UIF bloquea a 43 personas ligadas a proveedores electorales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 43 personas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas luego de realizar análisis financieros e identificar operaciones con elementos de riesgo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que es una medida preventiva, aunque anunció que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar los hechos.

La medida comprende a 28 personas físicas y 15 personas morales. “La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable”, indicó en un comunicado.

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Hacienda no precisó a las personas incorporadas a la lista ni con cuáles proveedores electorales están vinculadas. Tampoco detalló los montos de las operaciones financieras, las fechas en que se realizaron o los elementos de riesgo detectados.

La UIF sostuvo que estas acciones forman parte de sus labores de prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Añadió que el análisis de información financiera y la coordinación entre autoridades deben garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.

El anuncio llega en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en licitaciones, uso de recursos públicos y conflictos de interés en Organismos Públicos Locales Electorales y el Instituto Nacional Electoral, tras el caso de presunta corrupción de la ex consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

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El 23 de octubre pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el inicio de una investigación de oficio en contra de estos organismos, así como de empresas, servidores públicos y proveedores electorales. Señaló que existen indicios de posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.

Este miércoles, extendió sus investigaciones y ahora contempla el extinto IFE. Revisará las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 para identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales de empresas o servidores públicos. También realizará una auditoría integral al INE y revisará la totalidad del gasto ejercido por los organismos electorales locales. 

JM

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