Ante la sobreoferta interna provocada por el gusano barrenador y la persistente necesidad de importación de carne, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca redefinir el mercado para blindar el poder adquisitivo del consumidor frente a las demandas de la industria
Los cupos de importación de carne de res y cerdo enfrentarán un nuevo debate rumbo a 2027. Estos mecanismos, aplicados por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Economía dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), permiten importar volúmenes determinados desde países sin tratados de libre comercio con México, principalmente Brasil, bajo esquemas arancelarios preferenciales o exentos de arancel.
En enero de 2026, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum fijó techos de hasta 70,000 toneladas para carne bovina y 51,000 toneladas para carne porcina, con certificados vigentes hasta el cierre de diciembre.
Ante la proximidad de las reglas para 2027, el sector pecuario y la industria procesadora mantienen posturas opuestas sobre la conveniencia de prorrogar o modificar estas facilidades.
¿Por qué los ganaderos piden frenar el arancel cero?
La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG) y la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) sostienen que la producción interna es suficiente para cubrir la demanda nacional. Por ello, consideran que prolongar las importaciones sin aranceles reduce los ingresos del campo.
Los productores señalan que, a raíz del brote de Gusano Barrenador detectado en mayo de 2025, cerca de 1.7 millones de cabezas de ganado que habitualmente se destinaban a la exportación hacia Estados Unidos permanecieron en el país.
Esta retención representa un excedente estimado en 35,000 toneladas mensuales de carne en canal dentro del mercado doméstico.
Según las previsiones del sector, el remanente persistirá durante la primera mitad de 2027.
La saturación también ha presionado las cotizaciones locales:
- El precio del ganado en pie de unos 300 kilogramos bajó de 83 a 72 pesos por kilogramo.
- La carne en canal pasó de 125 a un rango de entre 107 y 110 pesos.
Por este motivo, el bloque de productores pide a la Secretaría de Economía restablecer el arancel general para los países sin acuerdo comercial y descartar la apertura de nuevos cupos.
¿Qué defiende la industria cárnica?
En la postura opuesta, el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) defiende la continuidad de los cupos de importación. Su argumento es que la demanda interna de proteínas animales ha crecido a un ritmo superior al de la oferta nacional.
Cifras de la industria indican que entre 2020 y 2025 el consumo superó el crecimiento de la producción local:
- En el sector porcino, la demanda avanzó a un ritmo sostenido del 5.1% anual frente a un crecimiento del consumo de 9%.
- En la carne de res, la producción aumentó 2.1% anual, mientras el consumo creció 3.7%.
Para Comecarne, la estructura productiva interna todavía no logra igualar las necesidades de volumen y dinamismo del mercado. Por ello, considera que las importaciones complementarias son necesarias para evitar desabasto, mantener la operación de las plantas procesadoras y contener presiones inflacionarias drásticas.
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¿Cómo puede impactar la decisión en los precios y el abasto?
La discusión entre los gremios puede tener efectos en el consumidor final, dependiendo de las reglas que establezca el Gobierno federal para 2027.
Las organizaciones ganaderas cuestionan la efectividad de los cupos para frenar la carestía. Señalan que en septiembre la inflación anual de la carne de res fue de 2.92%, por debajo del 3.45% de la inflación general, aunque el volumen importado disminuyó 10.9%.
Para los productores, este comportamiento mostraría que los precios responden principalmente a las cadenas internas de comercialización.
¿Qué preocupación sanitaria han expresado los productores?
Los productores también han manifestado inquietudes sobre los estándares sanitarios de la carne brasileña introducida mediante el PACIC.
Como parte de sus argumentos, recuerdan que la Unión Europea suspendió la recepción de productos bovinos de ese país al considerar insuficientes las garantías en el control de residuos de antimicrobianos.
¿Qué está en juego para el campo y los hogares?
La definición de la política agroalimentaria para 2027 pondrá a prueba el equilibrio entre la sustitución de importaciones, el fortalecimiento de la producción nacional y las necesidades de una industria que procesa alimentos para millones de familias.
Las decisiones que adopte la Secretaría de Economía incidirán en dos aspectos centrales:
- La viabilidad financiera de los productores ganaderos y porcicultores.
- La estabilidad del gasto cotidiano de los hogares y el abasto para la industria procesadora.
La información disponible confirma que existe una disputa entre quienes piden proteger los precios y los ingresos de la producción nacional y quienes consideran indispensables las compras externas para cubrir la demanda.
La definición de los cupos para 2027 determinará cómo se atenderán ambas necesidades.
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