Marcha multitudinaria en Uruapan exige justicia a un año del asesinato de Carlos Manzo

Este domingo 1 de noviembre de 2026, la ciudad de Uruapan, Michoacán, fue escenario de una de las movilizaciones más significativas del año: la Marcha por la Paz y la Justicia, convocada al cumplirse el primer aniversario del asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez. Más de 2,000 personas, provenientes de distintos municipios de Michoacán y otros estados, se congregaron para exigir el esclarecimiento del crimen y el fin de la violencia política en la región.

La marcha fue encabezada por Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, quien se ha convertido en una de las voces más visibles en la demanda de justicia. Los asistentes, vestidos de blanco y portando sombreros —símbolo del movimiento político fundado por Manzo—, partieron del monumento al general Lázaro Cárdenas y recorrieron las principales calles hasta llegar a la Plaza Morelos, donde se develó una estatua en memoria del exedil.

Durante el mitin, Quiroz lanzó un mensaje contundente dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo una investigación "exhaustiva, independiente y transparente". "No podemos normalizar la violencia, no podemos normalizar que más alcaldes tengan que ser asesinados por querer hacer las cosas bien... ya basta de tanta sangre derramada en nuestro querido Michoacán", expresó la alcaldesa ante la multitud.

¿Cuál es el avance en la investigación del asesinato de Carlos Manzo?

A un año del crimen, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reporta avances significativos en la investigación. Según datos oficiales, 34 personas han sido detenidas en relación con el caso, de las cuales 29 ya enfrentan proceso penal. La autoridad estatal sostiene que la indagatoria presenta un 90% de avance, aunque aún existen pendientes clave.

Uno de los puntos críticos es la orden de aprehensión vigente contra José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo, por quien se ofrece una recompensa de 100,000 pesos. La Fiscalía sostiene que el asesinato fue una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que Manzo impulsara acciones de seguridad y detenciones contra integrantes de dicho grupo criminal.

La investigación ha revelado la presunta participación de colaboradores cercanos al exalcalde, incluyendo funcionarios municipales y escoltas, lo que ha derivado en detenciones dentro del propio círculo de confianza de Manzo. Este hecho ha generado tensiones políticas y familiares, así como cuestionamientos sobre la profundidad de la red de complicidades.

¿Qué demandas y tensiones persisten en torno al caso?

Durante la marcha, Grecia Quiroz reiteró su exigencia de que la investigación no se detenga, incluso si las pruebas apuntan a personas con poder político o económico. "Mientras existan aún preguntas sin responder, le pido (a Sheinbaum) una investigación exhaustiva, independiente, transparente y sin límites impuestos por intereses políticos o personales", declaró la alcaldesa.

Uno de los temas más polémicos es la disputa pública sobre la entrega de los teléfonos celulares de Manzo, que permanecen en poder de Quiroz. La Fiscalía ha solicitado en varias ocasiones estos dispositivos, argumentando que podrían contener información relevante para el caso. Sin embargo, la alcaldesa ha manifestado su temor de que la información sea manipulada, lo que ha complicado la colaboración entre ambas partes.

El caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los funcionarios municipales frente a la violencia del crimen organizado y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y justicia. La movilización de este 1 de noviembre se convirtió en un acto de memoria, pero también en una advertencia sobre la urgencia de frenar la impunidad.

¿Cómo impacta el asesinato de Manzo en la política local y nacional?

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Uruapan, marcó un antes y un después en la política michoacana. El autor material, un menor de 17 años, fue abatido en el lugar, pero la investigación ha ido mucho más allá, involucrando a actores políticos, funcionarios y presuntos integrantes del crimen organizado.

La figura de Grecia Quiroz ha cobrado relevancia nacional, no solo por su papel como viuda y alcaldesa, sino por su liderazgo en la exigencia de justicia y su capacidad para movilizar a la sociedad civil. El movimiento del sombrero, fundado por Manzo, se ha consolidado como un símbolo de resistencia y demanda de paz en una región golpeada por la violencia.

La marcha de este año no solo recordó a Manzo, sino que también envió un mensaje claro a las autoridades federales y estatales: la sociedad exige resultados concretos y no está dispuesta a tolerar la impunidad. El caso se ha convertido en un termómetro de la capacidad del Estado para enfrentar la violencia política y garantizar la seguridad de sus representantes.

¿Qué sigue para la investigación y la exigencia de justicia?

A pesar de los avances reportados por la Fiscalía, la sociedad de Uruapan y los familiares de Manzo insisten en que la justicia aún no está completa. La captura de José Manuel Jiménez Miranda y el esclarecimiento total de las redes de complicidad son vistos como pasos indispensables para cerrar el caso.

La presión social, encabezada por Quiroz y respaldada por miles de ciudadanos, mantiene el tema en la agenda pública. La exigencia de una investigación sin interferencias políticas ni intereses personales sigue siendo el principal reclamo, mientras la comunidad espera que el sacrificio de Manzo no quede impune.

La develación de la estatua en la Plaza Morelos simboliza el compromiso de Uruapan con la memoria y la justicia, pero también la esperanza de que la violencia no siga marcando el destino de sus líderes y habitantes.

¿Por qué importa este caso para Michoacán y México?

El asesinato de un alcalde en funciones, la presunta participación de colaboradores cercanos y la intervención de un cártel de alto perfil como el CJNG, convierten el caso Manzo en un referente nacional sobre los riesgos de ejercer el servicio público en zonas de alta conflictividad. La movilización social y la presión sobre las autoridades muestran que la sociedad mexicana no está dispuesta a resignarse ante la violencia y la impunidad.

La respuesta que den las instituciones a este caso será observada de cerca, no solo en Michoacán, sino en todo el país, como un indicador de la capacidad del Estado para proteger a sus funcionarios y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia política.