La detención de Inés Gómez Mont en Miami, el 30 de octubre de 2026, reactivó el interés por una investigación sobre presuntos desvíos de 2 mil 950 millones de pesos mediante contratos del sistema penitenciario federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto

MIAMI.-La detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, el 30 de octubre de 2026, reactivó la atención sobre una investigación que comenzó años antes de que la exconductora abandonara México: el presunto desvío de 2,950 millones de pesos relacionados con contratos del sistema penitenciario federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La detención en Miami

• La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Gómez Mont fue asegurada en Estados Unidos mediante un intercambio de información entre ambos gobiernos.
• Existe una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
• La exconductora quedó bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.
• Es importante subrayar que su captura no significa que exista una sentencia condenatoria por los delitos que se le atribuyen.

El origen de la investigación

• El expediente también involucra a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y va más allá de las acusaciones fiscales: las autoridades investigan una presunta red de empresas utilizadas para recibir y transferir recursos de contratos gubernamentales.
• Las operaciones investigadas se remontan a 2016, durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando Miguel Ángel Osorio Chong estaba al frente de la Secretaría de Gobernación.
• El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, encargado de los centros penitenciarios federales, otorgó contratos relacionados con servicios tecnológicos, de seguridad y vigilancia.
• Según el análisis difundido por Valentina Media en TikTok, los recursos estaban destinados a conectar siete penales federales con un centro de control.
• Se señalan presuntas irregularidades en la competencia entre proveedores y en la documentación utilizada para las contrataciones.

Cómo se habría movido el dinero

• Los recursos habrían circulado a través de ocho empresas y 1,446 operaciones bancarias, mediante un sistema de transferencias que presuntamente dificultaba identificar a los destinatarios finales.
• El esquema consistía en distribuir recursos entre compañías relacionadas, algunas señaladas por presuntas operaciones simuladas.
• Entre las empresas mencionadas en los expedientes y reportes periodísticos figuran Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Rancel y Comcelint.
• En febrero de 2025 se informó de la vinculación a proceso de un presunto operador de la red.
• La existencia de transferencias bancarias no demuestra automáticamente que todos sus destinatarios hayan cometido un delito; la responsabilidad de cada persona debe establecerse con pruebas.

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¿Cuánto dinero recibió Inés Gómez Mont?

• Documentos judiciales retomados por El Financiero identificaron depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos a favor de Gómez Mont, procedentes de dos compañías relacionadas con el caso: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones.
• El análisis de Valentina Media también señala transferencias inferiores a 250 mil pesos atribuidas directamente a Víctor Manuel Álvarez Puga.
• Estas cantidades son considerablemente menores que los 2,950 millones de pesos bajo investigación.
• La diferencia no permite concluir automáticamente que el resto de los recursos haya sido apropiado por otras personas ni que todo ese dinero continúe desaparecido.

La conexión con la familia de Ricardo Salinas Pliego

• El 3 de diciembre de 2025, El País publicó una investigación de Zedryk Raziel sobre transferencias realizadas desde empresas y operadores relacionados con la red de Álvarez Puga.
• El reportaje identificó pagos a personas vinculadas con familias políticas, empresariales y del entretenimiento.
• Entre los nombres mencionados aparece Rodrigo Ripstein Kaim, exesposo de Ninfa Salinas Sada, hija del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien habría recibido 11.3 millones de pesos mediante transferencias relacionadas con la red financiera examinada.
• Valentina Media destacó la relación de amistad entre Gómez Mont y Ninfa Salinas Sada como contexto social.
• Precisión importante: la amistad entre Gómez Mont y Ninfa Salinas no demuestra participación en las operaciones financieras, y el parentesco de Ripstein con la familia Salinas tampoco acredita responsabilidad penal. Las transferencias documentadas no equivalen a una sentencia.

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Las órdenes de aprehensión y los procedimientos judiciales

• Las investigaciones avanzaron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
• En 2021, las autoridades mexicanas obtuvieron órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• En septiembre de 2025, Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos por autoridades migratorias; posteriormente obtuvo libertad bajo fianza.
• En septiembre de 2026, Interpol retiró las notificaciones rojas contra ambos; el Gobierno mexicano anunció que buscaría su reactivación.
• Un mes después, el 30 de octubre de 2026, la FGR confirmó la detención de Gómez Mont en Miami.

¿Qué falta por esclarecer de los 2,950 millones de pesos?

• Identificar cuáles fueron los servicios efectivamente prestados.
• Determinar qué funcionarios participaron en la autorización de los contratos.
• Conocer qué personas o compañías recibieron finalmente los recursos.
• Establecer qué operaciones fueron justificadas comercialmente, cuáles se consideran simuladas y cuáles cuentan con pruebas suficientes para sustentar una acusación penal.
• Conocer la trazabilidad completa de los fondos y las resoluciones judiciales correspondientes.

A diez años de los contratos originales, la principal interrogante ya no se limita a la situación judicial de una figura de televisión: también está en determinar cómo se administraron los recursos públicos, qué controles fallaron y qué responsabilidades pueden acreditarse. El caso ha tenido avances judiciales contra personas relacionadas con las empresas investigadas, pero estos avances no deben confundirse con una resolución definitiva sobre el destino de la totalidad del dinero. La investigación que comenzó con operaciones del sistema penitenciario federal sigue teniendo consecuencias judiciales, mientras permanece pendiente una explicación pública completa sobre el recorrido y destino de los recursos examinados.