Tribunal de EEUU permite seguir con el impuesto a segundas residencias de lujo de Mamdani

La decisión revoca el fallo del pasado septiembre de un tribunal inferior, que había paralizado la implementación del impuesto, conocido como 'pied-à-terre', al ordenar a la ciudad que reiniciara el proceso por considerar que se había gestionado incorrectamente.

El panel de jueces determinó por unanimidad que los propietarios que presentaron la demanda carecen de legitimación legal, ya que no demostraron haber sufrido un perjuicio directo por la aplicación de la medida, con la que la ciudad busca afrontar su déficit presupuestario.

"El requisito de un 'perjuicio real' exige demostrar que el demandante posee un interés jurídico efectivo en el asunto objeto de litigio, así como un daño constatable que no sea tenue, efímero o meramente conjetural, sino lo suficientemente concreto y específico como para justificar la intervención judicial", señala la decisión del tribunal de apelaciones en Brooklyn.

"Los demás argumentos de las partes carecen de fundamento o no es necesario abordarlos a la luz de nuestra resolución. En consecuencia, debe revocarse la sentencia, denegarse la petición enmendada y desestimarse el procedimiento o la acción", concluye la decisión de los jueces.

El denominado 'pied-à-terre' fue aprobado el pasado 28 de mayo por los legisladores del estado de Nueva York, a petición de Mamdani, y afecta a las viviendas de una a tres familias valoradas en cinco millones de dólares o más, así como a las unidades de cooperativas y condominios valoradas en un millón de dólares o más, siempre que no sean la residencia principal de sus propietarios.

"El recargo por segunda residencia pide a quienes pueden permitirse viviendas de lujo que contribuyan a lograr calles más seguras, parques más limpios y servicios públicos esenciales que todo neoyorquino merece", indicó Mamdani tras conocer la decisión.

No obstante, el nuevo impuesto aún enfrenta otras dos demandas de propietarios que argumentan que la ley viola disposiciones de la Constitución estatal que limitan la cantidad que la ciudad puede recaudar anualmente mediante impuestos sobre bienes inmuebles.