Itaipú vuelve a comprar patrulleras bajo sospechas de direccionamiento

La Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY), lado paraguayo, dirigida por Carlos Mercado Rotela, publicó el pasado 14 de octubre una nueva convocatoria para la compra de camionetas destinadas a la Policía Nacional, nuevamente con fondos de la Itaipú Binacional y puenteando a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El llamado, identificado como CPP 043/2026, tiene un presupuesto estimado de G. 1.392 millones. Contempla la adquisición de dos camionetas tipo patrullera por G. 600 millones (G. 300 millones cada una) y dos camionetas con cúpula para uso forense por G. 792 millones, es decir, G. 396 millones por unidad.

La compra se enmarca en el proyecto de “Fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, Ministerio del Interior del Paraguay, en materia de infraestructura, insumos, equipos tácticos y logística en general”.

Las mismas exigencias

Lo más llamativo del pliego es que las especificaciones técnicas vuelven a ser idénticas a las utilizadas en julio de 2024, cuando el PTI-PY compró 390 patrulleras por más de G. 122.571 millones (unos US$ 15 millones), compra en la que resultó beneficiada Toyotoshi SA.

El pliego exige una cilindrada mínima de 2.300 cc, una potencia mínima de 140 HP, una capacidad de carga mínima de 850 kilogramos y seis airbags. Llamativamente, estos requisitos son iguales a los que, en aquella ocasión, motivaron 19 consultas de empresas interesadas.

La respuesta del PTI fue entonces que se trataba de “exigencias mínimas”. Las mismas especificaciones se repitieron en diciembre de 2024, en otra compra de 60 camionetas para el Ministerio del Interior.

En junio de 2025, para la compra de otras 52 patrulleras por G. 15.339 millones, el PTI había cambiado esos ítems: bajó la cilindrada a 1.895 cc, subió la potencia a 148 HP, elevó la carga a 1.000 kilos y redujo los airbags a dos. Ahora, curiosamente, volvió a los valores de 2024.

Antes, en junio de 2024, otra compra de patrulleras con fondos de Itaipú gestionada a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) exigía 1.960 cc. Es decir, en poco más de dos años las compras de patrulleras con dinero de la binacional usaron tres especificaciones distintas.

El pliego mantiene, además, la condición de que “la marca ofertada deberá contar con experiencia comprobada de uso por parte de fuerzas policiales de la región (América del Sur)”.

Advertencia ignorada

Durante el periodo de consultas, una de las empresas interesadas pidió que se acepten motores de menor cilindrada siempre que entreguen igual o mayor potencia, considerando que las nuevas tecnologías aseguran menor consumo y menos emisiones. El PTI rechazó el planteamiento: “No se aceptarán motores con cilindrada inferior a la especificada, aun cuando alcancen o superen la potencia mínima requerida”, respondió.

Otra consulta fue más directa. Cuestionó la exigencia de seis airbags en una camioneta de trabajo y advirtió que ese requisito “reduce drásticamente la cantidad de marcas y modelos participantes, pudiendo direccionar la licitación hacia una o dos marcas específicas que incluyen 6 airbags de serie en todas sus líneas”.

Según el planteamiento, la exigencia obliga a adquirir versiones de “lujo” y encarece cada vehículo entre 15 % y 25 %. A pesar de los reclamos, el PTI mantuvo los seis airbags y solo aceptó que los frenos traseros puedan ser a tambor.

A puertas de la definición

Mediante una adenda, el 19 de octubre pasado, la fundación recortó el plazo para realizar consultas: originalmente vencía el 27 de octubre y pasó a cerrar el 20 de octubre. Sin embargo, en el portal del PTI la adenda figura cargada recién el 23 de octubre, tres días después del nuevo cierre.

La entrega de ofertas está prevista para el próximo 4 de noviembre y la apertura de los sobres, para el día siguiente, en Hernandarias.

El gobierno de Peña viene adquiriendo patrulleras exclusivamente con fondos de Itaipú, hidroeléctrica dirigida por Justo Zacarías Irún, y por fuera del sistema de la DNCP, a través de la Unops o del PTI-PY.

Desde agosto de 2023, el Ministerio del Interior, a cargo de Enrique Riera, ya “trianguló” a través de la fundación 41 llamados por G. 314.242 millones.