7 decisiones políticas de AMLO que perjudicaron la economía de las familias mexicanas

El gobierno de AMLO, que estuvo al frente de México de 2018 a 2024, tomó decisiones que modificaron el rumbo del gasto público, los servicios de salud, la política energética y los programas sociales. Algunas de ellas representaron costos millonarios, mientras que otras generaron incertidumbre sobre sus beneficios y consecuencias a largo plazo.

Aunque no todos sus efectos pueden atribuirse exclusivamente a una decisión presidencial, existen siete medidas que fueron cuestionadas por especialistas debido a sus repercusiones económicas y al costo de oportunidad que representaron para el país.

1. Cancelar el aeropuerto de Texcoco

Una de las decisiones más polémicas de López Obrador fue cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, después de una consulta popular realizada en octubre de 2018. El argumento del entonces presidente fue que el proyecto tenía irregularidades y costos elevados. Sin embargo, la cancelación también representó una importante carga económica. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calculó inicialmente que el costo total podía alcanzar los 331 mil 996 millones de pesos, cifra que generó controversia y revisiones posteriores. El dinero destinado a liquidar contratos, recomprar bonos y cerrar el proyecto se convirtió en uno de los ejemplos más representativos del costo de oportunidad de las decisiones del sexenio. Es decir, recursos públicos que pudieron haberse destinado a otras necesidades, aunque no todo ese monto correspondió a un desembolso inmediato del presupuesto.

2. Construir la refinería de Dos Bocas

Otro proyecto prioritario de AMLO fue la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. La intención era fortalecer la producción nacional de combustibles y reducir la dependencia de las importaciones de gasolina. Sin embargo, el presupuesto inicial de aproximadamente 8 mil millones de dólares quedó rebasado. En abril de 2022, López Obrador reconoció que el costo rondaría los 9 mil millones de dólares, mientras que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió sobre sobrecostos de entre 38 y 50 por ciento respecto al presupuesto original. La controversia económica radicó en la cantidad de recursos públicos comprometidos en una obra cuya rentabilidad y capacidad para traducirse en combustibles más baratos para los consumidores también fueron cuestionadas. Para las familias mexicanas, el problema fue el costo de oportunidad de destinar tantos recursos a un proyecto en lugar de fortalecer otras áreas prioritarias.

3. Destinar miles de millones al Tren Maya

El Tren Maya fue otra de las grandes apuestas de infraestructura del gobierno de López Obrador. El proyecto buscaba impulsar el turismo, conectar distintas regiones del sureste y generar oportunidades económicas para las comunidades. No obstante, su presupuesto y los recursos destinados a su construcción despertaron cuestionamientos. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el proyecto acumuló una asignación de 514 mil 217 millones de pesos hasta 2024. El debate no se limitó a la utilidad de la obra, sino a la prioridad que recibió dentro del gasto público. Para los críticos, semejante inversión representó recursos que pudieron destinarse a hospitales, carreteras, infraestructura hidráulica, educación y otros servicios que también influyen directamente en la economía de los hogares.

4. Eliminar el Seguro Popular y crear el INSABI

En 2020, el gobierno de AMLO desapareció el Seguro Popular y puso en marcha el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con la promesa de ofrecer atención médica gratuita a las personas sin seguridad social. Sin embargo, la transición institucional generó dificultades de operación, incertidumbre sobre la cobertura y problemas de acceso a determinados servicios médicos. Posteriormente, el INSABI también desapareció y sus funciones fueron trasladadas al IMSS-Bienestar. El impacto económico de estos cambios fue especialmente importante para las familias que dependían de los servicios públicos. Cuando una persona no consigue medicamentos, consultas o tratamientos oportunos en una institución pública, puede terminar pagando de su propio bolsillo en hospitales, clínicas y farmacias privadas.

5. Sustituir Prospera por las Becas Benito Juárez

Otra modificación importante ocurrió en la política social. En 2019, López Obrador eliminó Prospera, un programa que proporcionaba transferencias económicas a familias en situación de pobreza y vinculaba los apoyos con compromisos relacionados con educación y salud. En su lugar, el gobierno impulsó programas como las Becas para el Bienestar Benito Juárez, con un esquema distinto de entrega de recursos. Aunque el nuevo modelo amplió algunas transferencias y permitió que otros sectores recibieran apoyos, también modificó el acompañamiento que recibían las familias beneficiarias de Prospera. La sustitución generó cuestionamientos porque el programa anterior no solamente entregaba dinero, sino que tenía componentes relacionados con la alimentación, la educación y la atención médica.

6. Frenar las inversiones privadas en el sector energético

Durante su gobierno, AMLO impulsó una política energética que buscaba fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dando mayor protagonismo a las empresas del Estado. Como parte de esta estrategia, se cancelaron nuevas rondas petroleras y se suspendieron subastas eléctricas de largo plazo que permitían la participación de empresas privadas, incluidas aquellas dedicadas a generar electricidad mediante fuentes renovables. La decisión generó preocupación entre especialistas por sus posibles efectos sobre la inversión, la competencia y la capacidad de ampliar la infraestructura eléctrica. Un análisis publicado en Foro Internacional, de El Colegio de México, documentó que las barreras regulatorias y la suspensión de subastas desincentivaron nuevas inversiones privadas en el sector.

7. Desaparecer fideicomisos públicos como el Fonden

En 2020, durante el gobierno de López Obrador, se publicó un decreto para extinguir o terminar diversos fideicomisos públicos, como parte de su política de austeridad y reorganización del gasto gubernamental. Entre los mecanismos más conocidos estaba el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que permitía financiar acciones de atención y reconstrucción después de fenómenos naturales como huracanes, inundaciones y terremotos. La desaparición de este instrumento generó preocupación porque representaba un mecanismo financiero para responder a emergencias que podían dejar a miles de familias sin vivienda, empleo o patrimonio. Aunque el gobierno aseguró que los recursos continuarían disponibles mediante mecanismos presupuestarios y que la eliminación buscaba evitar irregularidades, especialistas y organizaciones cuestionaron la pérdida de un esquema específico para atender desastres.