Llevarán a la Suprema Corte lucha contra el booster de Gran Calzada en Umán

Vecinos y activistas advierten que existen 30 escenarios de riesgo por la estación de gas

Yucatán > Sociedad

Luego de que el Juzgado Tercero de Distrito negara el amparo promovido por habitantes del fraccionamiento Gran Calzada, en Umán, contra la operación del booster de Engie-Energía Mayakán, familias anunciaron que continuarán su lucha jurídica hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que sus viviendas y su integridad permanecen en riesgo.

En rueda de prensa, los vecinos Abner Torres y Víctor Balam informaron que la jueza Mercedes del Sol Hernández Cetina sobreseyó el juicio contra la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de negar el amparo respecto a los actos reclamados al Ayuntamiento de Umán, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Ante la resolución, el pasado 16 de octubre promovieron un recurso de revisión ante una segunda instancia y adelantaron que posteriormente solicitarán a la SCJN que atraiga el expediente para que se analice el caso.

Aunque el fallo no favoreció a las familias, los afectados destacaron que la propia resolución advierte la existencia de 30 escenarios de riesgo relacionados con la operación del booster, información que permanece reservada y que, aseguran, no les permite conocer las posibles consecuencias de un accidente ni las medidas para proteger a quienes habitan en las inmediaciones.

Señalan que algunas viviendas se encuentran a apenas 2.5 metros de la estación de compresión de gas natural y, mientras existen protocolos de seguridad para el personal que trabaja dentro de las instalaciones, los habitantes desconocen qué hacer ante una explosión o cualquier otra contingencia.

“Un booster no debe estar al lado de unas casas, no debe estar al lado de unas familias y justamente es como ellos lo muestran porque no existe alguna medida de impacto social que de verdad tome en cuenta a las familias. Todas las medidas de seguridad que se han presentado son para la gente que trabaja dentro del booster, que se encuentra voluntariamente trabajando en esta estación”, sostuvo Víctor Balam.

Los vecinos también señalaron que el Gobierno del Estado no ha cumplido con la alternativa de reubicación que planteó para las familias afectadas, pues Engie únicamente pretende liquidar los créditos hipotecarios de 33 viviendas colindantes con la estación y entregar 100 mil pesos por concepto de gastos de mudanza.

Para los habitantes, esta propuesta representa un desplazamiento forzado disfrazado de una negociación de compra de viviendas, pues no contempla las inversiones realizadas en los inmuebles, los pequeños negocios que funcionan en ellos ni las afectaciones al proyecto de vida de cada familia.

“Pedimos escuchar a las familias antes de decidir sobre su patrimonio, porque saldar una hipoteca no compensa necesariamente las mejoras a las viviendas, los pequeños negocios y las mudanzas ni las afectaciones al proyecto de vida. Hay familias con créditos vigentes y otras que invirtieron años en adaptar su casa. Cada alternativa requiere una valoración individual y justa, además del consentimiento informado. Nadie debe ser presionado a aceptar una salida única”, expresó Balam.

A esta situación se suma que Engie comenzó a colocar avisos en las ventanas de las viviendas para invitar a sus propietarios a comunicarse por teléfono o correo electrónico y negociar la adquisición de sus inmuebles, con fecha límite al 13 de noviembre, cuando dejaría de estar vigente la propuesta.

Sin embargo, los afectados denunciaron que, pese a que la empresa establece canales de contacto, no responde las llamadas ni los correos electrónicos, además de que cuestionaron que la atención se limite a las 33 casas de la primera fila sin explicar qué ocurrirá con las demás familias que permanecerán en la zona ante un eventual accidente.

Por ello, insistieron en que se necesitan criterios técnicos verificables para determinar el área de riesgo, así como mecanismos que documenten y atiendan las posibles afectaciones a quienes continúen viviendo cerca de la estación.

Por su parte, Abner Torres señaló que, aunque recientemente se restablecieron las mesas de diálogo con autoridades del Gobierno de Yucatán para buscar alternativas, durante el último año los habitantes que se han manifestado contra el booster han enfrentado amenazas y hostigamiento.