UGT se querella contra Adif por la filtración de los audios del puesto de control para «construir un relato» tras el accidente

La investigación sobre el accidente de Urda ha abierto la puerta a una guerra judicial por el asunto que más ha soliviantado a los trabajdores y sindicatos de Renfe: la filtración de las grabaciones y comunicaciones del Centro de Regulación y Control del tráfico ferroviario cuyo fin último era responsabilizar al trabajador del «error humano», tesis principal del Gobierno de Pedro Sánchez y su ministro dimisionario Óscar Puente. Un asunto que pretendía culpabilizar al trabajador del puesto de control, que ya enfrenta a los dos puntales del sector ferroviario en España, Renfe y Adif. La sección sindical de UGT en Renfe ha presentado una querella contra la cúpula de Adif por hechos hechos. En un comunicado hecho público tras la presentación de la querella a última hora de este martes, la central sindical anuncia que las medidas legales emprendidas se dirigen «contra aquellos responsables, directivos o personas que hubieran accedido, copiado, extraído o facilitado a terceros las grabaciones de la comunicaciones». También añade que las acciones judiciales incluyen irán «contra cualesquiera otras personas que, como resultado de la instrucción, pudieran resultar partícipes de los hechos. La central sindical no aclara a ABC si esto es una referencia a los medios de comunicación que publicaron el material audiovisual, el diario El País y la Cadena SER. Las querella se fundamenta en «la presunta comisión de delitos relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos». Unos hechos de máxima gravedad que UGT trasladó a Adif y solicitó una investigación «hasta sus últimas consecuencias» a la Comisión de Conflictos del gestor ferroviario. El sindicato emprende acciones judiciales con la intención de «esclarecer como se produjo el acceso y difusión de estas grabaciones, identificar a quienes pudieran haber intervenido y depurar las responsabilidades que legalmente correspondan». Unas acciones judiciales que se emprenden con el ente responsable del puesto de mando, Adif, aunque en el sindicato no son ajenos a la coincidencia de la filtración con la culpabilización del trabajador que estaba en aquel momento al mando. Los representantes de los trabajadores acuden a la Justicia en defensa de un empleado que se encuentra «destrozado y en una situación crítica», según fuentes consultadas, con motivo del fallecimiento del siniestro mortal en el que han fallecido 69 personas, pero derivado también del señalamiento por parte de los poderes públicos, concretamente por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Esto motivo que, en su comunicado, UGT recuerde que «no podemos olvidar que detrás de todo esto jau personas trabajadoras. Profesionales que desarrollan su labor asumiendo directamente una enorme responsabilidad y que no pueden verse expuestos ni sometidos a un juicio público a partir de informaciones parciales mientras todavía se investigan las causas del accidente». Por ello entienden que la filtración de esas grabaciones solo buscaba «condicionar la percepción pública de lo sucedido» o «construir un relato anticipado poniendo el foco sobre un trabajador antes de conocer todas las circunstancias». Estas acciones penales persiguen por tanto buscar la verdad de lo realmente sucedido, exigir responsabilidad, pero también defender al trabajador que se ha visto en la diana de la culpabilización del Ejecutivo.