El costo de resistir sin respaldo

Resistir una crisis puede costarle a una empresa el patrimonio construido durante años. Reducir horarios o recortar operaciones permite seguir abierta, aunque sus trabajadores también sufran las consecuencias.

En Sinaloa, ese esfuerzo sostiene negocios y empleos mientras el gobierno sigue acumulando reuniones sin ofrecer respuestas suficientes. Me preocupa que la capacidad de nuestra gente para sobrevivir termine convertida en una excusa para prolongar la inacción pública.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI permite dimensionar el deterioro. Entre junio de 2024 y junio de 2026, las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca perdieron 7 mil puestos de trabajo; el sector secundario, 21 mil; el comercio y los servicios, 35 mil.

El daño alcanza al productor que enfrenta dificultades para comercializar y se extiende a los negocios familiares que dependen de la actividad económica de su comunidad. Cada cierre compromete ingresos familiares y reduce las posibilidades de encontrar otro empleo cerca de casa.

Hay señales de una economía que funciona cada vez con menos capacidad. Las personas que trabajan más de 35 horas semanales disminuyeron en 79 mil, mientras quienes laboran menos de 15 horas aumentaron en 17 mil. En los establecimientos que emplean a más de 250 personas, la ocupación cayó en 30 mil.

Aumentó también en 10 mil el número de sinaloenses que trabajan por cuenta propia. Admiro ese esfuerzo, pero preocupa que la necesidad empuje a muchos a trabajar sin prestaciones ni seguridad social, sujetos a ingresos inciertos.

El gobierno estatal tiene responsabilidades frente a este deterioro. Podrán decir que se han realizado reuniones o mesas de trabajo; pero sus resultados tendrían que verse en las empresas que consiguen mantenerse abiertas y en los empleos que logran conservarse. La paciencia de los sectores productivos también se agota.

He insistido en diseñar las políticas públicas desde la condición de cada empresa afectada. Perder la mitad de las ventas plantea necesidades distintas a cerrar por completo.

El productor necesita resolver la comercialización; el comerciante puede requerir financiamiento para conservar a sus trabajadores. Hoy les exigimos acomodarse a programas pequeños e insuficientes.

Por eso presentamos hace un año la iniciativa de Ley de Resiliencia Económica y Recuperación Territorial del Estado de Sinaloa, orientada a atender afectaciones provocadas por fenómenos naturales y por la violencia.

La propuesta permitiría declarar Zonas de Recuperación Económica donde se acrediten afectaciones graves. Los diagnósticos técnicos de las empresas y territorios afectados servirían para establecer programas específicos, con responsables y plazos definidos.

Contempla un Fondo de Resiliencia Económica con asignación anual en el presupuesto estatal y reglas de transparencia y rendición de cuentas. Los estímulos fiscales se diferenciarían según las empresas hubieran permanecido abiertas, buscaran reactivarse o representaran nuevas inversiones que contribuyeran a recuperar empleos.

Las Mesas de Reactivación Económica incorporarían a empresarios y productores junto con municipios y autoridades estatales para coordinar soluciones en las zonas afectadas. Los indicadores públicos permitirían conocer los recursos ejercidos y las empresas recuperadas, además de evaluar cuántos empleos pudieron preservarse.

Con esa información podríamos exigir cuentas sobre la utilidad de los apoyos y reducir la discrecionalidad en su entrega.

La iniciativa lleva un año esperando. Al Congreso nos corresponde discutirla con los sectores productivos y construir los acuerdos para aprobar una ley que responda a sus necesidades. El gobierno debe asumir el costo presupuestal y operativo de la recuperación.

Cada empresa que sigue abierta está haciendo su parte; quienes ejercemos responsabilidades públicas tenemos pendiente cumplir la nuestra.