Los comerciantes de Sol demandarán a la Delegación del Gobierno por las pérdidas económicas tras 38 días de acampada

Los comerciantes de la Puerta del Sol vuelven a respirar después de 38 días. El desalojo llevado a cabo la madrugada de este martes de la acampada instalada en una de las plazas más transitadas de la capital se ha tomado «como un alivio» para los negocios de la zona, que no solo critican que se haya llegado tarde, sino «que se haya permitido en primer lugar». Según las cifras de las asociaciones de comerciantes de la zona, las pérdidas se han elevado hasta los 30 millones de euros durante el tiempo que la protesta ha ocupado el kilómetro cero. Por ello, los empresarios planean presentar una demanda a la Delegación del Gobierno por el perjuicio económico que ha supuesto la acampada. En estos momentos, los servicios jurídicos de la Asociación de Comerciantes de las Calles Preciados, Carmen, Sol, Arenal y Adyacentes (Apreca), según ha podido saber ABC, estudian si la denuncia será conjunta o individual. Para ello, cada asociado que quiera seguir adelante con este proceso deberá contabilizar las pérdidas económicas que haya sufrido. Además, incide el presidente, Javier Llenandi, se deberá estudiar cada caso dependiendo de la distancia a la que se encuentre cada negocio de la propia acampada.Mientras llevan a cabo esta valoración de los perjuicios del último mes, los comerciantes de la zona están ya enfocados en el Black Friday, el puente de diciembre y toda la campaña de Navidad. Sin embargo, Llenandi insiste en que no todo es la caída de las ventas, sino también la imagen del centro de Madrid. «Ha sido todo un desastre», ha considerado, para luego añadir la situación de alarma del pasado fin de semana por los actos vandálicos que iban a tener lugar también en el centro de la capital y que llevó a muchos negocios a tapiar sus escaparates ante posibles saqueos.La demanda de los comerciantes a la Delegación del Gobierno se sumará a las dos denuncias penales impulsadas tanto por la Comunidad como por el consistorio madrileño contra el exdelegado, Francisco Martín. Mientras que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue el primero en anunciar que requerirá por la vía judicial que «los responsables de esta ausencia de cumplimiento de la ley paguen por todo el daño causado», el equipo de Almeida también seguirá adelante con la querella penal contra Martín. «La actuación de hoy demuestra que cuando se ha querido se ha hecho y que la voluntad del anterior delegado del Gobierno era no acabar con esta acampada ilegal», ha incidido la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz.