Clara Luz Flores denuncia ante la FGR a Samuel García, Mariana Rodríguez y al alcalde de Monterrey por presuntos desvíos de recursos públicos y pide investigar operaciones millonarias en Nuevo León
NUEVO LEÓN.- Clara Luz Flores, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos. La primera acusación también involucra a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador, y a otros integrantes de su entorno familiar. Los señalamientos fueron dados a conocer por la morenista en declaraciones recogidas por Agencia Reforma. Hasta el momento, las acusaciones no representan una determinación de responsabilidad penal y corresponde a las autoridades investigar los hechos.
Las denuncias están relacionadas con dos casos distintos: una presunta red de transferencias financieras que habría permitido canalizar dinero del Gobierno de Nuevo León hacia empresas privadas y un despacho jurídico vinculado con la familia de Samuel García, así como las posibles irregularidades en un contrato de suministro de energía firmado por el Ayuntamiento de Monterrey con la empresa Next Energy.
En el primer caso, Flores mencionó una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionada con operaciones por 7 mil 212 millones de pesos. En el segundo, cuestionó una contratación que contemplaba una autorización presupuestal de aproximadamente 7 mil 370 millones de pesos. Ambas cantidades corresponden a operaciones y contratos señalados para investigación, por lo que no deben interpretarse como montos cuyo desvío haya sido demostrado.
La representante de Morena solicitó que distintas instituciones federales participen en la revisión de los movimientos financieros para identificar el destino del dinero, las cuentas utilizadas y a las personas que pudieron beneficiarse.
¿Por qué Clara Luz Flores denunció a Samuel García y Mariana Rodríguez?
La primera denuncia presentada por Clara Luz Flores señala posibles irregularidades en la administración de recursos públicos del Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García.
🔴 📄 Clara Luz Flores, virtual candidata de Morena a la gubernatura en Nuevo León, llega a la FGR para presentar una denuncia contra el gobernador de la entidad, Samuel García, por lavado de dinero
— El Universal (@El_Universal_Mx) November 4, 2026
Es acompañada por el senador Alejandro Murat y el diputado Alfonso Ramírez… pic.twitter.com/no3EEMNmK5
De acuerdo con la morenista, investigaciones periodísticas identificaron operaciones entre empresas privadas que habrían recibido dinero del Gobierno estatal y posteriormente realizado transferencias hacia un despacho jurídico relacionado con el mandatario y su familia.
Investigaciones periodísticas han señalado una presunta red de empresas mediante la cual recursos públicos del Gobierno de Nuevo León habrían sido transferidos hasta llegar a un despacho jurídico vinculado con el Gobernador y su entorno familiar”, declaró.
La denuncia incluye a las siguientes personas:
- Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León.
- Mariana Rodríguez, esposa del mandatario estatal.
- Samuel Orlando García Mascorro, padre del gobernador.
- Otras personas que pudieran resultar responsables de las operaciones señaladas.
Flores solicitó que se investiguen posibles conductas relacionadas con delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Estas son las figuras delictivas mencionadas en la denuncia, pero su inclusión no significa que se haya acreditado que las personas señaladas cometieron esos delitos.
¿Qué relación tienen los 7 mil 212 millones de pesos con la denuncia contra Samuel García?
Uno de los antecedentes de la acusación es la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación ante la FGR el 16 de octubre de 2026, relacionada con presuntas operaciones financieras irregulares en el Gobierno de Nuevo León.
La denuncia de la ASF forma parte de los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 y contempla movimientos por aproximadamente 7 mil 212 millones de pesos.
De acuerdo con los señalamientos difundidos sobre esa investigación, distintas empresas recibieron recursos públicos y posteriormente realizaron transferencias a otras compañías. Una parte de esos movimientos habría llegado a una firma jurídica vinculada con el entorno familiar del gobernador.
Es importante distinguir que los 7 mil 212 millones de pesos corresponden al monto de las operaciones iniciales identificadas en las rutas financieras bajo revisión, no a una cantidad que se haya comprobado como desviada íntegramente hacia el despacho.
La investigación deberá establecer si los pagos estuvieron respaldados por servicios efectivamente prestados, si los contratos cumplieron con las disposiciones legales y quiénes fueron los beneficiarios de las transferencias.
¿Qué otros contratos del Gobierno de Nuevo León fueron señalados?
Clara Luz Flores también mencionó contratos por 110 millones de pesos celebrados durante la administración de Samuel García con empresas que, según sus declaraciones, fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La morenista sostuvo que dichas compañías estarían presuntamente relacionadas con el crimen organizado.
Sin embargo, en la información proporcionada no se identifican las empresas involucradas ni se incluyen los documentos de las sanciones estadounidenses. Por ello, el señalamiento debe mantenerse atribuido a Flores mientras no se corroboren los contratos y las sanciones correspondientes.
