Juicio por YPF: 15 estados de EE.UU. fueron a la Corte Suprema para apoyar a los demandantes contra la Argentina

La presentación, encabezada por Missouri, fue realizada bajo la figura de amicus curiae, que permite a terceros interesados aportar argumentos ante los tribunales sin convertirse en parte del litigio.

Los fiscales generales de los estados que suscribieron el documento son republicanos, con la excepción del representante de las Islas Marianas del Norte, que es independiente. Esa composición política podría limitar la influencia del escrito, según la interpretación de Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro.

"Todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos (solo el de las Islas Marianas es 'independiente'). La ausencia de demócratas no es decisiva pero lo torna menos persuasivo", sostuvo Soler en un posteo en X.

El documento plantea que el tribunal de apelaciones interpretó incorrectamente la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA), al permitir, según los firmantes, que la legislación argentina impidiera a los demandantes obtener una reparación en los tribunales estadounidenses.

Sebastián Maril, analista de Latam Advisors especializado en el litigio por YPF, explicó que los estados "advierten que el criterio del Segundo Circuito podría servir de hoja de ruta para que los Estados extranjeros eludan las sentencias de los tribunales estadounidenses mediante la aprobación de leyes internas convenientes para ellos".

En esa línea, el escrito menciona como antecedentes las demandas impulsadas por Missouri y Mississippi contra China por presuntas prácticas comerciales perjudiciales durante la pandemia de coronavirus. Los fiscales generales sostienen que una interpretación similar a la aplicada en el caso YPF podría dificultar futuros reclamos contra gobiernos extranjeros.

Sin embargo, Soler cuestionó el fundamento jurídico de la presentación y consideró que parte de una interpretación equivocada de lo que resolvió el tribunal neoyorquino.

"La premisa del argumento es falsa: La Cámara sí ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino (societario y ley general de expropiaciones), el único relevante para resolver una disputa entre accionistas sobre el incumplimiento del estatuto de una sociedad argentina, algo en lo que han coincidido todas las partes y todos los jueces que intervinieron en el litigio", afirmó.

Según explicó Maril, durante las próximas semanas podrían presentarse nuevos escritos de amicus curiae, tanto a favor de los demandantes como en respaldo de la posición argentina.

Otro elemento pendiente será la eventual intervención del procurador general de Estados Unidos, John Sauer, quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Missouri. Su opinión podría resultar relevante para la evaluación del caso.

Maril recordó que el procurador general interviene cuando la Corte Suprema solicita su posición, algo habitual en litigios que involucran a Estados soberanos. Como antecedente, señaló que en 2018 Noel Francisco, procurador general durante la primera presidencia de Donald Trump, se pronunció en contra de la Argentina.