Fedea plantea una reforma dura para las pensiones, con recorte de cuantías y cuentas nocionales

Ampliar a toda la vida laboral el cómputo para calcular las pensiones, sin permitir descarte de años como está previsto, desplegar un sistema de cuentas nocionales como el sueco, reemplazar al MEI y la cuota de solidaridad por un recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF y ligar las pensiones a la esperanza de vida. Son las principales aportaciones realizadas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) para una reforma del sistema. El servicio de estudios asegura que para frenar el déficit del sistema urge adoptar medidas de contención del gasto que pasarían, en la práctica por endurecer las condiciones actuales para cobrar una pensión, entre ellas recuperar el factor de sostenibilidad o el establecimiento, una vez alcanzada la edad de jubilación de 67 años, lo que se producirá ya en 2027, de un nexo automático entre la edad legal y la esperanza de vida, con la excepción de las ocupaciones con dureza física. «En principio, no hay ninguna razón lógica para excluir por completo de los esfuerzos necesarios a todos los pensionistas actuales, con independencia de su renta, pero está claro que cualquier propuesta que comporte un recorte de las prestaciones ya causadas, incluyendo una actualización por debajo de la inflación generará una enorme resistencia y debería seguramente descartarse como inviable», dicen los expertos de Fedea en un nuevo número de su serie «Food for thought: aportaciones al debate sobre políticas públicas»El momento elegido para exponer su punto de vista sobre una potencial reforma se produce a las puertas de las elecciones generales del 29-N y cuando los jubilados vuelven a estar en el centro del debate. El 'think thak' asegura que se están produciendo « agrias discusiones en las que suele pesar más la demagogia electoralista que la evidencia contrastada o el buen sentido económico». Pero añaden que «dada su enorme trascendencia social y económica, la situación actual del sistema merecería un debate amplio, sosegado y bien documentado que ayude a los ciudadanos a hacerse una idea realista de las opciones a las que nos enfrentamos como sociedad en relación con la cesta de bienes y servicios públicos e impuestos que queremos y podemos tener dados nuestros recursos, y sobre el reparto equitativo de sus costes y beneficios, tanto entre distintos segmentos de la población actual como entre generaciones ».Quedarse sin fondos para pagarFedea recuerda que el sistema de pensiones ha sido objeto de una profunda reforma que todavía se está desplegando y que «entraña serios riesgos» . Cita que se ha optado por extender un cheque en blanco para mantener un sistema muy generoso sin tener en cuenta que podríamos quedarnos sin fondos para cubrirlo. «El peligro no es tanto un riesgo elevado de impago o recorte grave para las pensiones públicas per se, protegidas como están por el enorme peso electoral de los jubilados, sino que estas prestaciones se coman una parte excesiva de los recursos necesarios para financiar otros bienes y servicios públicos fundamentales, desde la sanidad hasta la defensa, pasando por las infraestructuras y la I+D«.Apuntan que este escenario ya se está cumpliendo y que el problema tenderá a agravarse durante las próximas décadas. Recuerda Fedea que hasta 2009, las prestaciones contributivas se financiaron con cotizaciones, pero que estás cada vez más se han tenido que complementar con impuestos. Aseguran que el saldo contributivo del sistema ha empeorado en algo más de 70.000 millones entre 2005 y 2025, hasta alcanzar un déficit del 3,8% del PIB en este último año, o casi 64.000 millones que han de detraerse de la caja del Estado. Y alertan: «Este déficit podría aumentar entre 1 y 2,3 puntos adicionales del PIB entre 2025 y 2050 dependiendo de si se utilizan las proyecciones del Gobierno o las nuestras», motivo por el que, argumenta, en torno a mitad de siglo tendremos que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos adicionales por valor de al menos cinco puntos de PIB para mantener el sistema actual de pensiones.Inyección de recursos transparenteExplican que si se opta por una inyección de recursos de este calibre, sería esencial asegurar que se hace de una forma transparente y que su coste se reparte equitativamente entre todos. Una posibilidad que apunta sería financiar al menos parte de tales aportaciones a través de un recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF que, para comenzar, podría reemplazar al MEI y a la cuota de solidaridad, evitando así, dicen, la inequidad de concentrar los costes de financiar una prima general a los perceptores de prestaciones contributivas en una parte limitada de la población , eximiendo al resto con independencia de su renta. La Fundación propone también ampliar el periodo de cálculo de la pensión a la totalidad de la carrera profesional, sin excluir los meses con bases de cotización más bajas y endurecer las condiciones de acceso a la jubilación con la recuperación del Factor de Sostenibilidad o una fórmula que vincule de forma automática edad legal de retiro y la esperanza de vida una vez alcanzados los 67 años, protegiendo en todo caso a quienes desempeñan trabajos especialmente penosos o de gran exigencia física. Transición hacia el modelo suecoDe cara al medio y largo plazo, los expertos apuestan por una transición gradual hacia un modelo de cuentas nocionales similar al aplicado en Suecia. En este diseño, las pensiones continúan financiándose mediante un sistema de reparto , pero su importe se determina siguiendo un criterio actuarial estricto. Se capitalizan las aportaciones efectivas de cada trabajador con una rentabilidad vinculada a la evolución de la economía, lo que permite asegurar el equilibrio financiero a largo plazo. Los economistas recuerdan que España presenta la tasa de reposición más alta de la Unión Europea ( el 77% frente al 45% de media comunitaria) y una tasa de prestación del 64%. Por ello, consideran inevitable aproximarse progresivamente a los niveles europeos si se quiere garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.