Sector empresarial y productivo pide preservar transparencia y seguridad jurídica

<b>La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (Amcham)</b> y gremios del sector productivo e industrial <b>comunicaron su seguimiento permanente a los acontecimientos relacionados</b> con el inicio del proceso de resolución y cese de operaciones de ueno bank, manifestando que los mecanismos de revisión deben conducirse con estricto <b>rigor técnico y transparencia.</b>

En un comunicado emitido este miércoles, la Amcham señaló que <b>la estabilidad y credibilidad del sistema bancario son condiciones esenciales</b> para garantizar la continuidad de la cadena de pagos, el acceso al crédito del sector productivo y la confianza de los mercados.

“<b>La solidez del Estado de derecho reposa en la clara delimitación</b> de responsabilidades conforme a las normativas que regulan el sistema financiero”, mencionaron, enfatizando que la confianza de los ahorristas e inversionistas constituye el activo más valioso de la economía.

Asimismo, pidieron que en salvaguarda de la fe pública<b> las decisiones de gestión se evalúen bajo los más altos estándares </b>de gobernanza corporativa y, además, los recursos del erario público quedar debidamente preservados.

“Resulta indispensable que los <b>mecanismos de resolución </b>y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) operen con máxima celeridad, precisión y estricto apego a la Ley General de Bancos,<b> asegurando la protección íntegra de los fondos y evitando incertidumbres </b>operativas en el mercado”, indicaron.

<b>La credibilidad del Paraguay</b> <b>en los mercados internacionales,</b> incluyendo las operaciones de deuda regidas bajo jurisdicciones globales como la del Estado de Nueva York, <b>se fundan en el respeto a la seguridad jurídica</b> y a la confianza de los inversionistas.

Por ello, <b>un tratamiento claro, técnico y apegado a derecho en la resolución de estos compromisos es crítico</b> para resguardar la reputación crediticia del país y no encarecer el costo del financiamiento para el sector productivo nacional, reza el comunicado.

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<b>ARP rechaza ampliación de garantía</b>

Por su parte,<b> la ARP compartió su rechazo al proyecto de ley</b> impulsado por el Poder Ejecutivo que autorizó al BCP a ampliar la garantía del FGD para cubrir la totalidad de los fondos públicos depositados en ueno bank.

“<b>El FGD se constituye con aportes del sistema financiero y existe con un único fin:</b> proteger los ahorros de los depositantes dentro de los límites que fija la ley. Apoyamos que se pague de inmediato a los ahorristas de ueno conforme a esa cobertura”, indicaron.

Según la ARP, u<b>sar el remanente del fondo </b>para devolver el total de los depósitos estatales no es una solución, sino que <b>sería trasladar a todos los ahorristas del país</b>, entre ellos miles de productores, el costo de decisiones que tomaron otros.

“Los fondos del IPS, de las cajas jubilatorias y de las entidades del Estado no llegaron solos. Alguien decidió concentrarlos allí. Esos recursos deben recuperarse de los bienes de quienes resulten responsables del perjuicio, y las responsabilidades deben determinarse y sancionarse”, mencionaron.

Por ello, <b>solicitaron a los congresistas rechazar la ampliación de cobertura a los fondos públicos</b>, garantizar el pago a los ahorristas dentro de la cobertura legal y exigir la recuperación de esos recursos.

<b>Sector maquilador también afectado</b>

La Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) también se pronunció ante el escenario. El gremio se refirió al <b>efecto que tiene sobre las empresas y los trabajadores del régimen de maquila</b>, así como e<b>n</b> la confianza en el sistema financiero del país.

“Varias de nuestras asociadas pagan salarios, cobran y cumplen con sus proveedores a través de esta entidad. <b>Mientras sus servicios sigan suspendidos, hay trabajadores que no pueden disponer de su sueldo </b>y plantas que deben sostener la producción y sus compromisos de exportación sin acceso a sus fondos”, explicaron.

<b>La Cemap instó a las autoridades competentes a esclarecer los hechos</b> con celeridad y a determinar las responsabilidades que correspondan. “Una resolución ordenada, que proteja los ahorros de la ciudadanía y sea rigurosa con los responsables, es la mejor señal que el país puede dar a la inversión productiva y al empleo formal que esta genera”, mencionó.

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