25 días de clase perdidos

En mayo pasado, el alejamiento de Roberto Baradel de la conducción sindical del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), con más de 90.000 afiliados, terminó de quitar el freno a las protestas que en los últimos tiempos había logrado atemperar su cercanía con el gobernador Axel Kicillof. Al comienzo del ciclo lectivo, en marzo último, había tenido lugar la primera huelga docente durante la gestión de Kicillof.

Los hechos de violencia que afectaron en distintos episodios recientes a educadores, volvieron a movilizar al sector en octubre, también frente al anuncio oficial del aumento del 6% en dos tramos para el bimestre octubre-noviembre. Solo en octubre, la provincia contabilizó 10 jornadas de paro en 20 días hábiles con distintos niveles de adhesión, que volvieron a afectar la escolaridad. Para agravar la situación, el carácter sorpresivo de muchos de estos paros impacta sobre la previsibilidad y la organización familiar.

El 7 de octubre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que nuclea a servicios de porteros, cocineros, preceptores, convocó a una marcha hacia la Legislatura bonaerense que forzó el cierre de escuelas. A la semana, una jornada nacional de protesta volvió a dejar a la mitad de los colegios sin actividad.

Suteba Multicolor convocó a protestar por los salarios el 27 y 28 de octubre. Sumado a que el reciente asesinato de la docente correntina Nancy Godoy disparó una nueva huelga el pasado 29, muchos alumnos solo tuvieron dos días de clases esa semana. Capacitaciones, desinfecciones, refacciones de urgencia, paros de transporte, feriados, fenómenos climáticos, entre muchos otros, pueden dar idea de la cantidad de días reales de escolaridad.

La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires convocó a un paro para mañana, cuestionó las prioridades presupuestarias de la Provincia y advirtió que podría no comenzar el ciclo lectivo 2027 si no se ajusta el salario del sector.

Amparándose en que el derecho a huelga está garantizado por las constituciones nacional y provincial, ni siquiera la Dirección General de Escuelas del distrito releva las jornadas perdidas por paros. Tampoco reporta ausentismo o presentismo docente y no deja claros los criterios para que se descuenten los días no trabajados.

El calendario provincial contempla 190 jornadas, tal como fija la ley de educación. Son cerca de 3,5 millones de alumnos que acuden a escuelas públicas bonaerenses y más de 400.000 son maestros y profesores. Ya se perdieron 25 días de clase en la provincia.

En Brasil no hay huelgas. El salario mínimo nacional fijado en 2008 para los docentes duplica hoy su sueldo respecto de entonces. Hay una priorización política a la que se destina una inversión. El ministro de Educación brasileño, Leonardo Barchini, desafía a que cualquier economista le explique si hay otra inversión que reditúe más que cada peso destinado a educación. El Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y la Valorización de los Profesionales de la Educación (Fundeb) reúne recursos federales, estaduales y municipales obligatoriamente destinados a educación primaria y secundaria que premian además los mejores resultados, no solo con incentivos financieros sino también con valorados reconocimientos públicos a intendentes y responsables municipales de Educación. Las mejoras alcanzadas en alfabetización son notorias porque a los buenos planes les sumaron fondos. No basta con buenos programas fundados solo en buenas intenciones.

En nuestro país, las peleas sindicales, sumadas a la inacción del gobierno provincial, dejan a los chicos en el desamparo que un futuro sin educación les asegura.

Una vez más estamos ante la urgencia de marcar un claro límite entre el legítimo derecho al reclamo y el derecho a aprender de nuestros niños y jóvenes. ¿Pueden los chicos seguir postergados? ¿Qué futuro le espera a nuestro país con un calendario escolar que no se cumple, niveles de ausentismo creciente y paupérrimos resultados comprobados? Educar demanda inversión. Mientras no haya una decisión política que reconozca la urgencia de proveer el financiamiento necesario, el futuro se nos escurre entre las aulas.