Bloqueo del acceso a la Feria Yucatán Xmatkuil: conflicto crece entre versiones del gobierno y ejidatarios

El Gobierno del Estado de Yucatán, a través de un comunicado, rechaza el cierre del acceso a la Feria Yucatán Xmatkuil que realizaron integrantes del ejido Dzununcán.
 
En Yucatán, menciona, se respeta el derecho a manifestarse. Ese derecho no incluye bloquear el paso a las familias. Las autoridades actuarán conforme a la ley para garantizar el libre tránsito y la seguridad de las personas.

•  1.    El Gobierno no condiciona la ley a la presión. El reclamo del ejido se resuelve en el juicio agrario 34-1254/2023, que el propio Comisariado Ejidal promovió en 2023 ante el Tribunal Unitario Agrario. No se aceptará condicionar el libre tránsito a pagos que la ley no permite hacer.
• 2.    Hoy la ley no permite pagar. Sobre una parte de la superficie en disputa existe un certificado parcelario del Registro Agrario Nacional a nombre de una persona. Mientras el Tribunal no defina quién es el titular legítimo, cualquier pago carecería de sustento legal, pondría en riesgo los recursos públicos y afectaría los derechos de quien resulte dueño de la tierra. 
• 3.    La expropiación se hizo hace 22 años, cumpliendo con el procedimiento legal:
  
    — 79 hectáreas expropiadas por causa de utilidad pública el 22 de enero de 2004, para ampliar el recinto de la feria.
   — Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2004 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
  — Indemnización fijada en 3,399,134.45 pesos, con recibos de los pagos hechos al comisariado ejidal de entonces, lo que implica que el pago reclamado ya se realizó.
• 4.    El ejido ha sido atendido. En dos años se han realizado más de 10 reuniones con el ejido, con la Secretaría General de Gobierno, la Consejería Jurídica, la Feria y el Instituto de Vivienda, entre otras dependencias. La más reciente fue una mediación el 12 de octubre, y la comunicación siguió por incluso este fin de semana.
• 5.    El Gobierno del Estado cumplirá lo que resuelva el Tribunal Agrario. La mesa de diálogo sigue abierta, por la vía institucional.

La Feria Yucatán Xmatkuil es de las familias yucatecas. Ningún grupo tiene derecho a impedirles llegar, concluye el escrito.

Respuesta ejidal

Ante el comunicado difundido por el Gobierno de Yucatán, relacionado con las manifestaciones de los ejidatarios de Dzununcán y el conflicto por los terrenos de la Feria Xmatkuil, los agraviados precisaron:

Primero: La parcela existía antes de la expropiación. El 3 de agosto de 2003, mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), se delimitó la parcela número 282 Z14 P2/1, con una superficie aproximada de 82 hectáreas, la cual quedó sin asignarse individualmente.

Sin embargo, el 22 de enero de 2004 se emitió un decreto expropiatorio sobre 79-29-12 hectáreas, identificándolas como tierras de uso común.

Esta circunstancia constituye uno de los puntos centrales de nuestra controversia jurídica: determinar si el decreto correspondió correctamente a la situación agraria y territorial existente.

Segundo: el gobierno debe aclarar las cifras del supuesto pago. En el comunicado se menciona una indemnización de 3 millones 399 mil 134 pesos.

Sin embargo, dentro del juicio agrario 1254/2023, el propio Gobierno del Estado solicita que se reconozca un pago de 3 millones 964 mil 560 pesos, presuntamente realizado el 13 de febrero de 2004.

¿A qué obedece esta diferencia de 565 mil 426 pesos?

“No desconocemos que existen documentos relacionados con una indemnización. Lo que cuestionamos es si el procedimiento se realizó conforme a derecho y si ese pago produjo válidamente los efectos jurídicos que ahora pretende atribuirle el Gobierno”.

Tercero: no demandan simplemente que se pague dos veces una indemnización. En el juicio agrario 1254/2023, el ejido de Dzununcán reclama, entre otras prestaciones, la restitución de la parcela 282 y el pago de rentas por el tiempo que el Gobierno del Estado ha ocupado los terrenos.

También se controvierte la legalidad del decreto expropiatorio.

Estas pretensiones fueron expresamente identificadas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 al fijar la controversia.

Por tanto, resulta incorrecto reducir nuestras reclamaciones a una exigencia de repetir un pago efectuado hace más de veinte años.

Cuarto: la supuesta titularidad de terceros también se encuentra impugnada. En 2015, once años después de la expropiación, la parcela 282 fue asignada a José Benito Bacab Fuentes, quien posteriormente transmitió sus derechos a Miguel Alberto Oy López.

Esa asignación fue impugnada judicialmente por aproximadamente cien personas. El propio ejido, previa autorización de su asamblea, se allanó a la demanda de nulidad.

El asunto llegó a etapa de sentencia y su resolución quedó pendiente por la conexidad con otros procedimientos.

Por ello, la existencia de terceros que reclaman derechos sobre la parcela no significa que su titularidad se encuentre definitivamente reconocida.

Quinto: ya se practicó una inspección judicial. Dentro del juicio agrario se llevó a cabo una inspección judicial con intervención de peritos de las partes.

Durante esa diligencia se identificó la superficie materialmente ocupada por la Feria Xmatkuil, según lo constatado por los peritos presentes.

La controversia, por tanto, cuenta con actuaciones judiciales y elementos técnicos que deben valorarse. No se trata de una reclamación improvisada.

Sexto: el diálogo debe producir soluciones, no solamente comunicados. El Gobierno afirma que ha celebrado más de diez reuniones con representantes ejidales.

Pero el número de reuniones no sustituye una solución jurídica al conflicto.

El propio Tribunal Agrario ha exhortado a las partes a buscar una composición amigable mediante un convenio que permita resolver la controversia.

El ejido mantiene su disposición al diálogo y a una solución legal, transparente y respetuosa de los derechos de todas las partes.

Séptimo: el derecho a manifestarse y el respeto al libre tránsito no deben utilizarse para desviar la discusión de fondo. Los manifestantes reconocen que las manifestaciones deben desarrollarse dentro del marco legal y respetando los derechos de terceros.

Sin embargo, también exigen que las autoridades atiendan las reclamaciones agrarias con la seriedad que merecen.

“No buscamos afectar a las familias yucatecas ni a quienes participan en la Feria Xmatkuil. Buscamos que se resuelva una controversia que lleva años sin solución definitiva. Si el Gobierno sostiene que todo fue legal, será ante el Tribunal Agrario donde deberá acreditarlo”.

Y si existe voluntad política para alcanzar una solución, que esa voluntad se traduzca en propuestas concretas, jurídicamente sustentadas y respetuosas de los derechos del núcleo agrario, concluye el escrito.