Senadores denuncian a Peña y a autoridades del BCP por el caso Ueno

• Legisladores opositores presentaron una ampliación de la denuncia penal contra el presidente Santiago Peña, por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en beneficio propio.
• La acción también alcanza a autoridades del Banco Central del Paraguay, del IPS y de otras entidades públicas, además de administradores de Ueno Bank. Denuncian un supuesto esquema de direccionamiento irregular de fondos públicos.
• El senador Rafael Filizzola sostuvo que el perjuicio podría rondar los US$ 1.000 millones y cuestionó la falta de supervisión del BCP. Afirmó que el caso también afecta la imagen internacional del país.

Senadores de la oposición presentaron una nueva denuncia penal contra el presidente Santiago Peña y autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de las presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank. La acción apunta principalmente a la supuesta falta de supervisión de la entidad financiera y al direccionamiento de recursos públicos hacia el banco.

El senador Rafael Filizzola explicó que se trata de una ampliación de una denuncia anterior contra Peña, que ya incluía presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en beneficio propio. Sostuvo que el mandatario habría encabezado un esquema que involucraba a Ueno Bank y a varias empresas vinculadas.

Como uno de los elementos de la denuncia, mencionó un incremento patrimonial que calificó de inexplicable. Según indicó, el patrimonio habría pasado de aproximadamente G. 1.300 millones en 2017 a G. 23.000 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 2.400% en un periodo relativamente breve. “Fundamentalmente nos referimos a la supervisión del Banco Central, que fue una… Lo que resalta acá es que no hubo tal supervisión, es decir, hubo un trato de privilegio que permitió toda esta situación”, manifestó Filizzola.

El legislador señaló que la denuncia también aborda el movimiento de fondos públicos hacia Ueno Bank. Estimó que los recursos comprometidos podrían rondar los US$ 1.000 millones, incluyendo unos US$ 350 millones provenientes del Instituto de Previsión Social (IPS), que habrían sido direccionados irregularmente. “Acá hubo un aporte. Obviamente, la única persona que podía dar la orden de que los depósitos sean direccionados era Santiago Peña”, afirmó.

Entre los denunciados mencionó al presidente de la República, al expresidente del BCP Carlos Carvallo Spalding, integrantes del directorio de la banca matriz, autoridades de la Superintendencia de Bancos, entre ellas la gerente de Supervisión, Chiara Antonella Renna Pereira, además de responsables del IPS, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la ANDE, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE, de la Caja Bancaria y de Cajubi. También incluyeron a administradores de Ueno Bank.

Respecto a las figuras penales atribuidas a Peña, Filizzola mencionó enriquecimiento ilícito, administración en beneficio propio y tráfico de influencias, además de otros posibles hechos punibles como lesión de confianza o estafa. “Esto es un asalto, para decir en palabras muy breves, un asalto que ha sido perpetrado por una organización criminal que está conformada por autoridades públicas, pero también por personal del sector privado”, expresó el senador.

Filizzola advirtió que todavía no se conoce el monto exacto del perjuicio ni cuánto dinero podrá recuperarse. También cuestionó que los fondos destinados a la devolución de los ahorros de los clientes provengan de recursos distintos a los públicos presuntamente comprometidos.

Por otra parte, la senadora Yolanda Paredes anunció que prepara una segunda denuncia ampliatoria, que será presentada por separado, pero que complementará la acción impulsada por sus colegas. Adelantó que también estará dirigida contra Peña y otras autoridades involucradas en el caso.

El senador sostuvo que el impacto del caso trasciende lo económico y afecta la credibilidad institucional del Paraguay. En ese sentido, reclamó que el Congreso adopte medidas firmes para evitar la impunidad, impulsar las investigaciones, procurar la recuperación de los recursos y restablecer la confianza en las instituciones.