Santiago Peña, contra las cuerdas por el escándalo de Ueno Bank: su propio partido votará a favor del juicio político

ASUNCIÓN.– ‌La ⁠Cámara de ​Diputados ⁠de Paraguay inició ⁠este ​jueves una ‌sesión ​de alto voltaje para ​debatir un juicio político por mal desempeño al ​presidente, ⁠Santiago Peña, tras el escándalo de Ueno Bank, cuya intervención por parte del Banco Central dejó congelados los ahorros de cientos de miles de personas y desató protestas en Asunción.

El presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, antiguo padrino político de Peña, anunció que acompaña el juicio político, lo cual deja al mandatario en una posición de extrema debilidad.

La iniciativa pone a prueba la cohesión del gobernante Partido Colorado y reaviva el fantasma de la destitución de Fernando Lugo en 2012, cuando el Congreso removió al entonces mandatario en un controvertido proceso parlamentario.

La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión extraordinaria para las 10 (hora local) de este jueves, en la que se debatirán los pedidos de juicio político contra Peña y Alliana.

Los impulsores de la iniciativa acusan al mandatario de mal desempeño de sus funciones, conflicto de intereses y de haber favorecido presuntamente a una entidad financiera con la que mantuvo vínculos empresariales antes de asumir la presidencia.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio de un proceso de resolución de Ueno Bank, una entidad digital que había experimentado un crecimiento acelerado desde su creación como banco, a fines de 2023. La decisión implicó la suspensión de todas sus operaciones, el cierre de sus sucursales y el congelamiento de los retiros, transferencias y depósitos de sus clientes.

La medida provocó una suerte de corralito financiero, con cientos de miles de paraguayos imposibilitados de acceder a sus ahorros. Ueno tenía más de tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población del país, y depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos. De ese total, alrededor de 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo estatal encargado de administrar los fondos de jubilaciones y salud.

El BCP justificó la intervención al señalar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa, luego de ajustes realizados a sus estados financieros. También detectó créditos concedidos a empresas vinculadas al propio grupo económico por encima de los límites permitidos, una situación que habría comprometido la estabilidad patrimonial del banco.

El episodio adquirió rápidamente una dimensión política por los vínculos de Peña con el conglomerado empresarial que controla Ueno. El mandatario fue accionista de Ueno Holding, del Grupo Vázquez, hasta marzo de 2025, cuando se desvinculó de la compañía. Además, poco después de asumir la Presidencia, en agosto de 2023, designó al entonces máximo responsable de Ueno, Carlos Carvallo, al frente del Banco Central, una decisión que ahora es cuestionada por la oposición como un posible conflicto de intereses. Carvallo renunció esta semana, en medio del escándalo.

El libelo acusatorio presentado por 35 diputados opositores y disidentes del oficialismo sostiene que el jefe de Estado habría antepuesto intereses privados al interés público. En el caso de Alliana, la acusación apunta a su supuesto papel en el respaldo político y legislativo a esas operaciones y a su falta de reacción frente a las alertas sobre la situación financiera de Ueno. Se trata de acusaciones políticas que deberán ser evaluadas en el marco del procedimiento constitucional.

“Se trata de confianza”

La oposición sostiene que el problema excede la devolución de los depósitos. “Ya no se trata de dinero, se trata de confianza”, afirmó la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, una de las impulsoras del pedido. La legisladora consideró que Peña debe dejar el cargo porque, a su juicio, perdió la credibilidad necesaria para gobernar y provocó un daño a la confianza pública en el sistema financiero.

El Gobierno, por su parte, buscó contener el impacto de la crisis. Peña canceló un viaje previsto a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, anunció cambios en la conducción del Banco Central y respaldó una ley para acelerar la devolución de los fondos. El BCP informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes y que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad, unos 38.000 dólares. Los saldos que superen ese límite deberán recuperarse conforme avance el proceso de resolución.

El Banco Central suspendió temporalmente los rescates mientras determina el valor y la liquidez de las inversiones, con el argumento de garantizar un trato equitativo a todos los inversores. La Fiscalía abrió una investigación por presuntas irregularidades y ocho directivos y ejecutivos del banco fueron detenidos. Entre ellos figuran responsables del Grupo Vázquez, cuyo presidente mantenía vínculos comerciales con Peña. La imputación se extendió posteriormente a otras personas vinculadas con la entidad.

Durante dos noches consecutivas, cientos de personas se manifestaron en Asunción para reclamar la devolución de sus ahorros y exigir responsabilidades políticas. “Devuelvan nuestra plata” y “juicio a Santi Peña” fueron algunas de las consignas. Las protestas incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, balines y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.

Una mayoría incierta

El principal obstáculo para la oposición es la falta de votos. Los 35 legisladores que firmaron la acusación necesitan sumar apoyos del oficialismo para alcanzar el quórum de 41 diputados y reunir luego los dos tercios de los presentes. Si asisten los 80 integrantes de la Cámara, se requerirán 53 votos afirmativos.

La iniciativa pone a prueba la unidad del gobernante Partido Colorado, que tiene mayoría en ambas cámaras y cuyo líder, el expresidente Horacio Cartes, mantiene una relación distante con Peña. Si Diputados aprueba la acusación, el proceso pasará al Senado, donde se necesitarán 30 de los 45 votos para destituir al presidente y al vicepresidente.

La diputada Rocío Vallejo anticipó una sesión “bastante tensa” y dijo que algunos legisladores oficialistas consideran insostenible la continuidad de Peña. Sin embargo, una reunión entre el mandatario y diputados colorados en la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, dejó incertidumbre sobre la posición que adoptará el bloque.

El antecedente de Fernando Lugo: la destitución exprés de 2012

El intento de remover a Peña revive el antecedente de la destitución de Fernando Lugo, en junio de 2012. El exobispo había llegado al poder en 2008 al frente de una coalición de izquierda y centroizquierda, poniendo fin a 61 años de hegemonía del Partido Colorado.

Su salida se precipitó tras la masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías durante un operativo de desalojo de tierras. La oposición impulsó entonces un juicio político por mal desempeño de sus funciones, cuya acusación fue aprobada por Diputados el 21 de junio, con 76 votos sobre 80.

Al día siguiente, el Senado destituyó a Lugo por 39 votos contra cuatro, tras un proceso de menos de 48 horas que le concedió apenas dos horas para preparar su defensa. Lo reemplazó su vicepresidente, Federico Franco.

La rapidez del procedimiento generó fuertes cuestionamientos internacionales y críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las garantías del debido proceso.

Agencias AFP y AP