Peña promulga ley que habilita anticipos de hasta 40 salarios mínimos a ahorristas tras el caso Ueno

• La Ley N.º 7745 permite adelantar parte de la garantía de depósitos a los clientes con derecho a cobertura, previa compensación de sus obligaciones vencidas.
• El procedimiento deberá iniciarse dentro de las 24 horas y no podrá exceder cinco días hábiles desde la entrada en vigor de la norma para las resoluciones bancarias en curso
• La promulgación ocurre mientras avanzan las investigaciones sobre Ueno Bank, los créditos a empresas vinculadas y los recursos públicos depositados en la entidad.

El presidente Santiago Peña anunció este miércoles 4 de noviembre la promulgación de la Ley N.º 7745, que establece un anticipo de hasta 40 salarios mínimos para los depositantes con derecho a la garantía, en medio de la crisis provocada por la intervención de Ueno Bank.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que la normativa permitirá a los ahorristas cobrar una parte de sus fondos en el menor tiempo posible. También expresó su confianza en que el Banco Central del Paraguay (BCP) implemente inmediatamente la disposición y agradeció al Congreso por su tratamiento.

La ley amplía el régimen establecido en la Ley N.º 2334/2003 e incorpora un mecanismo de anticipo de la garantía de depósitos. Su promulgación habilita una herramienta para acelerar la devolución, pero el anuncio presidencial no significa que el dinero ya esté disponible en las cuentas de los afectados.

Hasta cuánto se podrá cobrar
El texto establece que el Fondo de Garantía de Depósitos abonará hasta 40 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de la resolución bancaria, o el saldo neto del depositante si este fuera menor.

Para calcular ese saldo se considerarán las obligaciones vencidas del cliente con la entidad y se compensarán con la totalidad de sus depósitos. Si el resultado no arroja un saldo a favor del ahorrista, no corresponderá el anticipo.

Se trata de un adelanto a cuenta de la garantía existente. No constituye un pago adicional ni implica, por sí solo, la devolución íntegra de todos los depósitos.

Los plazos y la forma de pago
La versión promulgada dispone que el procedimiento de pago se inicie dentro de las 24 horas y no exceda los cinco días hábiles. Para los procesos de resolución ya abiertos, el cómputo parte de la entrada en vigor de la ley; para los nuevos, desde la aprobación de la resolución correspondiente.

Esta precisión modifica la propuesta inicialmente aprobada en el Senado: el texto final establece el inicio del procedimiento dentro de las 24 horas, no que todos los depositantes deban haber cobrado en ese plazo.

Los desembolsos se realizarán mediante transferencias electrónicas a una cuenta a nombre del cliente. Si no dispone de una cuenta, se habilitará el pago en efectivo. La normativa excluye del anticipo a personas vinculadas a la entidad, depositantes sin derecho a garantía y titulares de cuentas con restricciones judiciales o administrativas que impidan disponer de sus fondos.

De la sesión extraordinaria a la promulgación
El Senado dio media sanción al proyecto el martes 3 de noviembre, durante una sesión extraordinaria convocada por la crisis bancaria. La Cámara de Diputados introdujo modificaciones este miércoles y el texto volvió a la Cámara Alta, que aceptó los cambios y lo remitió al Ejecutivo.

El anticipo para los depositantes debe distinguirse de la propuesta de cobertura excepcional de la totalidad de los fondos públicos colocados en Ueno. Esa iniciativa fue remitida a comisiones del Senado y no debe presentarse como un beneficio automáticamente incluido en la ley anunciada por Peña.

Por qué fue intervenido Ueno Bank
El BCP anunció en la madrugada del martes el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, mediante una decisión adoptada por unanimidad por su Directorio el 2 de noviembre.

La medida respondió a una insuficiencia del índice de solvencia, que se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido, luego de ajustes a los estados financieros durante el proceso de regularización. El procedimiento comprende la verificación patrimonial y la preservación de activos para atender las obligaciones de la entidad.

La suspensión de sus operaciones dejó a clientes sin acceso habitual a sus cuentas, tarjetas y aplicación. El banco reporta alrededor de tres millones de usuarios, aunque esa cifra no equivale a un número confirmado de personas con pérdidas definitivas.

El BCP informó que la garantía ordinaria alcanza hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad, equivalentes a G. 228.300.000. El anticipo de 40 salarios se aplica a cuenta de esa protección.

Fondos públicos, créditos vinculados e investigación penal
La crisis adquirió alcance nacional por los recursos de instituciones públicas y previsionales depositados en el banco. Entre los grandes depositantes aparecen el IPS, el Ministerio de Economía y Finanzas y distintas cajas de jubilaciones.

También quedaron bajo cuestionamiento los créditos concedidos a empresas vinculadas a los propietarios de la entidad. Las investigaciones deberán establecer el destino de los recursos y las responsabilidades en las operaciones y en su supervisión.

Este miércoles, la Fiscalía imputó a 27 personas vinculadas al banco y a empresas del grupo. Solicitó prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti y otras medidas cautelares para los demás investigados. Esos pedidos deben ser resueltos judicialmente y no constituyen una condena.

La investigación también contempla cooperación internacional para obtener información y localizar bienes. El Ministerio Público señaló la posible necesidad de requerir asistencia a Luxemburgo y Estados Unidos.

La responsabilidad política sigue en discusión
La crisis derivó en la presentación de la renuncia de Carlos Carvallo a la presidencia del BCP, solicitada por Peña, y renovó los cuestionamientos sobre los anteriores vínculos comerciales del mandatario con el grupo propietario de Ueno, mantenidos hasta 2025. (reuters.com⁠)

A los reclamos ciudadanos se sumaron pedidos de juicio político y exigencias de investigación. Horacio Cartes también dirigió una carta a Peña para reclamar respuestas urgentes y que no haya impunidad.

Con la promulgación, la atención pasa ahora a la ejecución del anticipo: los mecanismos que comunique el BCP, el cumplimiento de los plazos y el acceso efectivo de los ahorristas a su dinero. En paralelo, siguen pendientes la recuperación de los fondos públicos y el esclarecimiento de las responsabilidades.