Inteligencia Artificial: una responsabilidad pública

“La administración pública hunde sus raíces en el seno de la sociedad”.

Omar Guerrero. Principios de Administración Pública

Esta afirmación ofrece una clave para examinar la expansión de la inteligencia artificial (IA): las decisiones tecnológicas se justifican por su capacidad de responder a las necesidades colectivas, no únicamente por su novedad.

La incorporación de la IA plantea dos responsabilidades inseparables para el Estado. La primera es ordenar las condiciones en que se desarrolla la infraestructura que la hace posible: energía, agua, territorio e inversión. La segunda surge cuando la administración pública adquiere y utiliza sistemas de IA para prestar servicios, gestionar información o apoyar decisiones. En ambos ámbitos está en juego el interés público: quién recibe los beneficios, quién asume los costos y cómo se protegen los derechos.

Los centros de datos concentran capacidad de cómputo y requieren suministro eléctrico confiable y sistemas de enfriamiento. Su huella energética e hídrica depende del diseño, la tecnología y las condiciones locales. Reducir el agua utilizada en la refrigeración puede, en determinados sistemas, aumentar las necesidades eléctricas. De ahí que la planeación no deba evaluar cada recurso aisladamente, sino considerar la disponibilidad de energía, el entorno hídrico y los efectos para las comunidades.

Una iniciativa reciente de Canadá ofrece un referente. El 3 de septiembre de 2026, su gobierno presentó cinco principios para el desarrollo responsable de centros de datos: beneficios duraderos para las comunidades, protección de los usuarios frente a costos eléctricos atribuibles a los proyectos, minimización del uso de agua y de los impactos ambientales, transparencia sobre los efectos locales y aportación estratégica al país. Su cuarto principio pide información mensurable y verificable de forma independiente. Se trata de compromisos voluntarios, no de una regulación federal obligatoria, y no imponen una fuente específica de energía, aunque priorizan opciones de bajas emisiones. Su cumplimiento habrá de evaluarse con el tiempo; por ahora, colocan la distribución de costos y beneficios en el centro del debate.

La segunda responsabilidad aparece cuando el propio gobierno utiliza IA. Agilizar trámites, analizar información o apoyar procesos administrativos puede generar valor, pero no sustituye la obligación de fundamentar las decisiones, proteger datos personales, explicar los criterios relevantes y asegurar supervisión humana cuando corresponda. Una administración moderna no es la que delega indiscriminadamente en la tecnología, sino la que conserva la capacidad de responder por sus actos.

Esta preocupación también ha llegado al ámbito internacional. El 6 de octubre de 2026, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó sin votación la resolución A/HRC/RES/63/12 sobre buena gobernanza y derechos humanos. Solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaborar orientaciones prácticas sobre adquisición, despliegue y uso de sistemas de IA en todos los niveles de la administración pública, con consultas significativas, y presentar un informe en su 69.º periodo de sesiones. Es un mandato para elaborar orientaciones, no un conjunto de obligaciones técnicas ya vigente.

Para México, estos referentes permiten pensar en instrumentos concretos: un registro público de sistemas de IA utilizados por dependencias y entidades, con las reservas legalmente justificadas; evaluaciones de impacto y de riesgos antes de su contratación y despliegue, en particular cuando puedan afectar derechos; e información periódica, mensurable y susceptible de verificación independiente sobre los impactos energéticos, hídricos y comunitarios de grandes centros de datos. Son propuestas para fortalecer la capacidad institucional, no cargas que deban darse por existentes.

La cuestión de fondo no es elegir entre innovación y responsabilidad pública, sino construir las instituciones capaces de hacerlas compatibles. Si la administración pública tiene sus raíces en la sociedad, como recordó Omar Guerrero, también deben estar allí los criterios para decidir qué tecnologías promover, cuáles incorporar y bajo qué condiciones responder por sus efectos.