Senadora Delgado presentará descargo ante Comisión de Asuntos Constitucionales

La parlamentaria <b>Zenaida Delgado</b> tiene prevista su comparecencia para este lunes, a partir de las 15:30, ante la <b>Comisión de Asuntos Constitucionales</b> del <b>Senado</b>. En dicha instancia, la legisladora expondrá su defensa técnica ante los señalamientos de presunta exigencia de dinero a funcionarios institucionales para otorgar contratos, nombramientos e incrementos de haberes. Pese a la gravedad de los cuestionamientos, la congresista optó por mantenerse en su banca y enfrentar el procedimiento de <b>pérdida de investidura</b> iniciado en el ámbito legislativo.

Durante la audiencia, la senadora asistirá junto a su representante legal, el abogado <b>Óscar Tuma</b>, con el propósito de rebatir los siete ejes articulados en el libelo acusatorio que fue redactado e impulsado por la parlamentaria <b>Yolanda Paredes</b>, referente de <b>Cruzada Nacional</b>. El estamento asesor proyecta dictaminar sobre el expediente con miras a la sesión ordinaria fijada para el miércoles 4 de noviembre, fecha en que la plenaria resolvería su eventual destitución.

Las consideraciones del documento acusatorio indican que la integrante de la Cámara Alta habría solicitado sumas de hasta G. 50 millones y G. 15 millones a dos trabajadoras para garantizar sus vinculaciones laborales en el <b>Congreso</b>. Asimismo, el escrito puntualiza la supuesta retención mensual de bonificaciones por montos de hasta G. 2 millones, sumado a las gestiones que habría realizado para concretar reajustes salariales en favor de 17 colaboradores dentro de la institución desde el año 2023.

<b>Intento de acuerdo</b>

En los días previos, la legisladora <b>Zenaida Delgado</b> logró frenar de manera temporal la discusión sobre su <b>pérdida de investidura</b>, merced a un respaldo de 28 votos que le otorgó prórroga para estructurar su alegato. Tras esa determinación en la plenaria, la parlamentaria acudió al <b>Ministerio Público</b> para plantear un acuerdo extrajudicial a las tres denunciantes, proponiendo el cese de las filtraciones de chats y el compromiso de guardar silencio ante los medios de comunicación.

La contrapropuesta económica de la senadora contemplaba la cancelación de G. 70 millones destinados a cubrir tres compromisos crediticios asumidos por dos de las afectadas. No obstante, las denunciantes desestimaron firmar el documento debido a que, según puntualizó <b>Lidia González</b>, la cláusula central exigía la cesión de los dispositivos móviles para eliminar registros digitales. A este escenario se suma el episodio expuesto por <b>Mirtha Jara</b>, quien refirió que fue citada en el estacionamiento del <b>Congreso</b> por intermedio de la hermana de la congresista para entregar su teléfono bajo el precepto de borrar los mensajes que constituyen pruebas en el proceso.