Irán ejecuta a dos hombres por la muerte de cuatro policías en las protestas de enero

"Amirhoséin Maleki y Amirhosein Ebrahimi, dos de los elementos armados implicados en el crimen cometido en enero pasado en Isfahán, cuyas acciones atroces y salvajes provocaron la muerte de cuatro policías, fueron ejecutados", informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

El medio indicó que los condenados fueron ahorcados esta madrugada después de que el Tribunal Supremo confirmara las penas de muerte dictadas en su contra por los delitos de "guerra contra Dios" y "corrupción en la Tierra", cargos que engloban una serie de delitos contra el islam y la seguridad pública.

De acuerdo con la versión judicial, ambos participaron en los incidentes registrados el 8 de enero en Isfahán, cuando un grupo de manifestantes armados con cuchillos, machetes, hachas y cócteles molotov atacó instalaciones públicas y privadas y causó la muerte de cuatro agentes de la Policía.

El Poder Judicial sostuvo que los atacantes permanecieron durante tres horas junto a los cadáveres de los agentes, sobre los que bailaron, según las declaraciones de los detenidos, imágenes de cámaras de vigilancia y testimonios de testigos.

Tras los sucesos, ambos fueron detenidos y procesados por acciones contra la seguridad nacional, alteración grave del orden público y utilización de armas para sembrar el miedo y la inseguridad.

Con las dos ejecuciones de este martes, la cifra de personas que han sido ahorcadas por condenas relacionadas con las protestas de enero asciende a al menos 36.

Las protestas de enero, que se iniciaron por el deterioro de la situación económica y exigían el fin de la República Islámica, fueron sofocadas tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3.117 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y, en 2025, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981.