Mario Varela a Peña: “Hágalo fácil, presidente. Evite el juicio político y váyase a su casa”

• El senador colorado disidente pidió la renuncia de Santiago Peña durante la sesión extraordinaria del Senado que debate medidas para los depositantes de Ueno Bank.
• La colocación de recursos públicos y los cuestionamientos a préstamos a empresas vinculadas al grupo financiero concentraron las críticas de los legisladores.
• La intervención del Banco Central dejó las operaciones suspendidas y abrió una investigación sobre las responsabilidades en la crisis de la entidad.

“Hágalo fácil, presidente. Evite el juicio político y váyase a su casa”. Con estas expresiones, el senador colorado disidente Mario Varela cerró su intervención en la tarde de este martes 3 de noviembre, durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores convocada en medio de la crisis de Ueno Bank.

El legislador dirigió su pedido al presidente Santiago Peña mientras el pleno discutía medidas para acelerar el acceso de los ahorristas a sus depósitos. Su intervención trasladó el debate desde la respuesta financiera de emergencia hacia la responsabilidad política del mandatario.

Durante la discusión, varios senadores responsabilizaron a Peña por las importantes colocaciones de dinero de instituciones públicas en la entidad y cuestionaron el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas al grupo financiero. Expresiones como “saqueo” y “atraco” fueron utilizadas por legisladores para describir las operaciones que reclaman investigar.

El pedido de Varela plantea la renuncia como una salida frente a la crisis. Su declaración, sin embargo, no constituye por sí misma la apertura de un juicio político contra el presidente.

La decisión del Banco Central
El Banco Central del Paraguay anunció en la madrugada de este martes el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión fue adoptada por unanimidad por su Directorio el 2 de noviembre, después de comprobar que el índice de solvencia de la entidad se encontraba por debajo de la mitad del mínimo exigido.

Según el comunicado oficial, esa situación surgió de ajustes a los estados financieros realizados durante el proceso de regularización. La medida se encuadra en la Ley N.º 2334/03, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades financieras.

La crisis, por tanto, comprende un deterioro patrimonial, además de las dificultades de liquidez. El procedimiento contempla la verificación de la situación del banco, la preservación de sus activos y la aplicación de mecanismos para atender sus obligaciones con los depositantes.

La suspensión de las operaciones dejó a clientes sin posibilidad de utilizar normalmente la aplicación, las tarjetas y otros servicios de la entidad. El bloqueo afectó tanto a ahorristas particulares como a personas y empresas que utilizan esas cuentas para sus actividades cotidianas.

Fondos públicos y préstamos bajo cuestionamiento
La presencia de recursos previsionales y de otras instituciones estatales convirtió el caso en una crisis de alcance político. El IPS, el Ministerio de Economía y Finanzas y distintas cajas de jubilaciones aparecen entre los grandes depositantes de la entidad.

Otro de los puntos cuestionados es el otorgamiento de créditos a empresas relacionadas con sus propietarios. Entre los antecedentes expuestos por las autoridades del BCP figuran observaciones a operaciones con partes vinculadas, deficiencias documentales en créditos y cuestionamientos al registro de servicios informáticos como activos. Esas observaciones exigieron previsiones adicionales y forman parte de las explicaciones sobre el deterioro financiero.

En ese contexto se inscriben las acusaciones formuladas en el Senado. La determinación de eventuales delitos y de responsabilidades individuales corresponde a la investigación abierta sobre las operaciones del banco.

Las medidas para los ahorristas
La sesión extraordinaria fue convocada para estudiar iniciativas destinadas a anticipar el pago de la garantía de depósitos y establecer una cobertura excepcional para los fondos públicos afectados. La propuesta inicial difundida antes de la sesión contemplaba un anticipo de hasta diez salarios mínimos, dentro de las 72 horas, previa compensación de las obligaciones del depositante con la entidad.

Ese anticipo debe distinguirse de la cobertura ordinaria del Fondo de Garantía de Depósitos. El BCP informó que esta alcanza hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228.300.000, por depositante y por entidad financiera. Los saldos superiores dependen de los mecanismos de recuperación previstos en el procedimiento.

Investigación y embargo de bienes
En paralelo, el Ministerio Público abrió una investigación y ordenó la detención de ocho personas vinculadas a la entidad, entre ellas Federico Miguel Vázquez Villasanti y Juan Manuel Gustale. Las actuaciones buscan esclarecer los hechos denunciados tras la intervención del BCP.

A pedido de la banca matriz, el juez Walter Mendoza también dispuso un embargo preventivo sobre bienes y cuentas de empresas accionistas y directivos. La medida alcanza USD 70 millones, más aproximadamente G. 1,6 billones y gastos judiciales, para resguardar eventuales responsabilidades patrimoniales.

Con los ahorristas pendientes de recuperar el acceso a su dinero y las operaciones bajo investigación, Varela colocó una exigencia política concreta en el centro del debate: que Santiago Peña deje la Presidencia.