Periodistas exiliadas y un crimen impune: historias de Cuba, México y Afganistán

Por primera vez en la historia de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación "difícil" o "muy grave".

Y América Latina y el Caribe sigue siendo la región con el mayor número de asesinatos de periodistas de los más de 1.800 a nivel global desde que la UNESCO comenzó su registro en 1993.

La periodista cubana Yadiris Luis Fuentes, que vive exiliada en España gracias a un programa de Reporteros Sin Fronteras, explica a EFE que tuvo clara la existencia de la represión "desde siempre" porque en Cuba "está prohibido hacer periodismo independiente".

Fuentes la sintió por primera vez en primera persona en octubre de 2021, cuando recibió una llamada de un número desconocido. El hombre dijo ser militar y le aseguró que sabía dónde vivía y que podía pasar a recogerla.

Entonces, sus amigos abogados le dijeron que "bajo ninguna condición fuese a una casa de protocolo", el lugar "usual" al que suelen llevar a periodistas, activistas u opositores para interrogarles y dejarles incomunicados.

"De esas casas de protocolo mucha gente terminaba en la cárcel o yéndose del país. Nunca pisabas una estación policial, que es donde se hacían los interrogatorios formales y donde tus familiares sabían que estabas", recuerda la periodista.

Días después de esa llamada, le comunicaron que tenía que ir a su primer interrogatorio. Es entonces cuando "empieza a ocurrir una especie de muerte civil donde todo a tu alrededor va menguando, apartándose, explotando".

Los últimos interrogatorios a Fuentes, antes de salir de Cuba en 2022, fueron en casas de protocolo.

"¿Por qué después de diez años nosotros seguimos siendo perseguidos? ¿Acaso nos tiene que costar la vida para que las autoridades hagan realmente el trabajo de cuidar a la prensa?", son las preguntas que Priscila Romero, hija del periodista mexicano Francisco Pacheco, asesinado a tiros en la puerta de su casa en 2016, se sigue haciendo todavía.

Romero, junto con su madre y el resto de su familia, lleva desde entonces luchando por encontrar al asesino de su padre, que murió "por hacer su trabajo", según cuenta a EFE por teléfono.

Actualmente viven "una condición de desplazamiento interno cruzado por la violencia, por haber sido amenazados tras su muerte" y, además, sufren "la violencia estructural del Estado teniendo el crimen en impunidad, al tener que estar luchando por medidas de protección".

La comisión ejecutiva de atención a víctimas les retiró el apoyo de vivienda y alimentación, denuncia, y a pesar de que en México "hay una ley de víctimas", no están accediendo "a las prerrogativas" de esa norma.

Parte de las intimidaciones que hoy en día sufren son personas o vehículos "sospechosos" fuera de la casa donde viven, además de amenazas.

"Somos víctimas indirectas del homicidio, víctimas de violaciones a derechos humanos, del no acceso a la justicia", afirma Romero, que también sufre, como su familia, "enfermedades, miedo y una salud mental deteriorada".

El caso de Khadija Amín, periodista y activista afgana exiliada en España desde 2021, cuando Kabul cayó en manos de los talibanes, está marcado por un cambio drástico.

El mismo día de la caída de Kabul, el 15 de agosto de 2021, Amín se encontraba haciendo su trabajo, presentando el telediario público. A las tres horas tuvo que abandonarlo para siempre.

Recalca a EFE que ella sabía, incluso cuando en Afganistán "había democracia", que existía un peligro por hacer su trabajo, que ser periodista "no tenía seguridad" y que seguir presentando las noticias era "perder la libertad".

A pesar de eso, Amín reconoce que la vida que llevaba le hacía tener esperanza, algo que acabó más rápido de lo que habría imaginado.

"Ese día presenté el informativo a las 9 de la mañana y ya a las 12 me expulsaron de mi trabajo, no me permitieron continuar mi trabajo como periodista”, asegura. "Es decir, en tres horas mi vida cambió absolutamente".