Ministro portugués lamenta cargas contra las protestas, pero defiende actuación policial

"Nadie queda satisfecho con imágenes como estas, que acaban por conmocionar. Hay tristeza por este tipo de hechos, por estos acontecimientos", reconoció ante periodistas tras las operaciones de madrugada que disolvieron las acampadas en ambas ciudades.

Neves aseguró que el Gobierno conservador de Luís Montenegro está dispuesto a escuchar a los movimientos sociales y estudiar propuestas contra el "flagelo" de la falta de vivienda, pero no pidió disculpas por las intervenciones.

"Lo que está en juego es la soberanía del Estado y el cumplimiento de la ley", afirmó el ministro, quien expresó su "total confianza" en la Policía de Seguridad Pública (PSP) y defendió su autonomía operativa.

Neves, quien el viernes asumió la responsabilidad política de anteriores intervenciones, añadió que su continuidad está a disposición del primer ministro.

Los antidisturbios intervinieron hacia las 04.30 horas contra las acampadas del centro de Lisboa y Oporto, utilizando porras para dispersar a los participantes y retirar las tiendas.

Hubo trece detenidos, seis en Lisboa y siete en Oporto, y trece policías heridos, según el balance oficial. Los organizadores denunciaron más de treinta manifestantes heridos en la capital, diez hospitalizados, y cerca de cuarenta en Oporto, algunos de gravedad.

La policía justificó la fuerza por la resistencia y el lanzamiento de objetos y material pirotécnico contra los agentes. Los colectivos denunciaron una actuación desproporcionada contra concentraciones pacíficas.

El presidente de la República, António José Seguro, pidió al Gobierno y a la Defensoría del Pueblo explicaciones "con todo detalle" e información sobre detenidos y heridos.

Seguro habló con Montenegro y con la defensora del Pueblo, Luísa Neto, según la Presidencia. La crisis precede a la reunión del Consejo de Estado de este lunes, dedicada a la cohesión social.

Seguro ya había expresado preocupación por las cargas anteriores y reclamado diálogo y soluciones urgentes.

El secretario general del opositor Partido Socialista, José Luís Carneiro, exigió la comparecencia urgente de Neves ante el Parlamento y calificó de "inaceptable en una democracia" el uso desproporcionado de la fuerza.

"La salida para esta crisis solo puede ser política y nunca policial", afirmó.

El exlíder socialista Pedro Nuno Santos responsabilizó del desorden a las fuerzas de seguridad y a quienes ordenaron la intervención. El Partido Comunista reclamó responsabilidades políticas y la eurodiputada izquierdista Catarina Martins calificó las cargas de injustificadas, desproporcionadas e ilegales.

El líder ultraderechista André Ventura consideró, por contra, que una minoría desvirtúa una reivindicación legítima mediante provocaciones a la policía.

La intervención agrava la polémica por los desalojos desde mediados de octubre. Las imágenes de manifestantes golpeados y ensangrentados han generado críticas sobre la proporcionalidad de la actuación policial.

Un cámara de televisión fue golpeado por un agente en Oporto, según Lusa. El abogado Ricardo Sá Fernandes anunció denuncias penales contra Neves y el director nacional de la PSP por presunto abuso de poder.

La marcha del sábado en Lisboa había reunido a más de un millar de personas en un ambiente festivo, sin incidentes y con discreta presencia policial.

Acampada de Lisboa convocó otra concentración este domingo contra la violencia policial y por la vivienda.

El trasfondo es la dificultad de acceso a la vivienda, cuyos precios aumentaron un 16,5 % interanual en el segundo trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística.

Los movimientos exigen retirar la reforma del arrendamiento de Montenegro, que superó su primera votación parlamentaria el 30 de septiembre gracias a la abstención de Chega, tras pactar con el gobernante Partido Social Demócrata.

La propuesta contempla flexibilizar condiciones del alquiler y acelerar los desahucios por impago, medidas que los colectivos consideran favorables a los propietarios y perjudiciales para los inquilinos.