El Iepac defiende contratos, pero admite que se deben revisar procesos de compra
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán defendió la legalidad de sus contrataciones de material electoral con empresas señaladas en investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
No obstante, reconoció la necesidad de revisar los procedimientos de adquisición que, en la práctica, favorecen la concentración de estos contratos en un reducido grupo de proveedores.
El consejero presidente del organismo, Moisés Bates Aguilar, afirmó que las adjudicaciones se realizaron conforme a las normas vigentes y que ninguna autoridad fiscalizadora ni el Instituto Nacional Electoral (INE) previnieron al Iepac sobre posibles irregularidades de las empresas, información que habría permitido adoptar precauciones.
En entrevista con Diario de Yucatán, Bates Aguilar manifestó que a su presidencia le corresponde responder por las adquisiciones efectuadas para las elecciones de 2024. Las anteriores se realizaron bajo otras administraciones.
El funcionario también reconoció que la polémica que involucra al INE y a su presidenta Guadalupe Taddei afecta la credibilidad del sistema electoral en su conjunto, aunque advirtió que no se deben generalizar las responsabilidades ni poner bajo sospecha a todos los organismos electorales.
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— Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) October 26, 2026
Contratos bajo cuestionamiento involucran $58 millones
En visita a esta casa editorial, el presidente consejero del Iepac se refirió a las versiones periodísticas nacionales que señalan que el instituto otorgó contratos por 58 millones de pesos, durante tres procesos electorales, a empresas investigadas por la ASF.
Entre otras cosas, indicó que a raíz de esos señalamientos el organismo revisó sus archivos administrativos y confirmó que algunas de las empresas mencionadas aparecen entre sus proveedores desde 2012.
En el caso del material electoral, detalló que en 2012 fue contratada Diseño, Reconstrucción y Comunicación; en 2015 y 2018, Formas Finas y Materiales; en 2021, Cajas Graf, y en 2024, Comercializadora JVLY.
Aclaró que las adquisiciones de 2018 y 2021 corresponden a administraciones anteriores a la suya, de manera que su responsabilidad directa se circunscribe al procedimiento realizado para los comicios de 2024.
Varias empresas respondieron a una convocatoria, pero se retiraron
Sobre esa última contratación, sostuvo que se emitió una convocatoria pública nacional a la que acudieron inicialmente cuatro o cinco empresas, pero varias se retiraron durante el procedimiento y Comercializadora JVLY quedó como única postora.
Por esa razón, explicó, el contrato se le asignó a dicha empresa.
El maestro Bates Aguilar reveló que entre los participantes estuvo una firma que ahora se sabe está relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor del INE a quien se ha vinculado directamente con Guadalupe Taddei, pero precisó que no resultó contratada.
Advertencias de la ASF pudieron haber motivado precauciones
El presidente del Iepac recalcó que al momento de realizar la contratación de 2024 no recibió información de la ASF ni de otra autoridad sobre posibles investigaciones o señalamientos contra Comercializadora JVLY.
“Yo no tenía por parte de la Auditoría Superior de la Federación o algún otro órgano superior una notificación que me indicara que esa empresa venía siendo investigada o señalada por alguna cuestión particular que pudiera ameritar su no contratación”, manifestó.
También dijo que el INE no ha intervenido en la selección de proveedores del organismo estatal.
Las adquisiciones, explicó, no son decisiones exclusivas de la presidencia del Iepac, sino que se someten a un comité integrado por representantes del órgano interno de control, las direcciones de Administración, Jurídica y Organización Electoral, la Secretaría Ejecutiva y la propia presidencia.
Ese comité, señaló, revisa las distintas etapas de los procedimientos y el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos para las empresas participantes.
Sobre el contrato de 2024, aseguró que el material electoral fue entregado en tiempo y forma y a satisfacción del Iepac, sin que se presentaran problemas con el proveedor.
El entrevistado ofreció poner a disposición de las autoridades competentes, en caso de que lo requieran, la documentación correspondiente a las licitaciones realizadas durante su administración y las anteriores.
