Exige morenista castigo por ‘Estafa Regia’
- Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, exigió investigar los cobros fantasma en el Gobierno de Nuevo León y evitar privilegios o encubrimiento para los responsables.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, demandó que no haya encubrimiento ni privilegios para los responsables de los cobros fantasma detectados en el Gobierno de Nuevo León, encabezado por el emecista Samuel García.
El legislador recordó que desde octubre de 2025 advirtió sobre el presunto involucramiento del Mandatario estatal en esquemas de facturación falsa, trama a la que bautizó como “La Estafa Regia”.
“La denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos durante la Administración estatal, obliga a esclarecer el destino de los recursos públicos y determinar las responsabilidades correspondientes”, señaló mediante un comunicado.
Detalló que la ASF identificó cuatro rutas de transferencias de recursos públicos a través de distintas empresas, mediante las cuales al menos 728.13 millones de pesos habrían terminado en un despacho jurídico vinculado al Gobernador García y a su padre.
“Se trata de señalamientos de enorme gravedad sobre el posible uso del presupuesto público para favorecer intereses particulares”, sostuvo.
“Ningún gobernador, legislador, funcionario público o empresario puede colocarse por encima de la ley. Los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y deben destinarse al bienestar colectivo, no al enriquecimiento de particulares ni a la consolidación de redes de intereses políticos y económicos”.
Ramírez Cuéllar precisó que el pasado 29 de julio presentó ante la Comisión Permanente del Congreso un punto de acuerdo para solicitar a la ASF una auditoría integral a las transferencias federales ejercidas por la Administración de Nuevo León, en particular las asignadas a contratos de servicios y obra pública. La propuesta fue avalada por el Pleno el 19 de agosto posterior.
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