Inés Gómez Mont interpone recurso de habeas corpus en corte de Estados Unidos tras su detención

La conductora de televisión mexicana Inés Gómez Mont recurrió a los tribunales de Estados Unidos para impugnar su detención migratoria mediante una demanda de habeas corpus, una figura jurídica similar a un amparo orientada a que un juez examine la legalidad de su privación de la libertad.

El equipo legal de la exconductora del programa “Hoy” presentó la demanda el sábado 31 de octubre de 2026 ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, con el objetivo de someter a revisión judicial los motivos por los cuales permanece bajo custodia.

El escrito inicial incluyó una moción de emergencia para impedir que la trasladen a otro recinto migratorio mientras se define su situación legal; sin embargo, el juez a cargo denegó la suspensión cautelar inmediata solicitada por sus abogados. Ante la negativa de dicha medida precautoria, Inés Gómez Mont continúa retenida en las instalaciones del Centro de Transición de Broward, localizado en Pompano Beach, Florida.

Revisión judicial y argumentos de la defensa

De acuerdo con información del diario Reforma, el juez federal Jeffrey Kuntz instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otras dependencias a sustentar la necesidad de mantener a Inés Gómez Mont, de 43 años de edad, bajo arresto, fijando como fecha límite el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Al fundamentar su determinación sobre el traslado, el juzgador aclaró que las cortes carecen de facultades legales para bloquear la reubicación de personas detenidas entre distintos distritos, facultad que compete de forma exclusiva al Departamento de Justicia de Estados Unidos. El expediente del litigio permanece clasificado bajo reserva.

Dentro de la documentación incorporada al expediente se adjuntaron dictámenes e informes clínicos correspondientes a la atención médica que recibe una de las hijas de Inés Gómez Mont. Los abogados de la exconductora del matutino “Hoy” utiliza dichos antecedentes médicos como eje argumentativo para justificar que debe permanecer en el área metropolitana de Miami, Florida, y evitar su envío a otro centro de detención migratoria.

El centro donde está Inés Gómez Mont recibe a detenidos no violentos

Cabe mencionar que el Centro de Transición de Broward, donde se encuentra retenida Inés Gómez Mont, es una instalación operada por la empresa privada GEO Group bajo contrato con ICE, clasificada para infractores migratorios no violentos.

En los últimos meses de 2026, organizaciones de derechos civiles en Florida han reportado un incremento del cuarenta por ciento en la presentación de demandas de habeas corpus por parte de migrantes bajo custodia de ICE.

Esta tendencia responde a una política acelerada de reubicación implementada por las autoridades migratorias para trasladar a los detenidos desde el sur de Florida hacia instalaciones en Luisiana y Georgia, donde el acceso a representación legal es significativamente menor.

Los abogados defensores utilizan este recurso federal no solo para cuestionar la legalidad de la detención, sino como una táctica dilatoria que permita a sus clientes mantener la cercanía con sus equipos legales y familiares mientras se resuelven sus procesos de deportación o asilo.

Inés Gómez Mont profuga de la justicia mexicana desde 2021

La captura de Inés Gómez Mont ocurrió el 30 de octubre de 2026 en la ciudad de Miami, tras permanecer en calidad de prófuga de la justicia mexicana desde el año 2021.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en un breve comunicado que derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, fue detenida Inés Gómez Mont, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en México, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

A Inés Gómez Mont “se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Art. 13 CNPP”.

“Caso Querubines”: el presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos

A la par con su situación migratoria en Estados Unidos, Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, cuentan con ordenes de aprehensión en México desde septiembre de 2021. Las autoridades mexicanas los señalan como los principales operadores de una red dedicada a la delincuencia organizada y a la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito comúnmente conocido como lavado de dinero.

La investigación penal, denominada “Caso Querubines”, se centra en el presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos, durante el sexenio del expresidente de México Enrique Peña Nieto. Según las investigaciones, este desfalco se habría orquestado mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasma, simulando la compra de equipos de seguridad e interconexión para prisiones federales.

El expediente de la Fiscalía General de la República detalla que el desfalco se ejecutó a través de la adjudicación directa de contratos por 2 mil 950 millones de pesos a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V.

Estos acuerdos fueron otorgados en 2016 por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, entonces dependiente de la Secretaría de Gobernación bajo la titularidad de Miguel Ángel Osorio Chong.

Los fondos, destinados supuestamente a sistemas de interconexión para penales federales, fueron dispersados mediante más de mil 400 operaciones bancarias hacia empresas fantasma controladas, al parecer, por Víctor Manuel Álvarez Puga y su hermano Alejandro. Las autoridades determinaron que los servicios contratados nunca se prestaron y la información fue reservada por cinco años bajo el argumento de seguridad nacional.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga buscados por la Interpol

La pareja abandó el territorio mexicano y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una notificación roja para su localización; la defensa legal del matrimonio tramitó amparos.

El 30 de septiembre de 2026, el caso judicial de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga dio un giro inesperado a nivel internacional. Se dio a conocer que la Interpol tomó la decisión de retirar la ficha roja que pesaba sobre el matrimonio, la cual había sido emitida originalmente en 2021 a petición de las autoridades mexicanas. Sin embargo, las órdenes de aprehensión emitidas por jueces federales en México continúan totalmente vigentes.

La ficha roja es un mecanismo de alerta global que solicita a las fuerzas del orden de los 194 países miembros de la Interpol localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición.

La decisión de la Interpol de retirar la ficha roja generó una fuerte reacción por parte del Gobierno de México. Durante su conferencia matutina del 30 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su indignación ante la medida y no dudó en calificar públicamente a la pareja como "delincuentes" y "factureros reconocidos". Enfatizó que existen pruebas contundentes de que Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga se dedicaban a emitir facturas falsas para evadir impuestos y desviar recursos públicos.

La detención de Víctor Manuel Álvarez Puga por agentes de ICE

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en Miami, Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La captura se originó por irregularidades en su estatus migratorio, ya que presuntamente ingresó a Estados Unidos por vía marítima sin registrarse ante las autoridades correspondientes tras el vencimiento de su visa.

Posteriormente, un tribunal federal estadounidense le concedió la libertad condicional tras el pago de una fianza, obligándolo a permanecer en el distrito mientras aguarda su audiencia migratoria. La Fiscalía General de la República mantiene activo el proceso para lograr su extradición a territorio mexicano.

Durante su primera audiencia migratoria en noviembre de 2025, la defensa de Víctor Manuel Álvarez Puga formalizó una petición de asilo político ante la Corte de Inmigración de Miami.

El argumento central de sus abogados sostiene que las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada son producto de una persecución política orquestada por la administración federal mexicana para usarlo como un chivo expiatorio.

En los documentos presentados, la defensa alegó que el sistema judicial en México carece de independencia y que la integridad física del empresario correría grave peligro si es deportado o extraditado. Esta solicitud ha paralizado temporalmente cualquier intento de deportación expedita, obligando a las autoridades estadounidenses a evaluar el mérito de su reclamo de miedo creíble.

El proceso de asilo en Estados Unidos para individuos con órdenes de aprehensión internacionales por lavado de dinero enfrenta un escrutinio severo bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Las autoridades migratorias estadounidenses deben evaluar si los delitos financieros imputados en México alcanzan el umbral de "delito grave no político", lo cual es una causa estándar de inelegibilidad para la protección internacional.

Mientras un juez de inmigración evalúa estas exclusiones, el solicitante permanece en libertad condicional en Florida. La defensa aprovecha los prolongados tiempos de espera de las cortes migratorias, que actualmente promedian más de tres años para emitir una resolución final.