El arte de dimitir

El 30 de abril de 1994, Antoni Asunción, ministro del Interior con Felipe González, dimitió en horas cuando se enteró de que Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, había huido de España mientras se le investigaba por corrupción. Llamó la noche anterior al presidente para decirle que se iba y que su decisión era irrevocable. No podía seguir al frente del ministerio como si nada hubiera ocurrido. ¿Tenía el ministro Asunción alguna culpa en los fallos de vigilancia y en las tropelías de Roldán? En absoluto, pero asumió su responsabilidad política.

El 19 de febrero del año 2000, Manuel Pimentel, ministro de Trabajo con José María Aznar, renunció a su cargo tras enterarse de que la esposa de un alto cargo de su departamento había recibido subvenciones públicas del antiguo Instituto Nacional de Empleo (Inem). No lo dudó ni un instante. Destituyó al director general el día anterior y dejó algunas afirmaciones ejemplares en su despedida: "Uno debe ser responsable de lo que hacen sus colaboradores", o "igual que nos ponen, hay que saber irse". Tampoco Pimentel era culpable de las irregularidades cometidas, ni siquiera las conocía, pero también asumió su responsabilidad política.

En la historia de nuestra democracia no hay muchos casos de renuncias por responsabilidad política sin que medie ningún tipo de presión. Son por eso excepcionales. En España dimitir es una rareza, algo extraordinario, una anormalidad, un gesto que la estructura del poder considera peligroso, porque podría reflejar inestabilidad o debilidad. En una democracia vigorosa y eficiente no debería ser así. Una cosa es la culpa y otra diferente la responsabilidad de quien está al mando, aunque a veces puedan coincidir ambas, lo cual es muchísimo más grave. Pero estas renuncias por responsabilidad política deberían formar parte de la normalidad democrática si los acontecimientos quiebran la confianza y la credibilidad de los servidores públicos.

Cuando aparecen las tragedias o las dificultades, quien está al frente y quiere seguir estando repite siempre lo mismo: "Yo no huyo de la batalla, no soy un cobarde que se escapa cuando hay problemas. Es ahora cuando mi presencia es más necesaria". Hay pocas variantes sobre estas excusas. Pero todos estos trucos retóricos ya no engañan a nadie. Con estas justificaciones cansinas por reiteradas se está menospreciando el valor, la importancia y la dignidad del cargo que se desempeña.

Las democracias deben sostenerse sobre una cultura ética y unos principios que obliguen a quienes ejercen el poder político a responsabilizarse de sus decisiones y, por supuesto, de sus consecuencias. Y la más elevada expresión de este compromiso es saber dimitir. Por más que estemos cansados de verlo, aferrarse al poder por encima de todo no puede ser el objetivo esencial de un político. Desdichadamente, abundan los que son capaces de desdeñar los hechos y de convertir cualquier crítica en maniobras conspirativas para debilitarlo. Esto es una falta de cultura democrática, de respeto, un fraude a los votantes. Y cuando es evidente que se ha perdido la credibilidad y la autoridad moral para seguir ejerciendo el cargo, la dimisión se convierte en una exigencia moral. La confianza en las instituciones y la dignidad en la representación del cargo encarnan unos valores superiores que deben estar por encima de cualquier interés personal. La grandeza de un servidor público no solo puede medirse por su capacidad para gestionar los resortes del poder, sino por su honradez y valentía para asumir las consecuencias políticas de sus actos. Sobre todo cuando la confianza en los servicios públicos ha quedado hecha añicos.

¿Quién debe evaluar o dar fe de que realmente se ha quebrado la confianza y la credibilidad en las instituciones de tal modo que alguien asuma una responsabilidad política y deba dimitir de sus funciones? Puede ser compleja la respuesta en medio de un enfrentamiento encarnizado y feroz entre la clase política, en el que quizá solo se busca sacar rédito electoral a una dimisión sin que importe nada más. Sin embargo, esa evaluación debe nacer de la propia conciencia personal de cada cual, una conciencia honrada, responsable, libre, sin autoengaños interesados y sin apego al poder. Anteponiendo el interés general al particular y la dignidad de las instituciones para que la democracia siga siendo fiable y evite la desconfianza y el desasosiego de los ciudadanos.

Antoni Asunción y Manuel Pimentel lo tuvieron claro al instante. Supieron asumir con una conciencia limpia y digna que tenían que marcharse, no por culpa, sino por responsabilidad política. No se aferraron al poder. No tuvieron necesidad de soportar presiones ni de oír gritos de indignación y rabia de aquellos que podían reclamar que dimitieran. Se fueron sin más. De la noche a la mañana. Con ejemplaridad y decencia.