Un mercado concentrado en pocas empresas
Más allá de las contrataciones, Bates Aguilar reconoció que hay un problema de fondo en el mercado de suministros electorales: son pocas las empresas que producen materiales y documentación para las elecciones y varias de ellas aparecen recurrentemente como proveedoras de los organismos electorales.
“Lo que sí no se puede negar es que hay muy pocas empresas que se dedican a la elaboración del material electoral. Es lo que podríamos llamar una especie de oligopolio”, apuntó.
Consideró necesario analizar por qué las mismas compañías han permanecido durante tantos años en ese mercado y cuáles son las condiciones que dificultan la incorporación de nuevos participantes.
Uno de los requisitos establecidos en la normativa electoral, añadió, es que las empresas acrediten experiencia previa en la producción de materiales para elecciones.
Aunque aceptó que esa exigencia busca garantizar la capacidad técnica y la confiabilidad de los proveedores, advirtió que también puede convertirse en una barrera para otras compañías interesadas.
“Al pedirles que tengan experiencia electoral, pues me parece que se empieza a hacer un circuito”, señaló.
En ese sentido, consideró conveniente revisar las disposiciones aplicables para encontrar mecanismos que garanticen la calidad de los suministros sin restringir innecesariamente la competencia.
El funcionario habló también de las versiones sobre posibles vínculos de propiedad entre algunas de las empresas proveedoras, incluso dentro de un mismo grupo familiar o empresarial.
Sin embargo, no presentó esos señalamientos como hechos acreditados, sino como información que ha comenzado a conocerse a raíz de la polémica nacional.
Pide alertas sobre proveedores
El maestro Bates planteó la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre los organismos electorales y las autoridades fiscalizadoras para conocer oportunamente si alguna empresa proveedora se enfrenta a investigaciones o señalamientos que deban considerarse en los procedimientos de contratación.
Consideró que esa comunicación debería involucrar a instancias como la ASF y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La finalidad, explicó, sería que los institutos electorales dispusieran de información suficiente para adoptar medidas preventivas y evitar contrataciones que pudieran comprometer la confianza pública.
A su juicio, la controversia actual también representa una oportunidad para revisar y mejorar las reglas de adquisición de material y documentación electoral.
Golpe a la confianza electoral
Al referirse al debate nacional relacionado con Guadalupe Taddei, admitió que los señalamientos contra autoridades electorales tienen consecuencias que trascienden a las personas directamente involucradas.
“Me parece que indudablemente afecta al sistema nacional electoral en su conjunto esta situación”, afirmó.
Subrayó que la certeza y la transparencia son principios fundamentales de los organismos electorales, cuya credibilidad resulta indispensable para garantizar la confianza ciudadana en las elecciones.
Corresponde a la expresidenta del INE, prosiguió, aclarar personalmente los señalamientos y responder, en su caso, ante las autoridades competentes.
No obstante, advirtió sobre el riesgo de que las investigaciones se conviertan en una descalificación generalizada de las instituciones.
“Esperemos que no se trate ahorita de una cacería de brujas o de una situación en la que justos paguen por pecadores”, expresó.
Aclaró que está de acuerdo con que los organismos públicos electorales locales sean auditados e investigados y que se determinen las responsabilidades correspondientes cuando existan irregularidades.
“Que paguen los que tengan que pagar”, sostuvo.
Relación más cercana con los ciudadanos y con la estructura local
El consejero presidente consideró que los institutos electorales estatales tienen la ventaja de mantener una relación más cercana con la ciudadanía y con los contextos políticos, económicos y sociales de cada entidad, lo que puede contribuir a fortalecer la transparencia y la vigilancia pública.
También señaló que los montos de las adquisiciones deben analizarse considerando las características técnicas y los costos reales de producción de los materiales electorales, sin perder de vista la obligación de justificar el uso de los recursos públicos.
Finalmente, reconoció que los organismos electorales se enfrentan a una tarea importante para recuperar y fortalecer su credibilidad.
“Me parece que tenemos una enorme tarea para recuperar la confianza de la ciudadanía, para demostrar que desde los estados nuevamente podemos sacar la casta”, concluyó.
En la entrevista también se abordaron conceptos relacionados con el cercano proceso electoral en Yucatán, que detallaremos en próxima edición.
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