Desmontar el tsunami normativo de Sánchez ahorraría 90.000 millones

España enfrenta un problema crónico de acumulación regulatoria. Según datos del Banco de España, entre 1978 y 2021 se aprobaron 411.804 normas, cifra equivalente a más de 30 disposiciones diarias o, lo que es lo mismo, una nueva regulación cada 45 minutos. Durante el gobierno de Pedro Sánchez, esta tendencia se ha agravado, con la aprobación de 1.900 disposiciones legislativas estatales, de las cuales 1.400 permanecen vigentes y 243 tienen rango de ley. Es una de las conclusiones a las que llega una auditoría del Instituto Juan de Mariana (IJM) y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU) elaborada con un programa propio de inteligencia artificial con el que llegan a la conclusión de que el 84% de las leyes que han visto la luz durante la presidencia de Sánchez podrían derogarse o reformarse sin provocar desajustes en España.El trabajo de investigación «Desenredar España II«, insiste en que el tsunami normativo genera inseguridad jurídica , eleva los costes de cumplimiento, refuerza la discrecionalidad administrativa, consolida la burocratización de la producción y mina la competitividad empresarial. Recuerdan que el coste directo de las normas aprobadas bajo el sanchismo supera los 90.000 millones de euros, con un »impacto devastador« sobre la inversión, el empleo y la libertad individual, además de denunciar el control político, económico y social implícito en muchas normas y que el Estado ha invadido espacios que corresponden a la iniciativa privada y a la autonomía familiar.Del análisis conjunto de 598 leyes aprobadas entre 2004 y 2025 bajo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, el trabajo concluye que tres de cada cuatro normas (el 76%) presentan excesos regulatorios y deberían ser suprimidas o reformadas en profundidad. La propuesta estructura las actuaciones en cinco bloques: la derogación completa de 132 leyes (22%); la supresión de 31 leyes (5%) vinculadas a los fondos Next Generation mediante la renegociación de hitos con la Comisión Europea; la depuración del 'gold-plating' o celo regulatorio nacional en 99 leyes (17%) que traspusieron directivas comunitarias con excesos burocráticos; la reforma sustancial de 191 normas (32%) bajo principios de libertad y competencia; y el mantenimiento a corto plazo de 145 disposiciones (24%) por su carácter técnico o de amplio consenso.En el desglose por periodos de gobierno, la auditoría sugiere eliminar o modificar el 65% de las 208 leyes promulgadas durante la etapa de Rodríguez Zapatero (2004-2011), recomendando la derogación de la Ley de Memoria Histórica, el Plan E o el Impuesto sobre el Patrimonio, así como la reestructuración completa del IRPF o la legislación educativa. Respecto al mandato de Mariano Rajoy (2011-2018), se plantea actuar sobre el 76% de sus 147 normas , derogando medidas recaudatorias excepcionales de la crisis, reduciendo las exigencias de capital y auditoría al capital riesgo, e introduciendo un tipo único del 15% en Sociedades aplicable a dividendos repartidos, la privatización indirecta de las políticas activas de empleo mediante un «cheque empleo» y la eliminación de trabas en el sector eléctrico. En la etapa de Pedro Sánchez (2018-2026), el informe pide intervenir sobre más del 80% de sus 243 leyes, destacando la derogación de la Ley de Memoria Democrática, la Tasa Google, las restricciones al alquiler, el registro obligatorio de jornada, la reforma laboral de 2021 y el nuevo sistema de cotización de autónomos.Para fundamentar esta estrategia de desregulación, el documento cita investigaciones recientes de la Reserva Federal que demuestran como la simplificación regulatoria impulsan de inmediato el PIB, la inversión, la productividad y el empleo, al tiempo que reducen la incertidumbre en los mercados. También toma como referencia el modelo aplicado en Argentina por el gobierno de Javier Milei y destaca la necesidad de implementar reformas masivas, rápidas y simultáneas para vencer la resistencia de los grupos de interés.