Empresas del ”clan Taddei” ganan 123MDP en la Elección Judicial tras simular competencia, según investigación de El Universal
MÉXICO.- Una investigación periodística realizada por EL UNIVERSAL a partir de revisiones contractuales e informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que dos empresas vinculadas al grupo del empresario José Alfredo Hernández Casillas, cercano a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, obtuvieron 123 millones 143 mil 630 pesos durante el proceso extraordinario de la Elección Judicial de 2025.
Los recursos públicos provienen de contratos adjudicados por Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en cinco estados para la compra de papelería, urnas y materiales utilizados en la jornada y sus simulacros.
Las firmas beneficiadas son Cajas Graf y Litho Formas, las cuales forman parte de un conglomerado de siete compañías investigadas por la ASF y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunta simulación de competencia en licitaciones públicas.
De acuerdo con los documentos oficiales obtenidos por el citado medio de comunicación, estas compañías compartieron direcciones fiscales, intercambiaron representantes legales y compitieron entre sí de forma simulada en procesos de adquisición en Coahuila, Sonora, San Luis Potosí, Nayarit y Quintana Roo, destacó El Universal.

¿Qué estados otorgaron contratos millonarios a Cajas Graf y Litho Formas?
El desglose de los registros contractuales firmados durante 2025 muestra que el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) concentró la mayor asignación de recursos.
A través del contrato IEQROO/LPN/16/2025, adjudicó 34 millones 798 mil pesos a Litho Formas, suma a la que se añadió una adenda por 15 millones 897 mil 222 pesos con Cajas Graf, alcanzando un total de 50 millones 695 mil 224 pesos.
Por su parte, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora pagó 31 millones 098 mil 292 pesos a Cajas Graf mediante el contrato 038/2025 y su convenio modificatorio 039/2025. Los órganos electorales de San Luis Potosí, Coahuila y Nayarit completaron el monto acumulado con contrataciones destinadas a la misma jornada electoral.
| Estado | Órgano Electoral (OPLE) | Empresa Contratada | Monto Adjudicado (MXN) |
|---|---|---|---|
| Quintana Roo | IEQROO | Litho Formas y Cajas Graf | $50,695,224 |
| Sonora | IEE Sonora | Cajas Graf | $31,098,292 |
| San Luis Potosí | CEEPAC | Litho Formas | $16,899,925 |
| Coahuila | IEC | Cajas Graf | $16,874,959 |
| Nayarit | IEEN | Litho Formas | $7,575,228 |
| Total acumulado | 5 estados | 2 empresas | $123,143,630 |
¿Cómo funcionaba la presunta red de simulación de competencia?
Las investigaciones de la ASF y la UIF documentaron que el grupo encabezado por José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas empleaba un esquema en el que varias empresas participaban en la misma licitación para aparentar concurrencia de proveedores.
Los registros del Registro Público del Comercio señalan que las compañías compartían ubicaciones corporativas y modificaban constantemente a sus apoderados legales.
Vínculos físicos entre las plantas del Estado de México
Durante un recorrido de campo reportado por EL UNIVERSAL a las direcciones fiscales de Cajas Graf y Corporativo Zeg en la colonia Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México, se constató que solo dos calles separan a ambas instalaciones:
- Cajas Graf: Ubicada en la calle Luis G. Sada 71, Viveros Xalostoc.
- Corporativo Zeg: Ubicada en la calle Escape 76, en la misma localidad.
En el lugar, trabajadores de la planta confirmaron la colaboración operativa entre las dos compañías, señalando que compartían la elaboración de pedidos y trabajos de producción.
Contexto del caso y seguimiento de la investigación fiscal
Las indagatorias de las autoridades auditoras señalan que la relación de este grupo corporativo con Guadalupe Taddei inició en 2014, cuando ella se desempeñaba como titular del Instituto Electoral del Estado de Sonora.
Previo al proceso de la Elección Judicial de 2025, la ASF y la UIF identificaron asignaciones previas a estas mismas compañías por un monto superior a mil millones de pesos en 13 entidades del país, las cuales continúan bajo revisión por adjudicaciones directas sin justificación legal y esquemas de falsa competencia.
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