El INE, Zedillo y la autocracia que nos gobierna

Cuando la tiranía se convierte en ley, la rebelión se convierte en deber.

Frase atribuida a Thomas Jefferson

La presunta corrupción en el INE durante la gestión de Guadalupe Taddei coloca a la institución en una crisis de confianza. En este contexto reaparece Ernesto Zedillo, uno de los protagonistas de la transición democrática para advertir sobre el desmantelamiento de los contrapesos que hicieron posible la alternancia.

En un conversatorio organizado por Letras Libres en Madrid, el expresidente afirmó que México vive una autocracia electoral. Según su diagnóstico, para acreditar una democracia no es suficiente celebrar elecciones sin garantizar condiciones de competencia e instituciones capaces de frenar los abusos del poder.

Sobre los riesgos en los comicios federales de 2027, Zedillo alertó diversos factores que pueden inclinar la competencia, como el posible uso de recursos públicos en beneficio del oficialismo, intervención del crimen organizado y la pérdida de independencia de las autoridades encargadas de impedirlo.

Antecedentes

En septiembre de 2024, durante la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Abogados, condenó la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador. Advirtió que la frustración presidencial ante una Suprema Corte independiente había desembocado en una ofensiva para someter al Poder Judicial.

Según Zedillo, elegir juzgadores mediante el voto popular no garantizaba una justicia democrática; por el contrario, abría la puerta a la subordinación partidista de los tribunales y debilitaba las condiciones profesionales necesarias para impartir justicia.

En abril de 2025 publicó en Letras Libres el ensayo México: de la democracia a la tiranía, donde responsabilizó al expresidente y a Claudia Sheinbaum de impulsar un proyecto que, en su opinión, destruye la división de poderes.

Y no, la democracia no era una obra perfecta.

La autonomía que costó décadas construir

Pero conviene recordar la reforma electoral de 1996. El 25 de julio, en Palacio Nacional, Ernesto Zedillo encabezó la firma del acuerdo político que abrió paso a una transformación decisiva: retiró al Ejecutivo de la integración del Consejo General del IFE y consolidó la autonomía del árbitro electoral.

La reforma constitucional fue resultado de negociaciones entre PRI, PAN, PRD y PT y décadas de presión ciudadana y opositora. Una conquista colectiva que obligó al gobierno a renunciar al control directo de las elecciones.

Aquella arquitectura permitió un Congreso plural, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997 y llegó la alternancia presidencial en 2000. Mientras, la reforma judicial de 1994, instrumentada desde 1995, contribuyó a fortalecer a la Suprema Corte como contrapeso constitucional. Sí, con limitaciones, pero México comenzó a distribuir el poder y a construir un más efectivo Estado de derecho.

Fueron estas instituciones las que permitieron a López Obrador llegar a la Presidencia. Sin embargo, como gobierno las convirtió en blanco de ataques. Presentó al INE como un organismo costoso y alejado del pueblo y promovió reformas que, bajo promesas de austeridad y democratización, comprometían su independencia.

En los llamados Plan A y Plan B el legítimo debate sobre costos y funcionamiento fue utilizado para desacreditar y debilitar la autonomía del árbitro.

Independencia no obediencia

Sheinbaum asumió la continuidad de ese proyecto y, aunque las iniciativas fueron concebidas por su antecesor, la responsabilidad de su administración no desaparece.

La actual crisis del INE exige investigaciones, transparencia y que se acrediten responsabilidades. La corrupción debe sancionarse y obligar a la discusión sobre quién vigila al poder si los contrapesos se debilitan.

Ese es el peligro rumbo a 2027. Una autocracia electoral que conserva la forma, pero vacía la competencia de garantías. México tardó décadas en construir instituciones para que el gobierno finalmente dejara de decidir quién podía derrotarlo y las han ido destruyendo en nombre del pueblo para recuperar la capacidad de administrar su permanencia.

Lo advirtió Liébano Sáenz, uno de los actores de aquella transformación, la designación de quien presida definitivamente el INE corresponde a la Cámara de Diputados y si vuelven a imponerse cuotas y lealtades, la crisis no habrá servido de nada. México no necesita un árbitro obediente ni enfrentado al gobierno: necesita uno independiente. “Cuando se pierde la confianza en quien cuenta los votos, también se resquebraja la legitimidad de quien gana”.

La advertencia de Zedillo incomoda por lo que exhibe, que el movimiento que llegó democráticamente ha ido debilitando las condiciones de la competencia futura, porque sin árbitros independientes ni justicia autónoma, votar será un derecho, sí, pero cambiar de gobierno, una posibilidad cada vez más remota.

X: @diaz_manuel