Federación castiga a Sinaloa y frena recursos para rescate policial en el PPEF 2027

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 apunta a la consolidación de un modelo de seguridad pública centralizado en el gasto militar y comercial, mientras omite bolsas de inversión o partidas extraordinarias etiquetadas para las entidades sumidas en crisis extremas de violencia, como Sinaloa.

A pesar de la elevada volatilidad en el combate al crimen organizado que dejó 25 mil 504 homicidios dolosos en todo el territorio nacional contabilizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, los recursos destinados al fortalecimiento de corporaciones civiles locales y a la procuración de justicia sufrieron un estancamiento o contracción en términos reales.

Los recursos

En la clasificación geográfica del gasto programable del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, Sinaloa tiene asignada una partida total de 117 mil 765 millones de pesos. La cifra representó un incremento nominal frente a los más de 106 mil 497 millones de pesos de 2026, lo que equivale a un crecimiento real del 7.1%.

Sin embargo, detrás de este volumen de recursos no existe una sola partida extraordinaria ni una bolsa de inversión etiquetada específicamente para atender la crisis de seguridad pública que asola a la entidad.

El diseño presupuestario nacional para 2027 operó bajo el eje estratégico denominado ”República segura y con justicia”, articulado teóricamente en cuatro pilares: atención a las causas, inteligencia e investigación, consolidación de la Guardia Nacional y coordinación interinstitucional con fiscalías y corporaciones subnacionales.

Pese a este discurso de coordinación territorial, los anexos de inversión del PPEF 2027 revelaron que la federación optó por mantener una distribución sin fondos de rescate o programas de emergencia regional dirigidos a los denominados “focos rojos”.

La ausencia de recursos extraordinarios para Sinaloa contrastó con la situación de alta volatilidad e inseguridad que marcó el inicio de la administración de Sheinbaum Pardo.

Mientras el noroeste del país enfrentó encarnizadas disputas entre facciones del crimen organizado, parálisis económicas locales y la exigencia ciudadana de un despliegue operativo más eficaz, la respuesta hacendaria propuso la canalización del gasto hacia las fórmulas normativas generales. La contención de la violencia en Sinaloa quedó supeditada al presupuesto ordinario que operan las unidades de las Fuerzas Armadas y a los fondos federalizados generales cuya distribución se rige por censos poblacionales y no por la gravedad del conflicto territorial.

Las cifras

La disección de las partidas presupuestarias destinadas a las instituciones de seguridad y procuración de justicia para 2027 reveló un desequilibrio entre la asignación otorgada a las estructuras castrenses y los recursos dirigidos a las policías civiles estatales, municipales y la investigación penal federal.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), integrado al Ramo General 33, constituye el mecanismo central de transferencia federal para equipamiento, tecnología y profesionalización de las policías subnacionales. Para el ejercicio fiscal 2027, el FASP contempló una bolsa nacional de 9 mil 951 millones de pesos, lo que representó un ajuste respecto a los 9 mil 391 millones de pesos aprobados en 2026, equivalente a un incremento real de apenas 2.1%.

Al fraccionarse esta bolsa entre las 32 entidades federativas mediante las fórmulas de la Ley de Coordinación Fiscal, los montos transferidos a estados golpeados por la delincuencia resultaron insuficientes para la renovación de flotillas, la adquisición de armamento de alto calibre o el incremento de sueldo para los agentes locales.

Un punto crítico en la estructura del gasto de seguridad es la situación presupuestaria de la Fiscalía General de la República (FGR - Ramo 49). Para 2027, se proyectó un presupuesto asignado de 20 mil 893.6 millones de pesos, lo que implicó una variación nominal de +3.2% respecto a los 20 mil 240.4 millones de pesos de 2026. Al considerar la inflación proyectada, el crecimiento real de la FGR es de cero por ciento.

La anatomía del gasto de la FGR muestra que la institución se encuentra presupuestalmente al límite. El gasto corriente de la Fiscalía absorbe 20 mil 722.8 millones de pesos, equivalentes al 99.2% del presupuesto total del órgano autónomo. De esta suma, 15 mil 435.1 millones de pesos corresponden exclusivamente al pago de Servicios Personales (sueldos y prestaciones de fiscales, peritos y agentes), mientras que 5 mil 287.7 millones de pesos se destinaron a gastos de operación básicos, materiales y servicios generales.

En tanto, el gasto de inversión física cuenta con 170.8 millones de pesos (+13.6% nominal). Con este capital, la FGR deberá actualizar la infraestructura tecnológica, renovar el sistema de radiocomunicación de misiones críticas y adquirir equipos portátiles de espectroscopía para peritajes.

El contraste

En conjunto, la Defensa Nacional y la Marina sumaron una masa presupuestaria de 266 mil 929.5 millones de pesos, superando en la propuesta por más de cuatro veces el presupuesto total de la SSPC civil y por más de doce veces el presupuesto de la Fiscalía General de la República.

Si la propuesta es aprobada como está, la Secretaría de la Defensa Nacional (Ramo 07) recibirá 185 mil 706.1 millones de pesos y un crecimiento real del +5.4% respecto a los 170 mil 753.1 millones de pesos de 2026. A la Secretaría de Marina (Ramo 13) le asignaron 81 mil 223.4 millones de pesos, lo que representó un incremento real de +19.4% y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Ramo 36) reportó una propuesta de 64 mil 486.9 millones de pesos.

El Tren Maya

Uno de los puntos más polémicos dentro del plan presupuestal del 2027 fue la asignación de recursos dentro del gasto militar para la construcción, operación y administración de obras de infraestructura civil y comercial que correspondían a ramos técnicos o de transportes. Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Ramo 07), se mantiene la tutela presupuestaria sobre empresas públicas y proyectos prioritarios de transporte.

Tras registrar techos de inversión de 125 mil 937.3 millones de pesos en 2024 y 32 mil 976.5 millones de pesos en 2026, para el ejercicio fiscal 2027 la federación proyecta para el Tren Maya una reducción adicional de 52 mil 448 millones de pesos en sus requerimientos de inversión. Los ingresos y pasivos operativos continúan bajo la estructura administrativa militar.

La omisión presupuestal

El economista César Valenzuela criticó que la propuesta del Presupuesto de Egresos 2027 no contemple recursos etiquetados ni una partida especial para apoyar a las entidades que enfrentan severos problemas de violencia e inseguridad, como es el caso de Sinaloa. Valenzuela advirtió que dejar los presupuestos dirigidos al gasto normal no atiende la realidad que viven estas regiones. En el caso de Sinaloa, sostuvo que el problema principal radica en que las policías municipales están desmanteladas, lo cual fue reconocido incluso por la gobernadora Graciela Domínguez.

Durante la última semana, el diputado federal por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, denunció que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación no contempla las partidas presupuestales extraordinarias ni los apoyos al sector agrícola prometidos para la entidad, la cual enfrenta una severa crisis de seguridad y violencia. Zamora Gastélum criticó que por cada peso que llega a las corporaciones locales a través de los fondos de fortalecimiento policial para los 32 estados, la Secretaría de la Defensa Nacional recibe 18 pesos.

Si bien reconoció y agradeció la presencia de los elementos federales en la entidad, advirtió que la estrategia no debe limitarse al despliegue militar.