Zenaida Delgado presenta hoy su defensa ante comisión del Senado

• La legisladora comparecerá a las 15:30 ante la Comisión de Asuntos Constitucionales para responder a los siete puntos del pedido de pérdida de investidura por el presunto cobro de dinero a sus funcionarios.
• Delgado descartó renunciar a su banca y decidió someterse al proceso impulsado por la senadora Yolanda Paredes. La comisión emitirá su dictamen el próximo miércoles 4 de noviembre.
• Las funcionarias denunciantes rechazaron un acuerdo que contemplaba el pago de sus deudas a cambio de no divulgar conversaciones y entregar sus teléfonos para eliminar mensajes.

La senadora Zenaida Delgado comparecerá hoy, a las 15:30, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta para presentar su descargo sobre las denuncias de un presunto esquema de cobro de dinero a funcionarios de su despacho a cambio de contratos, bonificaciones y nombramientos.

La legisladora acudirá acompañada de su abogado, Óscar Tuma, y deberá responder a los siete puntos incluidos en el libelo acusatorio que sustenta el pedido de pérdida de investidura promovido por su colega Yolanda Paredes, del partido Cruzada Nacional.

Delgado, quien abandonó esa nucleación política poco después de asumir su banca para incorporarse al sector cartista de la ANR, descartó hasta el momento presentar su renuncia y optó por enfrentar el proceso parlamentario. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Javier Zacarías Irún, deberá emitir su dictamen en la sesión prevista para el miércoles 4 de noviembre.

El pedido de expulsión había quedado postergado la semana pasada, luego de que la propia senadora solicitara más tiempo para preparar su defensa y anunciara que se pondría a disposición del Ministerio Público. La moción de aplazamiento consiguió 28 votos de diferentes bancadas, mientras que las senadoras de Cruzada Nacional votaron en contra.

Uno de los puntos más delicados del caso guarda relación con las denuncias de tres funcionarias que señalaron que Delgado supuestamente les exigía parte de sus ingresos a cambio de mantener sus puestos y acceder a beneficios salariales.

Según las denunciantes, los descuentos mensuales habrían llegado hasta G. 2 millones, mientras que también se habrían solicitado pagos de G. 50 millones y G. 15 millones para gestionar sus respectivos nombramientos en el Congreso.

En medio de la controversia, la senadora habría intentado alcanzar un acuerdo con las funcionarias Leonarda Vera Santander, Lorena Elizabeth Gauto Domínguez y Lidia González. La propuesta contemplaba el pago de G. 70 millones para cubrir tres créditos contraídos por las denunciantes, a cambio de que dejaran de hablar con la prensa y no siguieran difundiendo las conversaciones que mantuvieron con la legisladora.

Sin embargo, las funcionarias se negaron a firmar el documento. González explicó que el acuerdo también establecía la entrega de sus teléfonos celulares para que un técnico contratado por Delgado eliminara los mensajes intercambiados con la senadora. Las denunciantes consideraron que esto implicaba desprenderse de evidencias relacionadas con sus acusaciones.

A estas situaciones se sumó el relato sobre otro supuesto procedimiento para eliminar conversaciones. Una funcionaria identificada como Mirtha Jara habría sido citada en el estacionamiento del Congreso por intermedio de Fátima Delgado, hermana de la legisladora, donde supuestamente le exigieron entregar su teléfono para borrar mensajes comprometedores.

Las denuncias también apuntan a los movimientos en la planilla salarial del Senado. De acuerdo con los registros institucionales, Delgado habría gestionado reajustes salariales para 17 funcionarios de su entorno desde el 2023, periodo en el que pasó a integrar el oficialismo colorado y consiguió mayor protagonismo dentro de las comisiones legislativas.

El supuesto mecanismo habría comenzado con la asignación de bonificaciones y posteriores exigencias de dinero a cambio de conservar los beneficios o acceder a cargos dentro de la institución.

El caso también volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la cantidad de funcionarios del Congreso y la necesidad de establecer una carrera legislativa. En febrero de 2024, la entonces senadora Kattya González y otros legisladores opositores habían presentado un anteproyecto que planteaba una estructura de 625 servidores públicos, frente a los 3.543 contemplados en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027.

La iniciativa no llegó a formalizarse para su tratamiento legislativo y perdió impulso tras la destitución de González.