La carestía de la vivienda hace aflorar el alquiler de habitaciones: "No puedo tener una casa para decir a mis hijas 'veníos a comer'"

Alquilar una habitación es la única opción de Lidia García para tener un techo. Esta mujer de 50 años, vecina de Azuqueca de Henares (Guadalajara), se quedó sin empleo durante la pandemia y tuvo que dejar el piso en el que llevaba diez años viviendo por no poder pagarlo. Desde entonces ha encadenado trabajos temporales "en lo que va surgiendo" y ha ido pasando de habitación en habitación, en la mayoría de casos sin siquiera contrato de alquiler. "Desde la pandemia llevo alquilando habitaciones, porque piso ha sido imposible conseguir ninguno. Ni siquiera puedo tener una casa para decir a mis hijas 'veníos a comer conmigo'", relata.

Lidia participa en un programa de empleo de Cáritas Sigüenza-Guadalajara y se está formando para trabajar en atención al cliente, aunque actualmente no tiene empleo. Su caso no es aislado. Una de cada cuatro personas atendidas por Cáritas Española en 2025 vivían en habitaciones alquiladas (266.435 personas), según un informe presentado este miércoles por la entidad social, que denuncia que la subida del precio de la vivienda está dejando fuera del mercado a las personas con menos recursos, desplazándolas hacia el alojamiento en habitaciones, subarriendos, acuerdos informales o casas en malas condiciones.

Cáritas calcula que para alquilar un piso en España sin destinar más del 30% del sueldo —que es el máximo nivel de esfuerzo recomendado— hace falta contar de media con unos ingresos de 1.734 euros mensuales. El 50,6% de las personas que viven de alquiler se encuentran por debajo de ese umbral. Esto significa que si tuvieran que firmar un nuevo contrato a día de hoy, la mitad de los inquilinos no podrían pagarlo sin superar el umbral de esfuerzo recomendado. La compra de una vivienda es todavía más inaccesible. El estudio estima que para conseguir una hipoteca para un piso tipo de 80 metros cuadrados hacen falta un mínimo de 2.438 euros mensuales. Siete de cada diez inquilinos no llegan a ese umbral, aun suponiendo que contaran con ahorros suficientes para pagar la entrada.

"El alquiler de habitaciones se ha convertido hoy en uno de los recursos utilizados por familias expulsadas del mercado ordinario de vivienda, en ocasiones mediante relaciones contractuales débiles, informales o incluso sin contrato, y con una tendencia a prolongarse y cronificar estrategias residenciales que, en el mejor de los casos, deberían ser transitorias", explicaba este miércoles en la presentación del informe Thomas Ubrich, sociólogo del comité técnico de la Fundación FOESSA, que advertía de que este tipo de soluciones habitacionales conllevan una gran inseguridad jurídica e indefensión para personas que se encuentran en situaciones de exclusión social.

Esa inseguridad se ha convertido en una constante para Lidia, que cuenta que solo en una de las habitaciones en las que ha vivido desde la pandemia ha tenido contrato de alquiler y, por tanto, no ha podido acceder a ningún tipo de ayuda para el pago de la vivienda y ha tenido problemas para empadronarse. "Yo ahora mismo estoy ilegal en todas partes, es penoso", lamenta la mujer, que este verano tuvo que mudarse porque la propietaria del piso en el que vivía —y con la que convivía— decidió vender la vivienda.

Ahora Lidia paga unos 350 euros al mes por una habitación que dice que está "bastante bien", pero reconoce que en los últimos seis años ha visto "de todo". "Ha habido habitaciones en las que no podías abrir la puerta porque estaba el armario, habitaciones con unas humedades increíbles y pagando 450 euros... Vas buscando algo mejor, pero siempre son habitaciones pequeñas, muy caras y con malas condiciones, sobre todo con humedades", señala, al mismo tiempo que explica que a la hora de buscar habitación se ha encontrado con abusos, como pedirle cuatro mensualidades por adelantado, y con muchas trabas no solo por los precios y por no tener un trabajo fijo, sino también por su edad: "Te ponen una criba de 18 a 35 años para alquilar una habitación".

"Al final tu vida se reduce a una habitación y de ahí no sales para no molestar o para que no te molesten", relata sobre su día a día Lidia, que echa de menos algo tan simple como poder sentarse en el salón a ver la televisión. "Tienes que minimizar toda tu ropa a las cuatro cosas que te puedan caber en un miniarmario, cuatro calzados y poca cosa... tienes que vivir con lo mínimo", añade. "Desde la pandemia tengo todas mis cosas en dos trasteros y estoy todos los meses pagando un dinero por no poder usar nada", cuenta.

La sensación de no sentirse del todo en casa al estar bajo el techo en el que reside también la conoce Pedro Vega, que vive en una habitación de una pensión que le paga Cáritas porque no tiene ingresos. "Nunca me vais a escuchar decir 'voy a mi casa'. Digo 'voy a la habitación', porque no lo considero mi hogar", explica este hombre de 60 años, que participa en un programa de personas sin hogar. Pedro, que trabajó durante 25 años en una empresa pero se quedó sin empleo por un ERE, agradece poder tener un techo, pero es consciente de que su situación es "inestable". "Yo he pasado de una situación de tener un hogar a no tenerlo y eso es muy duro", reconoce.

Cáritas denuncia en su informe que esta precariedad habitacional afecta al desarrollo personal. "No poder acceder a una vivienda o hacerlo únicamente desde la lógica de la 'solución habitacional' entendida en términos funcionales supone negar el hogar y dificulta el pleno desarrollo de muchas facetas humanas", explicaba en la presentación del estudio la secretaria general de Cáritas Española, María Gonzáles, que subrayaba que no debe reducirse el valor de las viviendas a su precio. "Cuando reducimos la vivienda a su valor de cambio medimos su importancia únicamente en términos de mercado y perdemos de vista lo que realmente está en juego: la posibilidad de una vida plena", señalaba.

Desde Cáritas remarcan que la conformación de un parque público de viviendas de alquiler social es clave para garantizar el acceso a la vivienda hogares con ingresos bajos e inestables y piden una mayor implicación de las administraciones públicas en este sentido. "Un parque social reducido impide responder adecuadamente a quienes quedan fuera de la compra y del alquiler de mercado. La vivienda, por tanto, debe situarse en el centro de las políticas de inclusión, no solo como infraestructura urbana o activo económico, sino como condición material para la integración social", resume Ubrich.