Unos minutos de antelación

Eran las cinco en punto de la tarde del martes 3 de noviembre y comparecía, a petición propia, el ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, en la Diputación Permanente de la Cámara, para explicar la gestión del Gobierno ante el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el 28 de octubre.

En la sala Constitucional y sus alrededores se palpaba el ambiente de las grandes ocasiones, a juzgar por el número de periodistas concentrados a sus puertas que –micrófono, cámara fotográfica o de televisión en ristre– pugnaban por situarse en el mejor ángulo de observación.

Los colegas de apariencia más inocente eran los que fungían como redactores de a pie, los cuales, a cuerpo limpio, sin más instrumento que bloc y bolígrafo y, si acaso, teléfono móvil en función de grabadora, intentaban indagar en sus fuentes con el propósito de anticipar por dónde pudiera discurrir la sesión que iba a abrirse con un único punto en el orden del día: las explicaciones del ministro.

Óscar Puente se abrió de capa para señalar, yendo más allá de sus atribuciones, que con su comparecencia se daba respuesta a las solicitudes registradas por los Grupos Parlamentarios de Sumar, Republicano y Mixto-Unidas Podemos.

Luego tuvo un párrafo de solidaridad con las víctimas, otro de gratitud con los servicios de emergencia y sanitarios, bomberos, protección civil y voluntarios del rey don Carlos y, otro más, para dar cuenta del real decreto ley, aprobado por la mañana en el Consejo de Ministros, donde se establecen las ayudas a las víctimas, al igual que en los accidentes de Adamuz del domingo 18 de enero y de Gelida, dos días después, el martes 20 de enero.

En su afán por entrar en detalles, sin ahorrarnos minucia alguna, el compareciente hizo una cronología ininteligible y se enredó en cifras que no venían a cuento, así como en comparaciones no verificables carentes de homogeneidad sobre las que nadie estaba en condiciones de contradecirle.

Iba quedando claro que en el accidente ferroviario de Urda se cumplía el principio enunciado por Péter Esterházy en su libro Armonía celestial según el cual «es harto difícil mentir sin conocer la verdad».

Como es habitual, muchos de los portavoces traían sus discursos preparados de casa, estaban escritos por quienes no habían escuchado las explicaciones del ministro y confirmaban la sabiduría del capítulo sexto Del uso de la palabra que recoge el reglamento del Senado a tenor del cual «los discursos se pronunciarán sin interrupción, se dirigirán únicamente a la Cámara y no podrán, en ningún caso, ser leídos, aunque será admisible la utilización de notas auxiliares».

Imaginen los lectores cómo hubiera cambiado la comparecencia del martes, de la que estamos dando cuenta, si el presidente, o presidenta en este caso, del Congreso de los Diputados aplicara una norma semejante y procediera a requisar los discursos prefabricados quedando comprometida a que una vez concluida la sesión los servicios de la Cámara facilitarían copias a todos los diputados asistentes. Y solo entonces, concluida la requisa, invitara al portavoz correspondiente a añadir de viva voz lo que fuera menester.

Insisto en la conveniencia de prohibir los aplausos que envilecen las sesiones con su invariable tendencia a ensalzar lo más deleznable y en proceder como con los escolares prohibiendo el uso de los móviles, para lo cual bastaría convertir el hemiciclo y las salas del Congreso en jaulas de Faraday.

En la situación de tolerancia digital en que nos encontramos es verosímil que Óscar Puente informara de su dimisión al presidente Pedro Sánchez mediante un whatsapp solo con unos minutos de antelación a anunciarla en su comparecencia. Vale.