¿Y si privatizamos el servicio del agua?

La crisis del agua en Guadalajara ha dejado de ser una molestia cotidiana para convertirse en un problema de salud pública, desigualdad social y gobernabilidad. Los tandeos, la intermitencia del suministro, las denuncias por agua turbia, malos olores y sedimentos, así como la incertidumbre sobre su calidad —diversos estudios han reportado la presencia de metales pesados y bacterias—, han erosionado la confianza ciudadana en el gobierno, particularmente en el organismo responsable de garantizar el servicio.

Mientras tanto, miles de familias deben resolver por su cuenta lo que debería ser una función elemental de cualquier gobierno: garantizar el acceso a agua suficiente y segura. Algunas compran agua embotellada, otras adquieren filtros y otras recurren a pipas para abastecerse. El costo de la incompetencia institucional termina trasladándose a los hogares y pesa proporcionalmente más sobre quienes menos tienen.

Frente a esta situación, cabe formular una pregunta que probablemente incomodará a más de uno: ¿y si privatizamos el servicio del agua?

No se trata de afirmar que cualquier empresa privada sería capaz de resolver por sí sola una crisis de esta magnitud ni de sostener que el mercado puede sustituir todas las responsabilidades del gobierno. Se trata de cuestionar un supuesto que rara vez se discute abiertamente: que la prestación de un servicio esencial debe estar necesariamente a cargo de un organismo público, incluso cuando su desempeño es insatisfactorio y los usuarios carecen de alternativas.

¿Por qué no discutir abiertamente la posibilidad de que una empresa especializada, bajo una concesión bien diseñada y una regulación estricta, se haga cargo de operar, mantener y modernizar el sistema de abastecimiento de agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara?

La pregunta merece una discusión seria, no una descalificación ideológica inmediata.

Hablemos de incentivos. Una de las diferencias entre la administración pública y la privada radica en los incentivos que orientan sus decisiones. En un organismo público, las decisiones sobre contratación de personal, asignación de recursos y organización interna pueden responder a prioridades políticas, compromisos sindicales, intereses burocráticos, negociaciones entre grupos o, simplemente, a actos de corrupción. El costo de mantener estructuras administrativas con exceso de personal y una burocracia sin las competencias necesarias termina trasladándose a los usuarios, quienes pagan por un servicio deficiente.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) constituye un caso pertinente para examinar esta cuestión. Las deficiencias denunciadas por los usuarios, los problemas operativos y la persistencia de una crisis que afecta la vida cotidiana obligan a preguntarnos si su modelo de gestión cuenta con los incentivos, las capacidades y los mecanismos de rendición de cuentas necesarios para responder a las necesidades de Guadalajara.

En una empresa privada, por el contrario, los costos operativos afectan directamente los resultados financieros. Las fugas, las pérdidas de agua, una cobranza deficiente, las compras ineficientes y una plantilla excesiva o inadecuadamente capacitada reducen los márgenes de utilidad. Una administración profesional regularmente tiene incentivos para contratar personal competente, incorporar tecnología, controlar gastos, invertir en mantenimiento y corregir procesos que generan pérdidas.

La diferencia, por tanto, no radica en una supuesta superioridad moral del empresario, sino en la posibilidad de diseñar reglas que alineen sus intereses económicos con los resultados que necesita la sociedad. Si el contrato establece objetivos verificables de continuidad, calidad y cobertura, metas de reducción de fugas y obligaciones de inversión, y si su incumplimiento puede traducirse en sanciones efectivas o incluso en la pérdida de la concesión, la calidad del servicio se convierte en una condición para mantener el negocio.

Por supuesto, las empresas privadas no son inmunes a la corrupción, la incompetencia o los abusos. También pueden buscar rentas extraordinarias, reducir costos a expensas de la calidad o aprovechar su posición monopólica. En el suministro de agua, además, la competencia tiene límites evidentes: los usuarios no pueden cambiar fácilmente de proveedor cuando están inconformes. Por eso, una concesión necesita un regulador capaz de vigilar al operador, proteger a los usuarios y hacer cumplir las obligaciones contractuales.

La cuestión fundamental es cómo construir un sistema en el que prestar un buen servicio resulte económicamente conveniente y en el que incumplir las obligaciones tenga consecuencias reales. Existen experiencias internacionales que permiten examinar los resultados, las condiciones de éxito y las limitaciones de la participación privada en la prestación de los servicios de agua. Chile y Estados Unidos ofrecen dos experiencias que vale la pena analizar.

En Chile, la transformación del sector comenzó antes de la privatización. Durante la década de 1980 se introdujeron reformas regulatorias y tarifarias, y a partir de 1998 comenzó la transferencia de empresas sanitarias al sector privado. En Santiago, la participación privada se consolidó durante los años siguientes. La experiencia chilena muestra que la operación privada puede contribuir a ampliar la cobertura, desarrollar infraestructura y mejorar determinados indicadores de desempeño. Sin embargo, también evidencia la importancia de la capacidad del Estado para vigilar a los operadores. La privatización no eliminó la necesidad de supervisión pública; hizo más importante contar con instituciones capaces de ejercerla.

En Estados Unidos conviven sistemas municipales con empresas privadas sujetas a distintos marcos regulatorios. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense señaló en 2021 que más del 10% de la población recibe agua potable de empresas privadas y que la mayoría de los estados regula las tarifas que estas pueden cobrar. El caso estadounidense muestra que la participación privada puede formar parte de un sistema de servicios esenciales sin eliminar la supervisión pública.

Estos ejemplos muestran que la operación privada del agua puede ser viable y que sus resultados dependen, en buena medida, del diseño institucional que se adopte. La lección es que no deberíamos descartar un modelo de gestión por prejuicios ideológicos antes de examinar sus resultados. Si el servicio que tenemos actualmente presenta deficiencias tan graves y persistentes, ¿por qué habría de quedar excluida de la discusión la participación privada cuando lo que está en juego es garantizar el acceso a agua suficiente, segura y asequible?

Eugenio Arriaga Cordero es doctor en estudios urbanos por la Universidad estatal de Portland  y académico de la Esarq.

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