Fondos para chalecos antibalas, radios y uniformes penitenciarios en Nuevo León habrían terminado en despacho ligado a la familia de Samuel García, según REFORMA, tras hallazgos de la ASF sobre triangulación de recursos
NUEVO LEÓN.- Recursos públicos destinados a la compra de chalecos antibalas, radios portátiles y uniformes para internos de centros penitenciarios en Nuevo León habrían terminado en un despacho jurídico vinculado con el gobernador Samuel García y su familia. De acuerdo con una investigación de Grupo REFORMA publicada el 1 de noviembre de 2026, la empresa TXAT Latam recibió contratos estatales por al menos 440 millones de pesos y posteriormente habría canalizado 60.4 millones de pesos hacia Firma Jurídica y Fiscal, mediante empresas intermediarias. Los movimientos forman parte de los presuntos esquemas de triangulación señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque todavía no existe una resolución judicial que determine responsabilidades penales por estas operaciones.
El caso pone bajo revisión el destino del dinero utilizado para contratar suministros destinados a instituciones de seguridad pública y centros penitenciarios. La investigación periodística señala que parte de los recursos pagados a proveedores del gobierno estatal habría circulado por otras compañías antes de llegar al despacho privado relacionado con el mandatario.
Los señalamientos se conocen después de que Aureliano Hernández, titular de la ASF, presentó el 30 de octubre los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados. Durante esa presentación, informó sobre operaciones financieras entre contratistas y proveedores que, según los hallazgos del organismo, estarían relacionadas con transferencias por al menos 728.13 millones de pesos hacia cuentas vinculadas con familiares de servidores públicos.
¿Qué empresa recibió los contratos para chalecos antibalas y radios en Nuevo León?
La empresa identificada en la investigación de Grupo REFORMA es TXAT Latam, señalada por participar en operaciones financieras relacionadas con contratos del gobierno de Nuevo León.
Según la información publicada por la agencia, la compañía obtuvo contratos estatales por un monto de al menos 440 millones de pesos para proporcionar materiales utilizados en las labores de seguridad y en el sistema penitenciario.
Entre los productos contratados se encuentran:
- Chalecos antibalas: equipo de protección para elementos de seguridad.
- Radios portátiles: dispositivos de comunicación para actividades operativas.
- Uniformes para internos: prendas destinadas a personas recluidas en centros penitenciarios.
- Otros artículos: suministros adicionales contemplados en las contrataciones estatales.
La investigación no precisa cuántos productos fueron adquiridos, qué dependencias recibieron los materiales ni si existieron incumplimientos en las entregas.
Por ello, el señalamiento principal no se refiere a que los equipos no hayan sido suministrados, sino al recorrido del dinero que recibió la empresa después de obtener los contratos gubernamentales.
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¿Cómo habrían llegado 60.4 millones de pesos al despacho de la familia de Samuel García?
De acuerdo con Grupo REFORMA, TXAT Latam habría participado en una cadena de operaciones financieras que permitió trasladar parte de los recursos recibidos del gobierno estatal hacia Firma Jurídica y Fiscal, despacho relacionado con Samuel García y su familia.
El reporte identifica tres etapas en el recorrido del dinero:
- Contratación pública: el gobierno de Nuevo León otorgó a TXAT Latam contratos por al menos 440 millones de pesos para suministros de seguridad y penitenciarios.
- Transferencias entre empresas: los recursos habrían circulado mediante compañías identificadas en la investigación como factureras y una consultora legal.
- Depósitos al despacho: según REFORMA, al menos 60.4 millones de pesos habrían terminado en Firma Jurídica y Fiscal.
El uso de empresas intermediarias es uno de los elementos bajo revisión, ya que las autoridades buscan establecer si las transferencias correspondieron a servicios reales o si se utilizaron para trasladar dinero público hacia beneficiarios distintos de los contratados originalmente.
Sin embargo, la información publicada no establece qué proporción de los pagos por cada producto terminó en el despacho ni identifica individualmente todas las operaciones utilizadas para movilizar los recursos.
¿Qué relación tiene el despacho jurídico con Samuel García y su padre?