La revisión de estos acuerdos permitiría determinar las condiciones de contratación, los pagos realizados y si existieron posibles responsabilidades de funcionarios o particulares.
¿Por qué Clara Luz Flores también denunció al alcalde Adrián de la Garza?
La segunda denuncia fue dirigida contra Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, y Jovita Morín Flores, excontralora municipal y militante del PAN, por presuntas irregularidades relacionadas con el caso Next Energy.
Flores señaló que la contratación contempló una autorización presupuestal cercana a los 7 mil 370 millones de pesos.
(Delitos) relacionados con su actuar con el caso Next Energy, estamos hablando de una contratación que se contempló con una autorización presupuestal a los 7 mil 370 millones de pesos, son tan iguales que hasta las cifras las ponen iguales”, declaró.
La morenista pidió investigar posibles delitos de:
- Delincuencia organizada.
- Cohecho.
- Ejercicio abusivo de funciones.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Tráfico de influencias.
El objetivo de la investigación solicitada es determinar si existieron conductas irregulares durante la contratación y el manejo de los recursos vinculados con el proyecto.
¿Qué es el caso Next Energy y por qué involucra más de 7 mil millones de pesos?
El caso Next Energy tiene su origen en un contrato firmado en 2020, durante una administración anterior de Adrián de la Garza al frente del Ayuntamiento de Monterrey.
El acuerdo contemplaba el suministro de energía mediante un proyecto de generación eléctrica, con compromisos económicos de aproximadamente 7 mil 370 millones de pesos.
Sin embargo, el proyecto enfrentó incumplimientos atribuidos a la empresa y varios años de controversias legales. La administración municipal dio por concluido el contrato en mayo de 2026.
El asunto ya había sido llevado ante la FGR por Morena el 3 de junio de 2026, cuando integrantes del partido solicitaron investigar posibles irregularidades y conflictos de interés relacionados con la contratación.
La denuncia anunciada por Clara Luz Flores el 4 de noviembre incorpora otros posibles delitos a los señalamientos sobre el caso.
El monto del contrato representa el compromiso económico contemplado en el acuerdo original. No significa necesariamente que la totalidad de ese dinero haya sido pagada o desviada.
¿Qué instituciones podrían investigar las cuentas y transferencias señaladas?
En las dos denuncias, Clara Luz Flores solicitó la participación de organismos federales especializados en fiscalización, impuestos y operaciones financieras.
Las instituciones mencionadas son:
- Servicio de Administración Tributaria (SAT): para revisar información fiscal relacionada con las operaciones investigadas.
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): por sus atribuciones de supervisión del sistema financiero.
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): para analizar posibles operaciones financieras vinculadas con actividades ilícitas.
- Auditoría Superior de la Federación (ASF): para aportar información relacionada con la fiscalización de recursos públicos.
La intención, explicó Flores, es reconstruir los movimientos de dinero, identificar las cuentas involucradas y conocer quiénes recibieron finalmente los recursos.
La participación efectiva de estas instituciones dependerá de los requerimientos legales y de las actuaciones que correspondan dentro de las investigaciones.
¿Qué habría dicho Samuel García sobre el uso de recursos públicos según Clara Luz?
Durante sus declaraciones, Clara Luz Flores cuestionó un argumento que atribuyó al gobernador de Nuevo León dentro de su contestación a un procedimiento de juicio político ante el Congreso estatal.
Según la morenista, Samuel García habría sostenido que el dinero pierde su carácter de recurso público una vez que el Gobierno realiza el pago a un proveedor particular.
Flores rechazó esa interpretación y sostuvo que las transferencias a cuentas privadas no deben utilizarse para justificar posibles irregularidades en el manejo del presupuesto gubernamental.
También acusó tanto a Samuel García como a Adrián de la Garza de presuntamente aprovechar sus cargos para favorecer intereses particulares y comprometer recursos públicos.
Estas declaraciones forman parte de la postura de la denunciante y no constituyen, por sí mismas, una resolución sobre la legalidad de los contratos o las transferencias.
¿Qué sigue después de las denuncias contra Samuel García, Mariana Rodríguez y Adrián de la Garza?
Tras la presentación de las denuncias, corresponde a la Fiscalía General de la República determinar las actuaciones procedentes para revisar los hechos señalados y establecer si existen elementos que justifiquen continuar con una investigación penal.
Entre los aspectos que las autoridades tendrían que esclarecer se encuentran el origen y destino de los recursos, la legalidad de los contratos, la existencia de servicios que respalden las transferencias y la posible intervención de funcionarios o particulares.
Hasta ahora, la presentación de las denuncias no equivale a una imputación formal, una vinculación a proceso ni una sentencia. Tampoco se ha establecido en la información disponible una resolución de la FGR que determine responsabilidades penales por estas acusaciones.
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