No llegamos todas en el Tribunal de Disciplina Judicial

“El opresor no sería tan fuerte sino tuviese

cómplices entre los mismos oprimidos” Simone de Beauvoir

El día en que la presidenta Claudia Sheinbaum rindió protesta, su discurso conmovió los cimientos de la sociedad mexicana y, con particular intensidad, a nosotras. La llegada de la primera mujer a la presidencia de la República trascendió el mero simbolismo para convertirse en una interpelación directa a la congruencia del poder. En esta era de transformaciones profundas, las autoridades están convocadas a desterrar la violencia de género con hechos incuestionables, repudiando la simulación de los discursos vacíos y asumiendo los costos políticos de la justicia real. En la defensa de nuestros derechos no hay matices que valgan: o se gobierna con convicción histórica, o se convalida la opresión.

Sin embargo, mientras los poderes Legislativo y Ejecutivo avanzan a grandes pasos en sus reformas y políticas para la defensa de los derechos de las mujeres, el Judicial — como es bien sabido— arrastra desafíos históricos hasta el día de hoy. Más aún en un órgano de nueva creación que se suponía erradicaría la corrupción y latiría como el corazón de la justicia en este tiempo de mujeres, la realidad muestra lo opuesto: un aparato de simulación donde operan los viejos vicios, un corazón atrofiado que ha nacido incapaz de sancionar a sus propios servidores públicos, a pesar de que la realidad sea inocultable para todos.

Aunque México cuenta con un marco legal y tratados internacionales avanzados (como Belém do Pará, CEDAW y el Convenio 190), además de jurisprudencia clave que exige juzgar con perspectiva de género y da valor probatorio a la víctima, nada de esto sirve cuando los órganos de justicia ignoran sus propios estándares para blindar a sus operadores, traicionando la justicia y el discurso de transformación para las mujeres.
Cuando una servidora pública alza la voz frente a las irregularidades, el aparato no responde con empatía institucional, sino con una maquinaria de dilaciones, simulación y cálculo para blindar a sus operadores y desgastar a la propia víctima. No se trata de un diferendo menor; es la perversión de una institución concebida para vigilar la rectitud, reducida a un mecanismo de hostigamiento contra la integridad de una mujer que se niega a callar.

Una mujer obligada a denunciar tras sufrir hostigamiento sexual y laboral sistemático —al grado de atentar contra su propia vida— encontró en la represalia la única respuesta del aparato: la reducción de casi el 30% de su sueldo, la coacción directa para desistirse de sus denuncias, el aislamiento físico y psicológico como castigo, intimidaciones a su hogar, amenazas, despido y hackeos a su celular. ¿Las respuestas de las autoridades?

Despedir a la víctima y desafiar abierta y soberbiamente al requerimiento de la propia Fiscalía General de la República con tal de dilatar a entregar el expediente del denunciado.

En el Tribunal de Disciplina no llegamos todas: la prueba indiscutible es que, cuando una mujer pierde su seguridad e integridad dentro de sus propias instalaciones, se le niega la evidencia y sufre toda clase de represalias por denunciar a un servidor público acusado de actos irregulares y de la venta de sentencias... ¿Será esto último la razón de su manto protector?

Una trayectoria profesional no se mide por los años de inercia burocrática, sino por la capacidad de sostener los principios éticos por encima de los intereses y conveniencias institucionales. Si realmente vivimos en una época de transformación, las instituciones están obligadas a demostrarlo limpiando sus propias casas, castigando la colusión y garantizando que ninguna trabajadora vuelva a pagar con su salud, estabilidad y su seguridad el simple hecho de atreverse a ejercer el derecho como una herramienta de transformación social.
Mi nombre es Karla Leticia Doig Alvear González. No soy un número de expediente ni un trámite administrativo; soy una abogada, una ciudadana y una activista que defiende con firmeza el Estado de derecho desde la trinchera de la exigencia y la congruencia. En el servicio público no se gestionan expedientes, se protegen derechos y se defienden vidas. Los derechos laborales son irrenunciables, sagrados y exigibles, especialmente para una mujer que ha decidido plantar cara a la violencia institucional y al hostigamiento en un espacio que debería ser el bastión de la justicia y la legalidad.

Con el debido respeto a la trayectoria de 40 años de la magistrada presidenta Celia Maya en el Poder Judicial, la historia profesional acumulada no convalida ni borra las omisiones del presente: una sola decisión institucional basta para fracturar la legalidad, y la responsabilidad ética se juzga hoy, no en el pasado.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado con hechos que no tolerará la violencia contra las mujeres. Quiero pensar que la magistrada presidenta Celia Maya, al frente de un órgano llamado a ser el corazón de la justicia en México, todavía está a tiempo de actuar en el mismo sentido dentro de sus propias entrañas. Porque en el Tribunal de Disciplina Judicial no llegamos todas mientras se proteja al agresor, se oculte la evidencia y se castigue a una mujer que se atreve a denunciar.

Escribe una mujer firme y violentada, que ejerce el derecho no como un privilegio corporativo, sino como un instrumento legítimo de transformación, exigiendo la verdad, la congruencia y el cese absoluto de la impunidad.