Entre falta de consulta previa desde 1997, que la Suprema Corte falló a favor de sus derechos, y las graves carencias de agua potable, comunidades rarámuri exigen justicia internacional a la CIDH por el impacto del parque turístico en su territorio ancestral
Representantes de las comunidades rarámuri de Huitosachi, Mogótavo y Bacijípare, en Chihuahua, acudieron a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reiterar sus denuncias sobre las afectaciones socioambientales provocadas por el proyecto turístico Barrancas del Cobre en sus territorios ancestrales.
Durante la sesión, los portavoces comunitarios señalaron que la iniciativa turística, impulsada desde 1997, se desarrolló sin cumplir con el derecho a la consulta previa, libre e informada. También denunciaron contaminación de ríos y arroyos, así como la falta de infraestructura básica de saneamiento y abastecimiento de agua para los habitantes originarios.
¿Cuáles son las principales denuncias de las comunidades rarámuri ante la CIDH?
Durante su exposición ante el organismo internacional, los representantes indígenas detallaron que, a más de dos décadas de operación del complejo turístico, las comunidades no perciben beneficios directos, carecen de un suministro eficiente de agua potable y enfrentan un déficit severo de escuelas e inclusión laboral.
La asesora jurídica Carmen Herrera indicó que la infraestructura principal del proyecto, incluido el Parque de Aventura, administrado por el gobierno estatal, se edificó sobre superficies despojadas a los pobladores y terrenos colindantes. Añadió que los ingresos económicos y el destino de las ganancias se mantienen en la opacidad.
Asimismo, las comunidades recordaron que, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó en 2012 la creación de un plan de desarrollo regional acordado con los habitantes, dicho instrumento sigue sin concretarse de manera efectiva.
¿Cuál fue la respuesta del Estado mexicano ante las observaciones internacionales?
En respuesta a los señalamientos, la delegación del Estado mexicano, integrada por representantes de diversas dependencias federales y estatales, rechazó que existan violaciones sistemáticas a los derechos humanos o al derecho a la consulta. Sin embargo, reconoció que las controversias históricas en la región requieren atención integral y permanente.
Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), enfatizó que la comparecencia institucional no busca desestimar las preocupaciones comunitarias, sino asumir que la situación ambiental y hídrica debe evaluarse de forma rigurosa para obtener resultados verificables.
En el ámbito operativo, Aldo Medina, de la Coordinación General de Derechos Indígenas, destacó la implementación del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, enfocado en los pueblos rarámuri, ódami, oichkama y warijó. Explicó que mediante este plan se han impulsado procesos de restitución y reconocimiento de la propiedad comunal tradicional.
Por su parte, Enrique Toledo, subsecretario de Turismo del gobierno de Chihuahua, puntualizó que el Consejo Consultivo, creado en acatamiento a una resolución de la SCJN, ha funcionado como un espacio de interlocución para analizar acciones turísticas.
No obstante, admitió que, en materia de agua y saneamiento, desde 2023 se evalúan alternativas para ubicar la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, sin que hasta el momento se haya alcanzado un consenso definitivo con las comunidades.
Te puede interesar: Buscan certificar a hablantes indígenas como traductores e intérpretes en Tijuana
¿Qué fallas persisten en el Consejo Consultivo y en el cumplimiento de las resoluciones judiciales?
Pese a los mecanismos de participación institucional señalados por las autoridades, los representantes comunitarios cuestionaron la operatividad del Consejo Consultivo.
Según los datos expuestos, este órgano ha sesionado en 51 ocasiones, pero fue hasta la decimoctava sesión, celebrada en 2016, cuando se garantizó la presencia de intérpretes lingüísticos para los pobladores indígenas.
Asimismo, las comunidades denunciaron que las decisiones centrales relacionadas con el desarrollo del proyecto continúan tomándose de manera unilateral por instancias gubernamentales y empresariales. A su juicio, esto relega la participación vinculante de los habitantes originarios que históricamente han habitado y protegido el territorio de las Barrancas del Cobre.
¿Cómo impacta este conflicto territorial a los habitantes de la Sierra Tarahumara?
Para las familias rarámuri de Huitosachi, Mogótavo y Bacijípare, la resolución de este litigio ante la CIDH representa una vía fundamental para frenar la degradación ambiental de sus fuentes de agua y garantizar que los megaproyectos turísticos respeten su autonomía territorial y sus derechos culturales.
La falta de acuerdos firmes sobre el manejo de aguas residuales y el acceso a servicios básicos afecta directamente el bienestar cotidiano de los asentamientos tradicionales.
Entre los temas que las comunidades consideran prioritarios se encuentran:
- La protección de ríos y arroyos.
- El acceso a agua potable.
- La infraestructura de saneamiento.
- La participación vinculante en las decisiones sobre el territorio.
- El cumplimiento de las resoluciones judiciales.
¿Qué sigue en el caso ante la CIDH?
El proceso ante el sistema interamericano continuará su curso con la evaluación de los compromisos de supervisión ambiental y del cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales pendientes en México.
El contraste de posturas ante la CIDH plantea el reto de armonizar las políticas de promoción turística regional con el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios.
Para las comunidades y las autoridades, los asuntos pendientes incluyen:
- Definir una solución para el tratamiento de aguas residuales.
- Garantizar transparencia financiera.
- Avanzar en la restitución de tierras.
- Cumplir las resoluciones judiciales.
- Fortalecer la participación de los habitantes originarios.
La atención de estos temas determinará el avance de los compromisos relacionados con el saneamiento hídrico, la protección territorial y la participación comunitaria en la Sierra Tarahumara.
Ver nota original ↗
¿Querés un resumen rápido de esta noticia, hecho por nuestra IA?