Firma Jurídica y Fiscal Abogados es un despacho privado que ha sido relacionado en investigaciones de Grupo REFORMA con el gobernador Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
La firma ha aparecido en investigaciones periodísticas sobre pagos realizados por empresas proveedoras del gobierno de Nuevo León.
El vínculo familiar es relevante para la fiscalización porque la ASF identificó movimientos de recursos públicos hacia cuentas de personas físicas y morales relacionadas con familiares de servidores públicos.
No obstante, la existencia de una relación comercial con un despacho jurídico no demuestra por sí misma que se cometió un delito. Para determinar si hubo un desvío, las autoridades deben establecer la procedencia del dinero, la justificación de las transferencias y la posible participación de los involucrados.
En declaraciones anteriores sobre investigaciones relacionadas con proveedores y despachos familiares, Samuel García ha rechazado que recursos públicos se hayan utilizado para financiar a la firma legal.
¿Qué detectó la ASF sobre el manejo de dinero público en Nuevo León?
Los movimientos vinculados con contratos de seguridad forman parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en pagos realizados a proveedores y constructoras del gobierno estatal.
Durante la presentación de los resultados de la Cuenta Pública 2025, el auditor Aureliano Hernández explicó que la ASF identificó operaciones en las que el dinero pasaba por distintas empresas antes de llegar a cuentas relacionadas con personas cercanas a funcionarios.
El titular del organismo describió los hallazgos de la siguiente manera:
Identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos, a través del pago de proveedores, cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos”.
De acuerdo con los reportes publicados, los esquemas señalados por la ASF involucran al menos 728.13 millones de pesos en transferencias relacionadas con el despacho jurídico.
Los 60.4 millones de pesos atribuidos a operaciones de TXAT Latam forman parte de los movimientos reportados, por lo que no deben sumarse como si se tratara de un monto adicional al total señalado.
La ASF no divulgó públicamente los nombres de todas las empresas y personas involucradas, bajo el argumento de proteger el debido proceso. La identificación de TXAT Latam y su relación con el despacho procede de la investigación periodística de REFORMA.
¿Por qué importa que los recursos estuvieran destinados a seguridad pública?
Los contratos señalados corresponden a productos utilizados para proteger al personal de seguridad, mantener la comunicación operativa y atender necesidades de los centros penitenciarios.
Su financiamiento forma parte del presupuesto que las autoridades deben administrar y comprobar conforme a las disposiciones aplicables.
Por esa razón, las investigaciones sobre estos recursos deben esclarecer dos cuestiones distintas: si los productos contratados fueron entregados conforme a las condiciones establecidas y si los pagos posteriores realizados por los proveedores tuvieron una justificación legal.
En el caso de TXAT Latam, el reporte de REFORMA se concentra en la segunda cuestión: las transferencias que presuntamente terminaron en un despacho jurídico relacionado con la familia del gobernador.
Hasta el momento, la información disponible no permite afirmar que la compra de chalecos, radios o uniformes haya sido simulada ni que las instituciones de seguridad se quedaran sin recibir esos materiales.
¿Qué sigue en la investigación sobre los contratos de seguridad de Nuevo León?
La Auditoría Superior de la Federación continúa con la revisión de las operaciones financieras identificadas en la Cuenta Pública 2025 y con la determinación de las posibles irregularidades.
El organismo ha señalado que, cuando existan elementos para acreditar faltas administrativas o posibles delitos, los casos deberán remitirse a las autoridades competentes, entre ellas el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o la Fiscalía General de la República, según corresponda.
Los puntos que permanecen pendientes de aclaración incluyen la justificación de las transferencias realizadas por los proveedores, la identidad de los beneficiarios de cada operación y la existencia de posibles responsabilidades.
El caso de TXAT Latam añade un elemento al seguimiento de los presuntos desvíos en Nuevo León: parte del dinero investigado procede de contratos destinados a equipar instituciones de seguridad pública y centros penitenciarios.
Aunque REFORMA documenta transferencias por 60.4 millones de pesos hacia el despacho vinculado con la familia de Samuel García, corresponderá a las autoridades determinar si esos movimientos constituyeron operaciones irregulares y quiénes participaron en ellas.
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