Manufactureras, comercio y servicios profesionales concentran los créditos fiscales con el SAT

Al cierre del tercer trimestre de 2026, los créditos fiscales de empresas y personas físicas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sumaron 3.3 billones de pesos , de los cuales el 58% se concentró en cinco sectores. El 58% del total de los adeudos de impuestos, multas, recargos y gastos de ejecución, equivale a 1.9 billones de pesos y se concentró en las industrias manufactureras con 485,076 millones de pesos; servicios profesionales, científicos y técnicos con 455,076 millones, comercio al por mayor con 411,421 millones, servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación con 289,577 millones y construcción con 274,353 millones.

De acuerdo con cifras actualizadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 87% de los créditos corresponde a personas morales. El sector de servicios profesionales es el que registra más adeudos por persona física sin actividad empresarial con 118,947 millones de pesos. Los contribuyentes de estos sectores se verían mayormente favorecidos por el Programa de Regularización Fiscal del SAT que continuará en 2027 y que ofrecerá descuentos de hasta 100% a multas, recargos y gastos de ejecución por créditos fiscales, para quienes se pongan al tanto en el pago de sus impuestos. El cambio para la edición 2027 es que este Programa será accesible para las empresas de todos los ingresos, y sin el tope de 300 millones de pesos como aplica hasta este 2026. “Al quitar este límite, el Programa se hace extensivo también para grandes contribuyentes (…) este va a ser un mecanismo extraordinario de operación de cartera, y sin tener que generar otro tipo de acciones de cobranza o de programas de fiscalización. Además al ser un programa de carácter anual, significa que esto se va a materializar en un año”, explicó Roberto Colín Mosqueda, vocero y coordinador de redes sociales de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de la Contaduría Pública de México. Lo anterior, en un contexto en el que el sector público debe dinamizar la generación de ingresos , y hacer más eficiente el gasto a mediano plazo, tras el objetivo de que el gasto público dependa menos de la deuda. Este programa de regularización puede tener sentido si se concibe como una medida para ordenar cuentas y depurar litigios pendientes antes de emprender una reforma más profunda, consideró el especialista en finanzas públicas, Héctor Villarreal, en el episodio Condonación fiscal: ¿Mejora a la recaudación o premio al incumplimiento? del podcast Cuéntame de Economía. El total de los créditos, al cierre de septiembre fue histórico al reportar 3.3 billones de pesos; 4.6 veces más que los saldos reportados al cierre de 2019.

Detrás del crecimiento en la determinación de créditos , el especialista del Colegio de la Contaduría Pública de México destacó tres factores: el mayor uso de tecnología y cruces de información del SAT; acciones de fiscalización más estrictas y detección de compra de facturas a empresas fantasma, y efectos rezagados de la pandemia de COVID-19, pues la autoridad tiene la facultad de revisar hasta los últimos cinco años fiscales y ha determinado créditos a empresas que se vieron obligadas a dejar de pagar impuestos por la pandemia en 2021. “Hoy en día, la autoridad también ve que a través de un programa de regularización podría recuperar gran parte de estos créditos fiscales. Sin duda, le sale más caro entrar a un proceso jurídico que le puede llevar 2 a 3 años. Al final hay inversión de recursos y no recuperación, en algunos casos. En otros, se manejan bien los juicios y se logra la recuperación total. Va ser un ganar-ganar; la autoridad va a recuperar el crédito, más actualización, y el contribuyente dejará de pagar multas, recargos y gastos de ejecución”, comentó Colín Mosqueda. De acuerdo con cifras de Hacienda, del total de créditos fiscales que son 3.3 billones de pesos, el 60.6%, equivalentes a dos billones están en pugna, bajo medios de defensa que promovieron los contribuyentes (créditos fiscales controvertidos).