Coordinadora de Morena en NL, denuncia ante la FGR Samuel García

Clara Luz Flores, coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nuevo León, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias penales: una contra el gobernador Samuel García y personas de su entorno familiar, y otra contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La primera denuncia señala un supuesto esquema de triangulación de recursos del Gobierno de Nuevo León hacia empresas proveedoras y, posteriormente, a despachos relacionados con familiares del mandatario estatal. De acuerdo con los señalamientos expuestos por Morena, las operaciones involucrarían alrededor de 7 mil 200 millones de pesos.

La segunda querella está relacionada con el contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Monterrey y la empresa Next Energy para desarrollar un proyecto de generación de energía. Según los denunciantes, el convenio comprometió recursos municipales por aproximadamente 7 mil 370 millones de pesos.

Denuncia contra Samuel García incluye a familiares

En la primera denuncia, Morena solicitó investigar al gobernador Samuel García; a su esposa, Mariana Rodríguez, y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, por posibles delitos de delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La acusación plantea que presuntamente se realizaron transferencias de recursos públicos a empresas proveedoras del Gobierno estatal y que parte del dinero habría terminado en despachos vinculados con integrantes de la familia del mandatario.

Los montos señalados corresponden al conjunto de operaciones que los denunciantes piden investigar. Por ello, no deben interpretarse como una cantidad que haya sido acreditada judicialmente como desvío o como dinero recibido directamente por la familia del gobernador.

Flores estuvo acompañada por el senador Alejandro Murat y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, quienes respaldaron la presentación de las denuncias ante la autoridad federal.

También señalan contratos con empresas sancionadas

Durante su exposición, la representante de Morena pidió que se revisen contratos por alrededor de 110 millones de pesos celebrados por el Gobierno de Nuevo León con empresas que, según sus señalamientos, habrían sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).

La denuncia solicita esclarecer si existieron conflictos de interés, tráfico de influencias o beneficios indebidos para determinadas compañías. También plantea revisar quién autorizó los contratos, quién ordenó los pagos y si los servicios y trabajos correspondientes fueron efectivamente realizados.

Entre las instituciones cuya intervención se solicitó se encuentran el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de revisar las operaciones y el destino de los recursos.

Morena también denuncia a Adrián de la Garza por Next Energy

La segunda denuncia fue presentada contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, y Jovita Morín Flores, excontralora municipal, por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato entre el Ayuntamiento y la empresa Next Energy.

El convenio contemplaba el desarrollo de un proyecto de generación de energía solar. De acuerdo con los señalamientos de Morena, el compromiso económico alcanzaba aproximadamente 7 mil 370 millones de pesos, por lo que solicitaron investigar posibles delitos como cohecho, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La cifra corresponde al monto comprometido en el contrato y no representa, por sí misma, un daño patrimonial determinado por una autoridad. La denuncia busca que se revise la actuación de quienes participaron en su aprobación, ejecución y supervisión.