California vota en contra de exigir un documento de identidad en las urnas de votación

Los ÁEl estado de California, principal bastión demócrata en EE.UU., votó en contra de la Proposición 39, una medida que buscaba exigir a la ciudadanía la presentación de una identificación emitida por el Gobierno para poder emitir el voto en un proceso electoral, según los pronósticos de AP y NBC News.

La medida, incluida en el lote de papeletas de los votantes del Estado Dorado para las elecciones de medio mandato, obtuvo el rechazo del 58,6 % de votantes californianos con el 59 % escrutado.

Para votar en California la ley establece como requisito ser ciudadano estadounidense, residir en el estado, ser mayor de 18 años e inscribirse previamente en el censo electoral proporcionando la licencia de conducir, una identificación estatal o el número del Seguro Social.

"La proposición 39 en California no hace nada para los votantes, pero sí interfiere y es una barrera para poder participar en las elecciones", dijo a EFE Ben Monterroso, fundador de Mi Familia Vota y asesor dePoder Latinx, una organización nacional dedicada a movilizar la participación política de la comunidad latina en Estados Unidos.

Para Monterroso, la propuesta, impulsada por el asambleísta republicano Carl DeMaio, de San Diego, junto con su organización política Reform California "no arregla" algún fallo en el sistema de elecciones en el Estado Dorado, sino que responde a la política del presidente Donald Trump de imponer restricciones al voto por correo.

El rechazo a esta medida se produce en medio de la disputa reciente entre el estado más poblado de EE.UU. y el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) tras los intentos del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por impugnar más de 20.000 votos por correo estatales para verificar la ciudadanía de los electores.

Varios tribunales, incluida la Corte Suprema, rechazaron los pedidos de la Administración, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, desplegó un día antes de los comicios a equipos de abogados electorales, así como más de 1.000 observadores en centros de votación claves.