrutinio internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya puso a México bajo la lupa, señalando al sector de bienes raíces como uno de los canales preferidos para blanquear recursos de procedencia ilícita. La mecánica resulta simple: el crimen necesita legalizar su dinero, y una casa, bodega industrial o local comercial funcionan como el vehículo perfecto. El costo económico de este fenómeno rara vez se discute: este tipo de comprador no compite en igualdad de circunstancias. Paga sobreprecios sin negociar, distorsiona la oferta y demanda y, en consecuencia, infla artificialmente el mercado, desplazando a la inversión genuina.

Frente a este complejo panorama, el cierre de año trae ajustes regulatorios de suma importancia. A partir del 30 de noviembre entran en vigor las nuevas reglas de la reforma antilavado, y para 2027 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciará un riguroso proceso de certificación para las “actividades vulnerables”.

En este catálogo, la construcción y el desarrollo inmobiliario aparecen en primera línea, al mismo nivel de riesgo que notarios y joyeros. A esto se suma el reciente convenio firmado entre la Secretaría de Hacienda y la Guardia Nacional, cuyo propósito es rastrear a los dueños reales de bienes y cuentas, eliminando la opacidad de los prestanombres.

El contexto electoral añade presión extra. Estados Unidos sancionó esquemas financieros que mezclaban el lavado de dinero con el financiamiento de campañas, demostrando que el dinero ilícito distorsiona la competencia del mercado y la transparencia de las urnas.

No obstante, se debe actuar con prudencia; la propia autoridad mexicana ha aclarado que una irregularidad administrativa no equivale automáticamente a un vínculo criminal probado. Acusar basándose únicamente en rumores arruina reputaciones empresariales y ahuyenta el capital productivo con la misma rapidez que el propio lavado.

El desafío para Yucatán radica en proteger su mayor activo: la confianza y el orden que atraen a nuevos residentes e inversionistas. Esto exige un equilibrio exacto: cerrar el paso al dinero sucio disfrazado de desarrollo y, simultáneamente, defender el debido proceso y la presunción de inocencia. Sin esa certidumbre jurídica, el actual auge inmobiliario pierde su valor real.

Doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac Mayab