Cobrar más y crecer menos: el golpe fiscal al sector automotriz

Hay una contradicción que México no puede seguir ignorando: queremos que lleguen inversiones, que las empresas abran sucursales y que se generen empleos, pero al mismo tiempo impulsamos decisiones fiscales que pueden volver menos atractivo arriesgar el patrimonio en nuestro país.

La discusión sobre los cambios al Impuesto sobre la Renta y sus consecuencias para la distribución de automóviles es un buen ejemplo. Aunque el asunto parezca reservado para contadores y especialistas, sus efectos podrían sentirse en decisiones muy concretas: una agencia que deja de abrir, un taller que aplaza su modernización o una contratación que finalmente no se realiza.

Conviene precisar de qué estamos hablando. El problema analizado no consiste en un nuevo impuesto que se cobre directamente al comprador de un automóvil, sino en restricciones a las deducciones de las empresas que comercializan vehículos. Una modificación que puede aumentar su carga fiscal aunque la tasa del ISR permanezca igual.

Y ahí está el detalle que merece explicarse: mantener una tasa no significa mantener el mismo impuesto. Si se reduce el monto de los gastos que una empresa puede descontar para calcularlo, el pago puede aumentar considerablemente.

En el negocio automotriz, las ventas elevadas no necesariamente representan grandes ganancias. Una agencia puede facturar millones de pesos porque vende productos de alto valor, pero buena parte de ese dinero corresponde al costo de los propios vehículos. Después vienen los sueldos, el financiamiento de inventarios, las instalaciones y los demás gastos necesarios para operar.

El dinero que pasa por la caja no es lo mismo que el dinero que se queda en la empresa. Una política fiscal que pierde de vista esa diferencia corre el riesgo de cobrar sobre una capacidad económica que el negocio realmente no tiene.

Pongámoslo en términos sencillos. En un ejemplo hipotético, una distribuidora registra ingresos por cien millones de pesos, y costos y gastos deducibles por noventa y nueve millones. Su utilidad fiscal sería de un millón. Si únicamente se le permitiera deducir el equivalente al 96.67% de sus ingresos, la base para calcular el impuesto subiría a tres millones trescientos treinta mil pesos. Con una tasa del 30%, el pago sería de novecientos noventa y nueve mil pesos: prácticamente la totalidad de aquella utilidad.

El cálculo ilustra el riesgo del mecanismo; su aplicación concreta dependería de las disposiciones y excepciones que correspondan a cada empresa. Pero la pregunta económica es inevitable: ¿con qué recursos va a crecer un negocio si el pago de impuestos absorbe una parte desproporcionada de lo que gana?

La posibilidad de aplicar ciertas deducciones en años posteriores tampoco elimina la presión inmediata. Los trabajadores necesitan recibir su sueldo esta quincena. Los proveedores tienen fechas de cobro. Los créditos generan intereses. El efectivo que sale hoy hace falta hoy, aunque exista un beneficio fiscal que pudiera aprovecharse después.

Por eso considero que una medida de esta naturaleza puede inhibir la inversión en México. El empresario que enfrenta una menor disponibilidad de recursos revisará sus proyectos y comenzará a posponer decisiones. Primero podrá ser la ampliación del taller; después, la apertura de otra agencia o la renovación de equipos.

La inversión también se pierde de esa manera: silenciosamente, proyecto por proyecto, sin un anuncio que permita dimensionar todo lo que dejó de hacerse.

Además, sus efectos pueden alcanzar a quienes compran un vehículo. Ante mayores costos, las empresas buscarán ajustar su operación, reducir gastos o recuperar parte de esa carga en los precios. La capacidad de hacerlo dependerá de la competencia y de la demanda, pero la presión existirá. En cualquiera de esos caminos pueden verse comprometidos el empleo, la calidad del servicio o las condiciones para el consumidor.

Desde luego que las empresas deben pagar impuestos. También deben combatirse la simulación, las facturas falsas y cualquier mecanismo utilizado para evadir responsabilidades. Ese esfuerzo necesita distinguir entre una operación fraudulenta y un gasto legítimo, comprobable y necesario para mantener un negocio funcionando.

Tratar con desconfianza generalizada a quienes cumplen puede terminar debilitando precisamente a la economía formal que sostiene la recaudación.

La industria automotriz, además, debe entenderse como una cadena. La fabricación necesita proveedores, distribución, compradores y servicios de mantenimiento. Cuidar una parte mientras se presiona excesivamente a otra puede producir desequilibrios que terminen afectando al conjunto.

El gobierno debería escuchar las advertencias del sector, revisar los efectos sobre las empresas con márgenes reducidos y corregir aquello que comprometa su viabilidad. Escuchar a tiempo permite evitar daños que después resultan más costosos para todos.

La certidumbre para invertir se construye con reglas que permitan calcular costos, cumplir obligaciones y conservar una expectativa razonable de crecimiento. Ningún discurso de promoción económica puede sustituir esas condiciones.

México necesita recaudar mejor y necesita que más personas y empresas participen en la economía formal. Para conseguirlo, debe procurar que trabajar, invertir y cumplir siga siendo una decisión viable.

Antes de calcular cuánto dinero adicional podría cobrar el gobierno, habría que preguntarse cuántos proyectos dejarían de realizarse para pagarlo. Porque la recaudación de mañana también depende de las empresas a las que hoy se les permita crecer.